Arismendi Díaz Santana
Autoridades cómplices ni siquiera cumplieron con el mandato de revisar la Ley 87-01 en el 2011, debido a la ausencia de voluntad política para enfrentar los intereses creados, reconocer las distorsiones introducidas y la posposición ilegal de las reformas dispuestas por la ley.
Lamentablemente, todavía el país no cuenta con estudios independientes que evalúen el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) en sus 25 años de funcionamiento. Desde luego, el sistema ha logrado una cobertura casi universal, protegiendo a más de 10 millones de personas.
Pero, como hemos señalado en varias oportunidades, esos logros sin precedentes, por sí solos, no son suficientes. La ausencia de un diagnóstico objetivo dificulta definir con precisión la direccionalidad y profundidad de los cambios necesarios.
¿Cuáles factores explican la tradicional precariedad de los servicios públicos? ¿Por qué las familias de menores ingresos destinan un 8.8% de su presupuesto al gasto de salud? Ausencia de voluntad política para enfrentar los intereses creados, eliminar distorsiones e impulsar las reformas dispuestas por la ley.
Aunque el 97% de la población está afiliada, esto no necesariamente se traduce en acceso real, ni en calidad del servicio, ni en protección financiera real.
Detener la subordinación de la protección social a la privatización y mercantilización
Nuestra Fundación ha denunciado la «captura del sistema por grupos económicos que bloquean las reformas para mantener privilegios «, evitando la producción de informes que evidencien esa subordinación.
Los gremios y grupos más influyentes coinciden en no tomar decisiones ni favorecer investigaciones profundas que desnuden las ventajas y privilegios de las minorías dominantes, tanto de derecha como de izquierda.
En resumen, la falta de análisis del impacto cualitativo del SDSS no es un mero descuido. Es el resultado de una política pública que aplica la Ley según las presiones de gremios y sectores más retrógrados.
