El Senado de la República recibió un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que tiene el objetivo de crear un sistema de integridad y transparencia para evitar la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales.
La misiva enviada a la Cámara Alta por el presidente Luis Abinader explicó que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental sería suprimida, para convertirla en la Dirección de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental.
¿Pero, cuál sería la diferencia en el objetivo de esas dos estructuras gubernamentales?
La actual directora de la Dirección de Ética, Milagros Ortiz Bosch, explica que la intención del Gobierno es crear una nueva institución con el poder de ser autónoma y descentralizada, obteniendo así una “capacidad financiera y administrativa que no tiene” en el presente.
Además, la propuesta de ley también contempla la adición de responsabilidades y competencias. Dentro de las cuales se encuentra la potestad de adoptar medidas que castiguen o induzcan al deber del cumplimiento de los funcionarios de entidades del Poder Ejecutivo.
Para esto, el Gobierno elaboró un régimen sancionador administrativo que le permitiría a la nueva institución destituir del cargo a los empleados públicos, inhabilitados temporalmente para ocupar cargos en el Estado hasta por cinco años e imponer una multa de hasta 30 salarios mínimos por cometer faltas graves.
Asimismo, le entregaría la atribución a la nueva Dirección de Ética de ordenar la suspensión hasta por 60 días, sin disfrute de sueldo, del ejercicio de funciones de los funcionarios, amonestaciones escritas de manera pública o privada, entre otras penalizaciones económicas.
Las faltas situadas en la iniciativa legislativa parten desde la filtración o divulgación dolosa de datos personales o de la identidad de un denunciante protegido, ocultamiento intencional de información pública de relevancia, destrucción, manipulación o alteración de evidencias durante una investigación.
Además, el incumplimiento reiterado de las resoluciones emitidas por la Dirección de Ética, participación en decisiones estando incurso en un conflicto de interés no declarado, incumplimiento de la obligación de confidencialidad, transferencia internacional no autorizada de datos personales y participación en procesos de decisión pública con intereses personales o familiares, entre otras.
La pieza también identifica como una falta el incumplimiento de la entrega de información solicitada por la ciudadanía, utilizando las oficinas Libre Acceso a la Información Pública, no liberar datos públicos en formatos abiertos y la “omisión de entrega de información pública sin causa justificada”.
La incumbente Ortíz Bosch informó que la propuesta del nuevo marco regulatorio incluye la protección de los datos personales y la salvaguarda de los, ya que, según dijo, “el denunciante tiene que ser protegido por el Estado”.
“Crea un sistema de integridad y transparencia, ya deja de ser medidas aisladas, es un sistema que crea una visión, una manera de funcionar todos juntos. Para cumplir la misión de promover la transparencia pública, prevenir la corrupción y garantizar el acceso a la información”, dijo a reporteros mientras se encontraba en el Senado.
No puede ser removido
En caso de ser convertido en ley por el Congreso Nacional, el incumbente que dirija la nueva institución deberá ser designado por el presidente de la República durante un periodo de cuatro años, con la posibilidad de ser mantenido por un segundo periodo consecutivo, sin que pueda ser removido de su cargo antes de concluir el término de su mandato.
