El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el único de los tres principales imputados en el caso Calamar que fue enviado a juicio de fondo, afirmó ayer que la acusación del Ministerio Público en su contra «se mantiene por obstinación, no por mérito jurídico».
Dijo que los principales pilares del supuesto fraude de RD$21,000 millones fueron derribados durante la fase preliminar del proceso en su contra, con certificaciones oficiales que establecen que esos recursos «nunca salieron del patrimonio estatal».
En declaraciones ofrecidas a través de su defensa técnica, el exfuncionario resaltó que fueron depositadas pruebas donde el Banco de Reservas certifica que esos RD$21,000 millones «fueron recibidos y aplicados al programa de pago de contratistas del Estado», tal como consta en su Informe Anual 2020.
Agregó que también la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la actual administración certificó mediante el ERIR que dichos recursos permanecieron dentro del patrimonio estatal, «y que la operación incluso produjo una reducción de deuda en beneficio del Estado Dominicano».
Sobre la legalidad de las expropiaciones, Guerrero sostuvo que los pagos de las expropiaciones se efectuaron dentro del marco legal, «respaldados por sentencias judiciales y tasaciones debidamente autorizadas».
«La propia jueza ordenó el pago del 20% restante de varias expropiaciones reclamadas, reconociendo así la existencia legítima de esas obligaciones, la validez de los montos acordados y los derechos de los reclamantes», subrayó la defensa.
En ese sentido, afirmaron que resulta «incompatible sostener simultáneamente la legitimidad de esos pagos y la tesis de que constituyeron un fraude al Estado, como dice el órgano acusador», subrayó la defensa.
Asimismo, resaltó que el informe del peritaje financiero y patrimonial ordenado por el propio tribunal “concluyó que el patrimonio de Donald Guerrero proviene de actividades comerciales transparentes desarrolladas durante décadas en República Dominicana y Puerto Rico”, sin identificar operaciones sospechosas de lavado de activos ni indicios de enriquecimiento ilícito.
También estableció que “no existió desvío de fondos públicos hacia el patrimonio personal del exministro”.
“Todo eso demuestra la defensa que, después de una investigación, miles de páginas de expediente y casi seis años de proceso, el Ministerio Público no ha presentado una sola prueba que demuestre que Donald Guerrero recibió un soborno, una comisión ilegal o cualquier beneficio económico indebido”, afirmó la defensa.
Y puntualizó: “Las acusaciones pueden sobrevivir durante años más por obstinación que por méritos jurídicos. Pero ninguna acusación puede prevalecer indefinidamente sobre la verdad de los hechos y las pruebas”.
La defensa de Donald Guerrero la integran los abogados Eduardo Núñez, Laura Rodríguez y Mario Eduardo Aguilera.
