Llevar a cabo evaluaciones ambientales aisladas en la región Suroeste del país, sin un estudio previo que permita ver el cuadro completo sobre el que se trabajan proyectos mineros, responde “a una forma de mirar una sola grieta mientras la casa completa se agrieta”.
Para la Academia de Ciencias de la Republica Dominicana (ACRD) y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD), el primer paso a seguir frente a proyectos; en este caso de índole minera, es la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
Según el documento de posición de la ACRD Y CAUASD, una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es un estudio que busca inspeccionar un plan, política, programa, visión territorial u orientación de desarrollo antes de que el Estado apruebe proyectos particulares.
Por ello, sostienen que en el Suroeste del país, en proyectos como Romero, no deben de aprobarse ni tramitarse ningún Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sin la realización de la EAE.
Sustentan que se requiere el estudio del conjunto del territorio, la suma de concesiones, los impactos acumulativos y las incompatibilidades entre minería, agua, agricultura, biodiversidad y vida comunitaria.
“La razón es sencilla: el problema no es solamente Romero como proyecto aislado, el problema es una región completa sometida a presión minera en un contexto de déficit hídrico, fragilidad de cuencas, presencia de sulfuros con potencial de drenaje ácido, alta pendiente, vulnerabilidad sísmica y función agrícola decisiva para la seguridad alimentaria”, afirmaron.
“Romero no puede entenderse como una obra puntual, sino como parte de una lógica de distrito minero que, de avanzar por etapas, produciría un daño acumulativo mucho mayor”, agregaron en el documento de posición pública.
¿Por qué no limitarse al EIA?
Dentro de los argumentos presentados, destacan que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) responde solo a un “qué pasara con un proyecto en un lugar concreto”; sin embargo, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es preventiva y pregunta algo anterior.
La EAE cuestiona “si ese tipo de proyectos debe permitirse en ese territorio, bajo cuáles condiciones, con qué límites, en qué zonas no debe permitirse y qué costos sociales, ecológicos e institucionales generaría una estrategia de ocupación territorial de esa naturaleza”.
Con relación a la región Suroeste, el documento detalla varias condiciones “críticas” que vuelven “insuficientes” los resultados de un EIA, estudio que permite describir lo que podría ocurrir en el polígono inmediato de una obra y su entorno cercano; mas no abarca otros detalles de importancia.
Aseguran que aunque el EIA permite ver una parte del daño, este no consigue visualizar el patrón completo del riesgo ni responder preguntas claves como lo hace la Evaluación Ambiental Estratégica.
“Engaño al país”
Asimismo, clasifican la aplicación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sin una Evaluación Ambiental Estratégica previa (EAE) como un “engaño al país”, debido a que sin la aplicación de este último, se estarían debatiendo medidas de manejo sin haber demostrado que el territorio es apto para la actividad minera.
“Es un engaño institucional, porque obliga al Estado a decidir a ciegas sobre componentes que solo la EAE puede aclarar: zonas de exclusión, umbrales de riesgo, conflictos de uso del suelo, compatibilidad territorial y costo acumulado del modelo extractivo”, aseguraron.
En ese sentido, destacan que oponerse al proyecto Romero y a los EIA realizados sin EAE previos, no se debe a un “capricho”. Según lo expuesto en el documento, el rechazo se debe a “la necesidad de que primero se evalúe el territorio completo, sus límites ecológicos, su sistema hídrico, su vocación agrícola y sus riesgos acumulativos”.
Una vez cumplido esto, aseguran que se podría conversar sobre el sentido de abrirse o no la oportunidad a estudios de proyectos específicos. “Hacerlo al revés equivale a construir la coartada técnica antes de resolver la pregunta territorial verdadera”, puntualizaron.
