Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader juramentó este martes a Antoliano Peralta como ministro de Justicia y a Jorge Subero Isa como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, en una decisión que marca un giro institucional con la reactivación formal del Ministerio de Justicia y el reforzamiento del andamiaje jurídico del Gobierno.
Durante el acto celebrado en el Salón Embajadores del Palacio Nacional, el mandatario subrayó la importancia de fortalecer el Estado de derecho y la separación de poderes, en un momento en que la institucionalidad y la seguridad jurídica se han colocado en el centro del debate público nacional.
Peralta, quien hasta ahora se desempeñaba como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, agradeció la confianza del presidente Abinader y destacó que el restablecimiento del Ministerio de Justicia responde a un reclamo histórico de la sociedad dominicana. Recordó que esta cartera existió desde los orígenes de la República y que fue suprimida por última vez durante el período del Triunvirato, lo que dejó funciones clave dispersas entre distintas instancias del Estado.
Entre las principales atribuciones del nuevo ministerio, Peralta anunció que el sistema penitenciario nacional pasará a estar bajo su coordinación, tras años de una administración que calificó como irregular. También asumirá la articulación de la política de derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos internacionales del país en esta materia, así como la defensa jurídica del Estado frente a demandas, mediante la creación de una Oficina de Defensa de la Administración Pública.
Por su parte, Subero Isa expresó su compromiso de fortalecer la ética, la transparencia y la prevención del delito desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Enfatizó que una gestión pública efectiva no se mide solo por la sanción, sino por la capacidad de evitar la comisión de faltas y delitos, y llamó a que los funcionarios actúen dentro del marco constitucional y legal.
Con estos nombramientos, el Gobierno apuesta por figuras de amplio reconocimiento en el ámbito jurídico para encabezar una etapa de reorganización institucional, con implicaciones directas en la administración de justicia, el sistema penitenciario y la defensa del interés público.
