Por Rafael Díaz Filpo
La eventual unificación del Ministerio de Educación y del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología representa una decisión institucional que podría afectar negativamente la organización del sistema educativo dominicano. La medida, presentada en algunos espacios como una simple racionalización administrativa, entraña riesgos que conviene examinar con detenimiento. La educación constituye uno de los pilares estructurales del Estado social y democrático de derecho; alterar su arquitectura institucional sin un diagnóstico riguroso puede generar consecuencias contrarias a los objetivos que se pretende alcanzar.
El sistema educativo nacional responde a dinámicas diferenciadas. La educación primara y secundaria tiene como finalidad garantizar la formación básica de la ciudadanía y asegurar el acceso universal al derecho a la enseñanza. La educación superior se vincula a un ámbito distinto: la producción de conocimiento, la formación profesional avanzada, la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Ambas dimensiones comparten una finalidad común dentro del proyecto nacional, aunque operan bajo lógicas institucionales distintas.
La gobernanza de la educación superior exige marcos regulatorios especializados. Las universidades, los centros de investigación y los programas científicos se desenvuelven dentro de un ecosistema académico que requiere autonomía, evaluación permanente, cooperación internacional y políticas públicas orientadas al desarrollo del conocimiento. Integrar ese sistema dentro de la estructura administrativa del sistema escolar podría diluir la atención diferenciada que demanda el ámbito universitario.
El problema no se reduce a la organización de dos ministerios. La cuestión se sitúa en el plano de la especialización institucional del Estado. Cuando estructuras diseñadas para atender realidades distintas se concentran en una misma rectoría administrativa, se corre el riesgo de debilitar la capacidad del Estado para atender cada sector conforme a sus particularidades.
La educación superior constituye, además, uno de los motores del desarrollo científico y tecnológico de la nación. Las políticas públicas destinadas a la investigación, a la formación de capital humano avanzado y a la innovación requieren una institucionalidad capaz de comprender la complejidad de ese campo. Diluir esa institucionalidad dentro de una estructura administrativa única podría afectar la orientación estratégica que demanda el desarrollo académico y científico.
El ordenamiento jurídico dominicano ha construido, a lo largo del tiempo, un sistema educativo organizado en subsistemas diferenciados. La educación preuniversitaria se rige por la Ley General de Educación núm. 66-97, mientras que la educación superior encuentra su marco institucional en la Ley núm. 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ambos cuerpos normativos establecen órganos de gobernanza propios y responden a objetivos institucionales claramente definidos.
Esta diferenciación se conecta con el mandato constitucional contenido en el artículo 63 de la Constitución, que reconoce el derecho fundamental a la educación y asigna al Estado la responsabilidad de garantizar su calidad y desarrollo. La organización institucional del sistema educativo no es una cuestión meramente administrativa; constituye un instrumento para hacer efectivo ese derecho.
El país debe reflexionar con serenidad antes de alterar una arquitectura institucional que ha sido construida durante décadas. Las reformas del Estado requieren diagnósticos técnicos sólidos y una comprensión clara de las instituciones involucradas. La educación primaria y secundaria, la educación superior, la ciencia y la tecnología forman parte de un mismo proyecto nacional, aunque cada una demanda estructuras especializadas para cumplir su función.
Repensar una eventual unificación resulta, por tanto, una tarea prudente. Fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del sistema educativo puede ser una política conveniente. Otra cosa distinta sería alterar su diseño institucional mediante una reforma que, lejos de fortalecer el sistema educativo, podría introducir distorsiones innecesarias en uno de los sectores más estratégicos para el futuro de la República Dominicana.
El autor: Juez Emérito, primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana
