Santo Domingo.- Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se reservaron para el 15 de junio la decisión de condenar o no a los implicados en la red de corrupción de los casos Coral y Coral 5G, acusados de desfalcar al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones, fondos que presuntamente habrían sido utilizados para beneficios personales.
Las magistradas fijaron para esa fecha, a las 3:00 de la tarde, la lectura de la decision en parte dispositiva. Posteriormente, días después, entregarán la sentencia íntegra, a fin de que las partes no conformes puedan recurrir en apelación.
Esto porque las juezas del tribunal presidido por Giselle Mendez, e integrado por Jissel Naranjo y Tania Yunes, tiene 40 dias hábiles para emitir al resolución del fallo debido que el proceso se extendió por mas de 30 dias, el cual inicio el 27 de junio del 2024.
Esto ocurre luego de escuchar a los imputados del caso Coral y Coral 5G, quienes hicieron uso de la palabra tras ser consultados por la jueza presidenta, Giselle Méndez, sobre si deseaban expresarse antes del cierre de los debates.
Entre los que tomaron la palabra se encuentran los generales Juan Carlos Torres Robiou, Adán Cáceres Silvestre, Boanerges Reyes Bautista y Franklin Antonio Mata Flores; el coronel Rafael Núñez de Aza; así como la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete, entre otros. Todos se declararon inocentes de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público.
Posición del Ministerio Público
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, calificó como sólidas las pruebas presentadas por el Ministerio Público en el proceso judicial por corrupción administrativa contra el general Adán Cáceres Silvestre y compartes.
La procuradora de corte aseguró que es “inminente y evidente que las sentencias que vendrán ante estas acusaciones serán duras, firmes y ejemplares”, al referirse al expediente acusatorio presentado contra los imputados.
“Como el Ministerio Público anunció desde un principio, ha demostrado en juicio, con todas y cada una de las pruebas, la fortaleza del caso que ya se evidenciaba desde la solicitud de medida de coerción”, expresó.
Ortiz sostuvo que las defensas de los imputados solo han presentado argumentos verbales frente a pruebas firmes y contundentes. Indicó que, ante una posible sentencia condenatoria, los procesados han iniciado un “tour mediático” encabezado por su vocero Adán Cáceres, planteando en la prensa lo que no han podido demostrar en el tribunal.
“Si no tuviéramos pruebas, ¿de qué se preocupan? ¿Por qué hacer este media tour? ¿Por qué defenderse fuera del tribunal?”, cuestionó Ortiz a la salida de la audiencia.
Pedimento del Ministerio Público y defensa
El Ministerio Público solicitó en febrero penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos contra los principales imputados, entre ellos los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, acusados de sustraer más de RD$4,500 millones al Estado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
También pidió igual condena para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Bautista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
Asimismo, solicitó 15 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos para varios implicados, incluyendo a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
De igual forma, requirió condenas de 10 años de prisión y multas de 200 salarios mínimos para otros implicados, además de penas de 5 años para varios procesados, entre ellos Raúl Alejandro Girón Jiménez.
El órgano acusador también solicitó la clausura y disolución de entidades vinculadas, como la Iglesia Bautista Vida Eterna, así como sanciones contra varias empresas.
Además, pidió el decomiso de bienes incautados, incluyendo más de 200 inmuebles, 86 vehículos de alto cilindraje y sumas millonarias en efectivo. Estos bienes han generado ingresos superiores a RD$86 millones.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de encabezar esta red de corrupción, integrada por 48 imputados entre personas físicas y empresas, que habría operado entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos de entidades como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI).
Por su parte, los abogados de los imputados solicitaron rechazar el pedimento del Ministerio Público, declarar la absolución de sus representados, levantar las medidas de coerción, retirar las oposiciones sobre los bienes, incluidas cuentas bancarias, y ordenar la devolución de los inmuebles y bienes muebles incautados.
