Durante la acostumbrada rueda de prensa de los lunes, el vicepresidente del PLD, Yván Lorenzo, leyó un documento institucional acompañado por la también vicepresidenta Zoraima Cuello; el miembro del Comité Político y titular de la Secretaría Jurídica, José Dantés; y el coordinador de la Dirección de Comunicación Digital y Relaciones Públicas (𝐃𝐈𝐆𝐈𝐂𝐎𝐌) , Joselito Feliz.
«Alertamos sobre las marcadas y malsanas intenciones del gobierno de impulsar iniciativas con el propósito de silenciar la libre expresión del pensamiento, características que guardan una estrecha similitud con los inicios de los regímenes totalitarios y dictatoriales», expresó Lorenzo al fijar la posición oficial de la organización.
El PLD sostuvo que las disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo 3 de agosto, representan una amenaza para el ejercicio del periodismo de investigación, la denuncia ciudadana y el debate democrático.
La organización señaló que varios artículos relacionados con la difamación, la injuria y el denominado «ultraje a funcionarios» podrían entrar en conflicto con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional en materia de libertad de expresión.
Lorenzo recordó que el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia TC/0075/16, declaró inconstitucionales disposiciones de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento que imponían sanciones penales por difamación e injuria contra funcionarios públicos, y que posteriormente, mediante la sentencia TC/1148/25, reafirmó criterios orientados a impedir que la prisión sea utilizada como mecanismo para restringir la libre expresión.
«Nos preocupa particularmente que figuras penales redactadas de forma ambigua, sanciones que incluyen privación de libertad para determinadas expresiones y facultades amplias de inteligencia estatal puedan generar un ambiente de temor, autocensura e incertidumbre incompatible con las garantías consagradas en el artículo 49 de la Constitución», afirmó.
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Cuestionan figura de «ultraje a funcionarios»
La dirección peledeísta expresó especial preocupación por los artículos 309 al 311 del nuevo Código Penal, que crean la figura de «ultraje a funcionarios», al considerar que la amplitud de su redacción podría facilitar interpretaciones arbitrarias dirigidas a castigar críticas o cuestionamientos contra quienes ejercen funciones públicas.
El PLD reconoció que la protección del honor y la dignidad de los funcionarios constituye un objetivo legítimo, pero insistió en que dicha protección no puede convertirse en un mecanismo para limitar el escrutinio ciudadano sobre el ejercicio del poder.
«La ciudadanía tiene derecho a investigar, cuestionar, denunciar y fiscalizar a quienes administran los recursos públicos. Cualquier legislación que desincentive ese ejercicio democrático debe ser revisada», sostuvo la organización.
También arremeten contra la Ley del DNI
El principal partido de oposición también cuestionó varios aspectos de la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), señalando que conceptos como «intereses nacionales» y «objetivos nacionales» presentan definiciones demasiado amplias que podrían abrir espacio a excesos y discrecionalidad administrativa.
Según el PLD, las facultades extraordinarias de inteligencia deben estar sujetas a límites claros, supervisión institucional efectiva y mecanismos de rendición de cuentas que garanticen el respeto a los derechos fundamentales.
La organización advirtió que algunos aspectos de la legislación generan incertidumbre respecto a la protección de las fuentes periodísticas, el secreto profesional y las garantías constitucionales vinculadas a la libertad de expresión.
Propuestas del PLD
Ante este panorama, el partido propuso que el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales sea ampliamente debatido en el Consejo Económico y Social (CES) antes de cualquier reintroducción en el Congreso Nacional.
Asimismo, planteó que antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal se someta una legislación correctiva que adecúe los artículos relativos a difamación, injuria y ultraje a funcionarios a los principios constitucionales y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
También solicitó una revisión de la Ley 1-26 para fortalecer los mecanismos de supervisión institucional y ampliar las garantías de protección a periodistas, comunicadores y ciudadanos.
«La democracia está en juego»
En su declaración, el PLD aseguró que la República Dominicana ha construido importantes avances democráticos durante las últimas décadas y advirtió que estos no deben ser puestos en riesgo.
«La libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a fiscalizar a quienes ejercen el poder no son concesiones del Estado. Son derechos fundamentales protegidos por la Constitución y pilares indispensables de la democracia», manifestó.
Finalmente, la organización hizo un llamado a la población a mantenerse vigilante ante lo que considera señales preocupantes provenientes del Gobierno del PRM.
«Advertimos sobre intentos de instalar en el país un modelo autoritario que limite la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la denuncia ciudadana. La sociedad dominicana debe permanecer alerta y defender las conquistas democráticas alcanzadas», concluyó el documento leído por Yván Lorenzo.
