La convocatoria se produce en un contexto crítico, luego de que cerca de 300 magistrados anunciaron un paro pacífico de labores para el 21 de mayo.
Los jueces denuncian una renuncia «masiva» de servidores judiciales provocada por condiciones de trabajo extremas y una compensación salarial que califican como «pobre y deficiente». Asimismo, cuestionan el incremento de gastos en el presupuesto del Poder Judicial para celebrar eventos.
Según los convocantes, la falta de reposición del personal que abandona sus puestos ha generado una sobrecarga laboral insostenible para quienes permanecen en el sistema.
