República Dominicana no tiene un problema de tránsito. Tiene una emergencia nacional.
Hay tragedias que ocurren de repente y hay tragedias que se construyen lentamente, día tras día, frente a los ojos de todos. La crisis de las motocicletas en República Dominicana pertenece a la segunda categoría.
No es un accidente. No es una casualidad. No es mala suerte.
Es el resultado de años de permisividad, indiferencia institucional y ausencia de voluntad para enfrentar una realidad que ya se ha convertido en una de las mayores amenazas para la vida de los dominicanos.
Mientras el país discute reformas fiscales, inversiones, crecimiento económico y desarrollo turístico, miles de familias siguen enterrando a sus hijos, hermanos, padres y amigos en una tragedia que se repite con una precisión escalofriante. Más de tres mil personas mueren cada año en accidentes de tránsito en República Dominicana.
Más del 70 % de esas víctimas se desplazan en motocicletas.
Miles más sobreviven con discapacidades permanentes, lesiones medulares, traumatismos cerebrales, amputaciones y secuelas que los acompañarán durante el resto de sus vidas.
Si un avión con trescientas personas se estrellara cada mes en República Dominicana, el país entero estaría paralizado. Si una epidemia provocara tres mil muertes anuales, se declararía una emergencia nacional. Pero cuando esas mismas muertes ocurren sobre motocicletas, la sociedad parece haber decidido aceptarlas como parte del paisaje.
Y eso es precisamente lo que resulta más alarmante.
Basta conducir unos minutos por cualquier ciudad dominicana para comprobar que las leyes de tránsito han dejado de ser normas obligatorias para convertirse en simples sugerencias. Semáforos en rojo ignorados sistemáticamente.
Motoristas transitando en vía contraria, circulando entre vehículos en movimiento haciendo rebases temerarios. Menores de edad conduciendo. Tres y cuatro personas sobre una misma motocicleta.
Motoristas sin casco, sin placa.
La pregunta es inevitable: ¿Dónde está la autoridad?
Porque el problema no es que las leyes no existan. El problema es que no se aplican.
Existe un aspecto aún más preocupante del que se habla muy poco: la extraordinaria facilidad con la que se adquiere una motocicleta en República Dominicana. Miles de motocicletas son colocadas cada año en las calles mediante financiamientos flexibles, bajos iniciales y procesos extremadamente sencillos.
¿Cómo es posible que alguien pueda adquirir un motor y salga del establecimiento sin licencia? Tenemos más de tres millones y medio de motocicletas en las calles, sin embargo una fracción mínima de quienes conducen estos vehículos poseen una licencia adecuada para hacerlo. ¿Cómo es posible que circule sin seguro?¿Cómo es posible que no se exija un casco certificado?
Cuando ocurre un accidente grave, quien paga no es el vendedor, quien paga es el Estado, quien paga es el contribuyente, quien paga es el sistema público de salud. Cada cama ocupada por una víctima de accidente de motocicleta representa recursos humanos, medicamentos, equipos, cirugías y atención especializada. Un solo paciente gravemente lesionado puede generar costos hospitalarios diarios que oscilan entre RD$100,000 y RD$700,000. Mas alarmante aun, especialistas estiman que el impacto económico de los accidentes alcanza aproximadamente el 2.2% del PIB nacional, equivalente a unos RD$130,000 millones anuales.
¿Cómo se calcula el costo de un joven que queda parapléjico a los veinte años? ¿Cómo se mide el impacto económico de un padre de familia que pierde la vida y deja huérfanos?
Hay pérdidas que no aparecen en los presupuestos. Hay heridas que no aparecen en las estadísticas.
Ninguna motocicleta debería salir de un concesionario sin que el comprador presente una licencia válida. Ninguna motocicleta debería circular sin seguro obligatorio. Ninguna motocicleta debería transitar sin placa. La venta debería incluir obligatoriamente un casco certificado. Las motocicletas sin documentación deben ser retenidas inmediatamente.
La educación vial es necesaria. Pero la educación sin fiscalización termina siendo un simple ejercicio publicitario.
La discusión sobre las motocicletas ya no es un tema de tránsito. Es un tema de salud pública. Es un tema económico. Es un tema de seguridad ciudadana. Es un tema de desarrollo nacional.
La República Dominicana debe decidir si seguirá siendo una nación que observa resignadamente cómo miles de ciudadanos mueren cada año en las calles, o si finalmente enfrentar una crisis que lleva demasiado tiempo cobrando vidas.
Porque detrás de cada estadística existe un rostro. Detrás de cada número existe una familia destruida. Y detrás de cada muerte evitable existe una responsabilidad que alguien debe asumir. La verdadera tragedia no es que los accidentes sigan ocurriendo.
La verdadera tragedia es que ya nos hemos acostumbrado a ellos.
Y una sociedad que se acostumbra a perder miles de vidas al año corre el riesgo de perder algo todavía más importante: la capacidad de indignarse.
Leonardo Gil
