Por Manuel Jiménez
Durante años los dominicanos hemos escuchado con satisfacción los elogios que organismos internacionales hacen sobre el desempeño de nuestra economía. Gobiernos de distintos signos políticos, empresarios, economistas y sectores productivos suelen destacar que la República Dominicana ha sido una de las economías de mayor crecimiento en América Latina durante las últimas décadas.
Y ciertamente hay razones para sentirse orgullosos. Hemos liderado el crecimiento económico de la región en varios períodos, mantenemos una estabilidad democrática envidiable, atraemos miles de millones de dólares en inversión extranjera directa, rompemos récords en llegada de turistas y recibimos cada año un volumen creciente de remesas que sostiene a cientos de miles de familias.
Todo eso es positivo. Nadie puede negarlo.
Sin embargo, muchas veces nos quedamos únicamente con la parte agradable de los informes internacionales y olvidamos las advertencias que esos mismos organismos suelen incluir en sus evaluaciones.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CEPAL han reconocido la fortaleza y resiliencia de la economía dominicana. Pero también han insistido, año tras año, en la necesidad de impulsar reformas estructurales que permitan blindar la economía frente a choques externos y garantizar un crecimiento sostenible en el tiempo.
Y es precisamente ahí donde parece que hemos fallado.
Durante mucho tiempo hemos disfrutado de un contexto internacional relativamente favorable. El turismo creció, las remesas aumentaron, la inversión extranjera se fortaleció y las exportaciones mantuvieron un comportamiento positivo. Pero aun así, las reformas fundamentales han sido aplazadas una y otra vez.
La reforma fiscal es quizás el ejemplo más evidente.
Cada vez que organismos internacionales recomiendan una reforma tributaria integral, no lo hacen por capricho ni porque quieran cargar de impuestos a la población. Lo hacen porque entienden que el país necesita fortalecer sus ingresos para poder responder cuando lleguen tiempos difíciles.
Y esos tiempos difíciles parecen estar tocando la puerta.
Hoy el conflicto en Medio Oriente genera incertidumbre sobre el comportamiento futuro de los precios del petróleo. El Gobierno dominicano ha tenido que destinar más de 18 mil millones de pesos para subsidiar los combustibles y evitar aumentos más drásticos en los precios internos.
Pero esos recursos no aparecen por arte de magia.
Salen de unas finanzas públicas que ya enfrentan importantes limitaciones y que además deben sostener subsidios eléctricos, programas sociales, inversiones en infraestructura y el funcionamiento normal del Estado.
Mientras tanto, la inflación sigue generando presión sobre los hogares. Los datos más recientes muestran una inflación interanual superior al rango meta establecido por las autoridades monetarias. Y cuando los precios aumentan, quienes más sufren son precisamente las familias de ingresos medios y bajos.
Recuerdo un estudio del Banco Mundial que posteriormente fue asumido en parte por el BID. El informe hablaba de un segmento de la población que logró salir de la pobreza y ascender hacia la clase media, pero que sigue siendo extremadamente vulnerable a cualquier deterioro de la economía.
Es la llamada clase media vulnerable.
Son familias que han mejorado sus condiciones de vida, que lograron comprar una vivienda, adquirir un vehículo, enviar a sus hijos a una mejor escuela o desarrollar un pequeño negocio. Sin embargo, un aumento prolongado de la inflación, una pérdida de empleo o una desaceleración económica significativa podrían devolverlas rápidamente a condiciones de pobreza.
Ese es el verdadero riesgo que enfrentamos.
Lo preocupante es que muchos de los ajustes recomendados han sido pospuestos por razones políticas. Los gobiernos, independientemente de quién esté en el poder, suelen temer el costo político que implica impulsar reformas profundas. Se privilegia la popularidad inmediata sobre decisiones que podrían resultar impopulares en el corto plazo, pero beneficiosas para el país en el largo plazo.
Ya vimos cómo en 2025, pese a que la inversión extranjera, el turismo, las remesas y las exportaciones mostraron un comportamiento favorable, la economía dominicana apenas creció un 2.1 %. En aquel momento la principal incertidumbre provenía de factores comerciales internacionales y de las tensiones generadas por medidas arancelarias de Estados Unidos.
Ahora nos enfrentamos a la posibilidad de un choque externo real, con presiones sobre los precios del petróleo, mayores necesidades de subsidios y una creciente demanda de recursos públicos.
La pregunta entonces es inevitable: ¿de dónde saldrán esos recursos?
Muchos economistas coinciden en que tarde o temprano el país tendrá que abordar nuevamente la discusión sobre una reforma fiscal, una reforma del sector eléctrico y otras transformaciones estructurales que han sido pospuestas durante años.
La diferencia es que no es lo mismo hacer reformas desde una posición de fortaleza que verse obligado a implementarlas en medio de una crisis.
Por eso quizás ha llegado el momento de abandonar los cálculos políticos de corto plazo y comenzar a pensar en el país que queremos dentro de diez o veinte años.
