Dr. Isaías Ramos advierte que la reforma fiscal debe empezar por el poder, no por el bolsillo del pueblo
Santo Domingo, R.D. — El Frente Cívico y Social, encabezado por el Dr. Isaías Ramos, advirtió que la República Dominicana enfrenta una profunda contradicción entre el mandato constitucional de dignidad, bienestar y justicia social, y una práctica política que, según afirmó, continúa protegiendo privilegios mientras carga sobre la clase media, los trabajadores, los consumidores y la diáspora dominicana.
Ramos sostuvo que el país no necesita escoger entre Estado y mercado, porque la Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho que garantiza la libre empresa y la propiedad privada, pero también exige competencia leal, función social de la propiedad y protección efectiva de la dignidad ciudadana.
“El problema no es la empresa ni la riqueza. El problema es el abuso, la captura del Estado y un modelo que convierte subsidios en dependencia, exenciones en privilegios y deuda en hipoteca contra el pueblo”, expresó.
El dirigente señaló que la deuda pública consolidada alcanzó en abril de 2026 los US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB, al sumar la deuda del Sector Público No Financiero y las obligaciones del Banco Central. Advirtió, además, que existen estructuras como fideicomisos públicos que deben transparentar sus compromisos y riesgos fiscales.
Citó como ejemplo a RDVial, que en 2024 registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. “Cuando casi el 59 % de lo recaudado en peajes se destina al pago de intereses, el pueblo tiene derecho a saber qué se está haciendo con sus ingresos futuros”, afirmó.
Ramos también cuestionó la Ley 30-26, señalando que, aunque el Gobierno afirma que no modifica la tasa ni la base del ITBIS, medidas como el aumento del impuesto a cheques y transferencias, y los diez dólares adicionales al pasaje aéreo, pueden trasladarse a precios, servicios y consumo.
“El Estado pretende recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones, mientras el gasto tributario estimado para 2026 supera los RD$393,000 millones. No toda exención es privilegio, pero toda exención debe demostrar retorno social”, indicó.
Finalmente, defendió a la diáspora dominicana, que envió más de US$5,170 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. “No se puede celebrar a la diáspora cuando envía remesas y castigarla cuando regresa”, dijo.
“Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional”, concluyó.
