Advierten sobre drogas camufladas para menores
El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV) expresó su preocupación ante el avance de nuevas modalidades utilizadas por redes de microtráfico para captar a niños, niñas y adolescentes en distintos sectores del país, una situación que considera una seria amenaza para la salud, la seguridad y el desarrollo de las nuevas generaciones.
«Estamos observando cómo las drogas están llegando a nuestros niños y adolescentes mediante modalidades que buscan ocultar los riesgos reales de estas sustancias y hacerlas más atractivas para los jóvenes. Esta situación requiere una respuesta urgente de toda la sociedad», manifestó Meccariello.
Entre las prácticas que generan preocupación figura la distribución de adhesivos o calcomanías con imágenes de dibujos animados que presuntamente contienen sustancias psicoactivas y son colocadas sobre la piel. Según el Observatorio, este tipo de mecanismos busca aprovechar la curiosidad de los menores y reducir la percepción de peligro asociada al consumo de drogas.
Otro aspecto que preocupa al ODHGV es el incremento en el uso de vapeadores o cigarrillos electrónicos entre adolescentes. De acuerdo con la entidad, algunos de estos dispositivos son utilizados para consumir líquidos mezclados con sustancias psicoactivas, lo que dificulta su detección y favorece nuevas formas de consumo entre la población joven.
«Muchos padres desconocen que detrás de un vapeador aparentemente inofensivo pueden encontrarse sustancias que generan dependencia o que representan graves riesgos para la salud. Es una modalidad que debe ser abordada con urgencia mediante campañas de educación y prevención», señaló Meccariello.
Asimismo, el Observatorio enfatizó que el consumo problemático de sustancias debe abordarse como un problema de salud pública y de derechos humanos. Recordó que el Trastorno por Uso de Sustancias (TUS) es una condición de salud que afecta la vida, las relaciones familiares y el bienestar de las personas, por lo que quienes la padecen deben recibir atención médica, psicológica y social integral, libre de estigma y discriminación.
«Las personas con problemas de adicción no deben ser vistas únicamente desde una perspectiva penal o de rechazo social. Son personas que, en muchos casos, necesitan tratamiento especializado, acompañamiento psicológico, apoyo familiar y oportunidades reales de rehabilitación e inclusión. Una respuesta empática y basada en evidencia puede salvar vidas», expresó Meccariello.
El Observatorio manifestó igualmente su preocupación por la limitada disponibilidad de espacios especializados para internamiento en tratamiento para niñas, niños y adolescentes afectados por el consumo problemático de sustancias.
«Existe una necesidad urgente de crear y fortalecer centros especializados para niñas, niños y adolescentes con problemas de adicción. Muchas familias enfrentan enormes dificultades para acceder a servicios adecuados de atención, rehabilitación y acompañamiento», expresó.
Recomendaciones
Ante este panorama, el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados formuló una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades y a la sociedad:
A las autoridades:
· Fortalecer las labores de inteligencia e investigación para identificar y desmantelar las redes de microtráfico que utilizan menores de edad o diseñan productos dirigidos a captar niños y adolescentes.
· Incrementar la vigilancia en centros educativos, parques, zonas recreativas y entornos frecuentados por menores, respetando siempre los derechos fundamentales de la población.
· Desarrollar campañas nacionales permanentes de prevención sobre nuevas drogas sintéticas, productos comestibles adulterados, vapeadores y otras modalidades utilizadas para atraer a la juventud.
· Ampliar la oferta de servicios públicos de salud mental, prevención, tratamiento y rehabilitación para personas con Trastorno por Uso de Sustancias, con especial atención a niñas, niños y adolescentes.
· Capacitar a docentes, personal sanitario, policías y líderes comunitarios para identificar tempranamente señales de consumo o captación por redes criminales y activar rutas de protección.
· Fortalecer la coordinación entre los sectores de salud, educación, protección social, justicia y seguridad para ofrecer una respuesta integral.
A las familias, centros educativos y sociedad:
· Mantener una comunicación abierta con niños, niñas y adolescentes sobre los riesgos asociados al consumo de drogas y las nuevas modalidades utilizadas para su distribución.
· Supervisar el uso de redes sociales, plataformas digitales y dispositivos electrónicos, donde también pueden producirse intentos de captación.
· Promover actividades deportivas, culturales, recreativas y de desarrollo personal que fortalezcan los factores de protección en la niñez y la adolescencia.
· Denunciar de manera oportuna cualquier actividad sospechosa relacionada con la venta o distribución de sustancias ilícitas cerca de escuelas o comunidades.
· Evitar la estigmatización de las personas con problemas de consumo y facilitar su acceso a servicios de salud, apoyo psicológico y programas de rehabilitación.
«La guerra contra las drogas debe colocar en el centro la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también la dignidad de las personas que enfrentan una adicción. Cada menor que cae en las redes del consumo o de la distribución de sustancias representa una alerta para toda la sociedad. Debemos prevenir, proteger, tratar y rehabilitar, porque la adicción es una condición de salud que requiere respuestas integrales, humanas y basadas en evidencia. Solo así podremos garantizar un futuro más seguro, saludable y libre de violencia para las próximas generaciones», concluyó.
