Azua, República Dominicana. – Dos exempleados del Ministerio de Educación (MINERD) denunciaron públicamente el retraso en el pago de sus prestaciones laborales, pese a haber dedicado décadas de servicio al sistema educativo dominicano.
Los afectados son Leonarda del Rosario Silverio, quien ingresó al Ministerio de Educación el 6 de abril del año 2000 y laboró durante 25 años, hasta el 25 de septiembre de 2025, desempeñándose como conserje en la Escuela Primaria Guayacanal, Distrito Educativo 03-01 de Azua; y Augusto Méndez, quien inició sus labores el 27 de septiembre de 2004, acumulando 21 años de servicio antes de su salida de la institución.
Ambos denunciaron que, a pesar del tiempo transcurrido desde su desvinculación, el Ministerio de Educación aún no ha cumplido con el pago de las prestaciones laborales que les corresponden por ley, situación que consideran un abuso y una grave vulneración de sus derechos como trabajadores.
Los denunciantes hicieron un llamado directo al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, para que intervenga de manera inmediata y disponga el pago de estas prestaciones, señalando que un funcionario que promueve el respeto a los derechos laborales debe predicar con hechos y no solo con discursos.
Asimismo, cuestionaron el desempeño del Distrito Educativo 03-01 de Azua, al considerar que no ha brindado el apoyo ni el seguimiento necesario para garantizar que estos trabajadores reciban lo que legalmente les corresponde.
“Es injusto que personas que entregaron más de dos décadas de su vida al servicio del Estado tengan que esperar indefinidamente por un derecho adquirido. Mientras el Gobierno exige el cumplimiento de las leyes a los ciudadanos, debe ser el primero en cumplirlas”, expresaron.
Finalmente, hicieron un llamado al presidente de la República y a las autoridades competentes para que ordenen una revisión inmediata de estos expedientes y garanticen el pago de las prestaciones pendientes. Advirtieron que, de no obtener una respuesta en un plazo razonable, acudirán a las instancias administrativas y judiciales correspondientes para hacer valer sus derechos.
