El movimiento cívico califica de «insuficientes» los argumentos judiciales y asegura que las pruebas por el desfalco de RD$41,000 millones eran más que bastantes para sentar a los exministros en el banquillo de los acusados.
El panorama judicial dominicano vuelve a encenderse. El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) arremetió este domingo contra la decisión judicial que libró de ir a juicio de fondo a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, así como a Daniel Alberto Guerrero Mena (hijo del exministro Donald Guerrero).
Según la organización, las pruebas y testimonios presentados por el Ministerio Público eran contundentes y suficientes para que los tres implicados enfrentaran la siguiente fase procesal.
En su 9no. Informe del Observatorio de los Casos de Corrupción Administrativa, PC cuestionó con dureza los criterios de las juezas de instrucción. El movimiento recordó que en este expediente, conocido como el Caso Calamar, se persigue la presunta distracción de 41,000 millones de pesos del Estado mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y extorsión a bancas de lotería, fondos que habrían financiado la campaña electoral del 2020.
El caso es tan masivo que cuenta con 175 querellantes civiles que buscan recuperar el patrimonio público.
El polémico descargo a Gonzalo Castillo
El informe de PC desmenuzó el fallo de la jueza Altagracia Ramírez, quien dictó un «no ha lugar» a favor del excandidato presidencial Gonzalo Castillo. La organización criticó que la magistrada describiera cheques emitidos por terceros hacia Castillo «sin hacer juicio sobre ellos».
«Probablemente se debió a que quería señalar que esos cheques fueron contribuciones lícitas a la campaña (…), para unirlo a su argumento de que no se podían distinguir los fondos lícitos de los supuestos fondos ilícitos», advierte el movimiento.
PC subrayó que el Ministerio Público presentó testimonios clave que vinculaban directamente a Castillo con el esquema ilícito. Dado que estas pruebas sí fueron admitidas para el resto de los procesados, debieron ser válidas también para enviar al exministro de Obras Públicas a juicio.
Las pruebas «ignoradas» contra José Ramón Peralta
En el caso del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, Participación Ciudadana tildó de injustificado su descargo. Los fiscales habían ofertado delaciones y testimonios de altísimo perfil —como el del exdirector de la OISOE, Francisco Pagán, y los de Ramón Emilio Jiménez, José Ureña y Fernando Crisóstomo— para probar el presunto recibo de 50 millones de pesos.
Para el movimiento cívico, el único escenario legal idóneo para valorar de forma integral la veracidad de estos testimonios era un juicio de fondo.
Cabe destacar que, por este mismo expediente, sí fueron enviados a juicio de fondo el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; el exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirillo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y el abogado Ángel Lockward.
Un balance histórico: 58 condenas en tiempo récord
Pese a los cuestionamientos en el Caso Calamar, el informe de Participación Ciudadana resalta que la justicia dominicana vive un momento sin precedentes. En un lapso de apenas dos semanas, los tribunales emitieron fallos contundentes en tres macrocasos de corrupción:
-
- Caso Coral: Condena en primer grado al mayor general Adán Cáceres y su red militar-policial.
- Caso Camaleón: Envío a juicio de fondo del exdirector del Intrant, Hugo Beras, y el empresario Jochi Gómez.
- Cifras récord: Estas acciones se traducen en 29 nuevas condenas en primer grado y 51 personas enviadas a juicio.
Si estas sentencias se suman a las 29 dictadas en agosto de 2025 por el Caso Antipulpo (encabezado por Alexis Medina), la República Dominicana registra un total histórico de 58 personas condenadas en primer grado en grandes entramados de corrupción administrativa.
PC concluyó reconociendo la labor «impecable» de las magistradas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo por el manejo de estos complejos procesos.
