Por Manuel Núñez Asencio
.La historia de la isla de Santo Domingo es un espejo que refleja, con crudeza casi trágica, una de las paradojas más profundas de la experiencia humana: la escisión entre el Estado y la Nación, dos realidades que, aunque a menudo se confunden, responden a esencias distintas y a procesos históricos irreductibles.
Como advirtió Manuel Arturo Peña Batlle con esa lucidez que solo otorgan la reflexión serena y el amor por la verdad, cuando dijo: “uso en su más estricto sentido la palabra Estado, sin confundirla con el vocablo nación. El Estado dominicano y la Nación dominicana son dos cosas muy distintas, perfectamente diferenciadas, por la historia y por el derecho” (Discurso «Al pueblo de Santiago», 1948, en Política de Trujillo, 1954, p. 194).
La Nación es el fruto de una gestación lenta, el resultado de siglos en los que una comunidad, unida por el idioma, la fe y el sufrimiento compartido, forja un alma colectiva que trasciende el tiempo.
El Estado, en cambio, es la obra del derecho y la autoridad, la estructura que, como un molde, da forma a esa realidad espiritual preexistente, permitiéndole manifestarse en el mundo de lo concreto.
Esta distinción, que podría parecer sutil en la abstracción teórica, adquiere una dramatismo casi físico cuando se aplica al caso de la isla de Santo Domingo. En 1804, el oeste de la isla dio a luz a Haití, un Estado que surgió no de la maduración de una tradición civil, sino de la urgencia desgarradora de la supervivencia. La revolución haitiana, ese cataclismo que arrasó con el orden colonial, fue un acto de heroísmo sin parangón, pero también un parto violento, un Estado nacido de la guerra y la autodefensa, sin el sustrato de una sociedad civil cohesionada.
Haití, en su génesis, fue una maquinaria de guerra, una fortaleza erguida para resistir la amenaza de la restauración esclavista, pero carecía de los elementos que, según Peña Batlle, definen a una Nación: la unidad lingüística, la unidad religiosa institucionalizada y una convivencia civil que trascendiera el mero instinto de conservación.
Los esclavos que se alzaron en armas procedían de diversidades étnicas y lingüísticas tan profundas que el propio idioma, ese criollo que surgió como un dialecto de emergencia, fue incapaz de unificar. No había una lengua de civilización, ni una fe que normara el derecho familiar o la propiedad, ni una tradición que sirviera de cemento a la comunidad. El vudú, ese sincretismo místico que inspiró la revuelta, era una fuerza de conspiración, no una estructura moral capaz de organizar el matrimonio, la herencia o la propiedad de la tierra. Y así, el Estado haitiano, aunque soberano y heroico, flotaba sobre una sociedad fragmentada, sin raíces profundas que lo anclaran a la historia.
Mientras tanto, en el este de la isla, la parte oriental, se gestaba un fenómeno inverso pero igualmente revelador.
Aquí, la Nación dominicana ya existía, forjada en el crisol de tres siglos de aislamiento, miseria y resistencia. El castellano, el catolicismo y el dolor compartido habían tejido una identidad homogénea, un alma colectiva que, aunque carecía de un Estado propio, poseía una fisonomía espiritual inconfundible. La unidad de lengua, la unidad de fe y la tradición jurídica heredada de la colonia española habían creado una comunidad madura, pero desprovista de ese «organismo jurídico» que Peña Batlle considera indispensable para preservar la soberanía y la herencia cultural. La declaración de independencia de 1844 no fue, pues, el nacimiento de la dominicanidad, sino el momento en que una Nación ya consolidada se revistió, por fin, con las ropas del Estado.
El drama histórico de la isla no ha sido, por tanto, una mera disputa territorial o un conflicto de fronteras. Ha sido, y sigue siendo, la colisión entre dos desajustes institucionales: un Estado inorgánico, Haití, que luchaba por inventarse una Nación sobre la marcha, y una Nación orgánica, la dominicana, que debía resistir la asimilación hasta lograr dotarse de un Estado que la protegiera. Haití, con su Constitución de 1805, consagró el resentimiento racial como doctrina, excluyendo al elemento europeo y privándose así de una transición institucional ordenada.
Sin una élite letrada que pudiera administrar el derecho o la educación, el Estado haitiano quedó condenado a la inestabilidad, regido por un caudillismo militar que nunca logró consolidar una sociedad civil. La carencia de una lengua unificada y codificada, la ausencia de una fe institucionalizada que normara el derecho privado y la propiedad, y la prevalencia de uniones consuetudinarias sobre el matrimonio sacramental, impidieron que el Estado haitiano se asentara sobre bases sólidas.
La grandeza de Haití no radica en su capacidad para construir un Estado —pues lo logró, con ejércitos, fronteras y leyes—, sino en su fracaso por consolidar una Nación. Y es que, como bien señalaba Peña Batlle, el Estado puede erigirse por decreto, pero la Nación solo se forja con el tiempo, la tradición y el sufrimiento compartido. En el este, en cambio, la Nación ya estaba ahí, latente, esperando el momento en que la historia le permitiera vestirse con las formas del Estado. El conflicto insular, en su esencia más profunda, no ha sido sino el choque entre estas dos realidades: un Estado sin Nación y una Nación sin Estado.
Un Estado sin nación
La independencia de Haití en 1804 marcó el nacimiento de un Estado soberano, pero no el de una nación en el sentido sociológico del término. Como señalaba el historiador haitiano Dantès Bellegarde, lo que existía en ese momento era una multitud —una aglomeración de individuos unidos por la urgencia de la supervivencia—, no una comunidad cohesionada por la historia, la cultura o una identidad compartida. Esta realidad se explica por una serie de factores estructurales que impidieron la consolidación de una nación en el sentido pleno.
Haití surgió en 1804 no como una nación, sino como un accidente histórico sin precedentes: un territorio donde la heterogeneidad étnica, lingüística y cultural era tan abismal que la cohesión social resultaba matemáticamente inviable. Saint-Domingue, la joya colonial francesa, albergaba en vísperas de la revolución a 450,000–465,000 esclavizados (Moreau de Saint-Méry, 1789), de los cuales dos tercios (66.7%) eran bozales—africanos nacidos en el continente, con más de veinte lenguas maternas (yoruba, congo, fon, igbo, entre otras) y prácticas rituales irreconciliables.
Tras la guerra de independencia, que costó la vida a 150,000 personas y provocó el éxodo masivo de blancos y mulatos, la población se redujo a 350,000–423,000 almas (Houdaille, Persée), de las cuales el 93–95% eran nouveaux libres de origen africano, sin un idioma común más allá del criollo incipiente.
El único vínculo entre estos grupos era negativo: el odio al colonizador. Pero, como advirtió C.L.R. James, la unidad en la negación no construye Estados. La abolición de la esclavitud en 1793 y la independencia en 1804 eliminaron el enemigo común, dejando al descubierto una sociedad sin élite letrada (apenas 20,000–30,000 mulatos y criollos francófonos, el 5–7% de la población), sin sistema educativo (el código colonial prohibía la alfabetización de esclavos), y sin estructura eclesiástica.
El vudú, aunque funcional como símbolo de resistencia, carecía de la capacidad normativa que tuvo el catolicismo en Santo Domingo: no regulaba el matrimonio, la herencia ni la propiedad, pilares de cualquier orden social.
La devastación material agravó el caos. Haití heredó una economía en escombros: las plantaciones, motor del 40% del comercio exterior francés, yacían arrasadas. Los exesclavos, sin capital (el 98% no poseía ahorros, según datos de la Comisión Colonial), sin formación técnica y con una cultura del trabajo distorsionada por siglos de esclavitud, rechazaron el modelo de producción coercitiva.
Dessalines intentó imponer un sistema de trabajo militarizado—el travail forcé—para salvar la agricultura, pero chocó con el anhelo campesino de propiedad individual de la tierra («la terre à nous», lema de las revueltas de 1806–1820). La tensión entre la élite militar (que controlaba el 60% de las tierras cultivables) y el campesinado (que aspiraba a la subsistencia autónoma) desató guerras civiles recurrentes entre 1806 y 1820, con un saldo de 50,000 muertos (estimación de Le Moniteur Haïtien).
Incluso la Constitución de 1805, que declaraba a todos los haitianos «negros» para borrar las castas, fracasó en unificar a la sociedad. Las rivalidades regionales (Norte vs. Sur vs. Oeste) y los prejuicios de color (mulatos vs. negros) persistieron, dividendo al país en facciones irreconciliables. ¿Cómo hablar de nación cuando el 95% de la población no compartía idioma, religión ni proyecto común con su élite? Haití, en 1804, no era una república, sino un archipiélago humano: islas de identidades dispersas, sin puentes, sin Estado que organice, sin futuro.
Finalmente, el cambio de nombre de Saint-Domingue a Haití fue un acto simbólico de ruptura con el pasado colonial, pero no una base de identidad compartida. El término Haití, de origen taíno, representaba un gesto de cimarronaje cultural, pero no una continuidad con una tradición viva, pues la población indígena original había sido exterminada siglos atrás. Este nombre era, ante todo, un símbolo de resistencia, no el reflejo de una herencia cultural común.
En conclusión, Haití en 1804 era un Estado autónomo, pero no una nación. La transformación de esa multitud en una verdadera comunidad nacional fue un proceso lento y doloroso que se desarrolló a lo largo de los siglos XIX y XX, a través de la estandarización del criollo como lengua común, la maduración del vudú como religión nacional y la superación gradual de las herencias morales y sociales del colonialismo. La división entre la élite francófona y el campesinado criollohablante profundizó aún más esta desconexión entre el Estado y la nación, demostrando que la soberanía política no bastaba para forjar una identidad colectiva.
Las matanzas de blancos de 1804, ordenadas por Dessalines, no fueron solo un exterminio racial, sino, además, un acto político para garantizar la supervivencia del Estado haitiano. Sin embargo, esta violencia consolidó el prejuicio de color como herencia colonial. La Constitución de 1805, al prohibir la propiedad de tierras a los blancos, institucionalizó la desconfianza, reflejando el miedo a un resurgimiento del pasado esclavista, y cerrándose a cal y canto a toda influencia europea.
El verdadero drama de Haití fue la división interna: mulatos y negros, élites urbanas y campesinado, reprodujeron las jerarquías coloniales. Dessalines intentó unificar a todos bajo el término «negros», pero la ley no pudo erradicar siglos de prejuicios. Las matanzas de Soulouque y la represión de Duvalier fueron, además, de actos de odio racial, la expresiones de una violencia política interna que debilitó al Estado.
Haití en 1804 era un Estado sin nación: una estructura política sobre una sociedad fragmentada. El odio no fue su fundamento, sino su herencia destructiva, una pasión que, al no tener un enemigo externo, se volvió hacia adentro, alimentando guerras civiles y divisiones persistentes.
El marxismo fracasa al intentar explicar esta realidad, pues reduce la complejidad haitiana a un conflicto de clases. Haití no fue un escenario de lucha entre burguesía y proletariado, sino un campo de batalla entre un Estado que buscaba imponer su voluntad y una sociedad que resistía desde sus tradiciones. El campesinado no aspiraba a integrarse en un sistema de plantaciones, sino a destruirlo, refugiarse en el criollo y el vudú, escudos de resistencia cultural.
El Estado haitiano recurrió a medidas coloniales: confiscación de tierras, trabajo forzado, militarización. Pero mientras las élites impusieron un modelo ajeno, el pueblo construyó su propia realidad. La revolución no trajo igualdad, pero en el criollo y el vudú se gestó una resistencia que preservó su identidad. El marxismo, al no captar esta dualidad, oculta más de lo que revela: Haití no fundó ciudadanos, sino súbditos, y su historia es la de un Estado que intentó dominar a una sociedad que se negaba a ser dominada.
Un Estado que se ´propuso volver a la creación de la plantación y un pueblo que se aferro a la contraplantacion: el lakou y el coumbite como ha columbrado Jean Casimir.
Una nación, sin Estado
La nación dominicana no surgió en 1844 como un acto fundacional espontáneo, sino que ya existía, madura y homogénea, forjada en el crisol de siglos de aislamiento, sufrimiento compartido y resistencia cultural. Esta tesis, desarrollada con profundidad por Pedro Henríquez Ureña y Manuel Arturo Peña Batlle, se sustenta en la idea de que la identidad nacional no es un constructo jurídico, sino una realidad espiritual y histórica que precede al Estado y le da sentido.
Desde los primeros años de la colonización, la isla de Santo Domingo se configuró como un espacio donde la lengua castellana y la fe católica actuaron como moldes del alma colectiva. A diferencia de Saint-Domingue, donde la diversidad lingüística y religiosa fragmentó a la población, en la parte oriental de la isla el idioma y la religión unificaron a blancos, negros y mulatos bajo una misma moralidad y concepción de la vida.
Dominicano es mas que blanco, mas que mulato y mas que negro. Nuestra identidad no se halla encorsetada en la coloración de la piel.
El catolicismo no fue solo un culto, sino una estructura social e institucional que regulaba la propiedad, el matrimonio y la familia, confiriendo al pueblo una cohesión de sentimientos sólida y duradera. Esta unidad cultural, como señalaba Peña Batlle, no fue un accidente, sino el resultado de un proceso lento de asimilación y convivencia bajo las tradiciones hispánicas.
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El contraste entre ambas sociedades es revelador. En la parte oriental, el castellano actuó como vehículo de unificación espiritual y jurídica, mientras el catolicismo reguló la moral, el derecho familiar y la propiedad, creando un marco estable. En Haití, el criollo —lengua de emergencia surgida de la diversidad africana— y el vudú —sincretismo religioso sin estructura institucional— limitaron la capacidad de consolidar una cohesión cultural y jurídica homogénea. La Constitución de 1805, al prohibir la convivencia con los blancos y la propiedad para extranjeros, institucionalizó el odio racial como base del Estado, en clara antítesis con la fisonomía hispánica y cristiana dominicana, definida por la convivencia y la preservación de sus tradiciones.
Peña Batlle subraya que la soberanía dominicana no es un constructo abstracto, sino el resultado de una nación ya madura, cuya identidad se templó en la adversidad —desde las Devastaciones de Osorio hasta la Ocupación Haitiana— y que encontró en el idioma y la fe los escudos para resistir la desnacionalización. La educación, en esta visión, fue un instrumento de afirmación nacional, diseñado para restaurar la herencia hispano-católica y consolidar la dominicanidad en la frontera, transformando las escuelas en trincheras ideológicas.
Así, mientras Haití representó un experimento social impuesto desde arriba, la República Dominicana se irguió como una comunidad orgánica, cuya esencia preexistió al Estado y le dio sentido.
La historia de la isla no puede comprenderse como la simple coexistencia de dos Estados vecinos, sino como el desarrollo de una dualidad nacida de un prolongado proceso de desintegración histórica. Para Peña Batlle, 1804 no inaugura esa fractura, sino que la revela en toda su magnitud. Desde entonces quedaron frente a frente dos realidades antagónicas: de un lado, la antigua parte española, que había formado una comunidad de lengua, tradición, derecho y cultura madura, pero privada de los instrumentos políticos y militares para defender su existencia; del otro, Haití, poseedor de un Estado fuerte y capaz de imponer su voluntad, pero desprovisto de la sedimentación institucional que convierte una colectividad en una nación histórica.
De esa desigualdad originaria brotó la contradicción que dominaría la evolución posterior: mientras los dominicanos se refugiaron en la legitimidad de sus títulos históricos y en el derecho, Haití hizo descansar sus reclamaciones sobre la ocupación efectiva y la fuerza material. El derecho, privado del respaldo de la fuerza, cedió ante la fuerza convertida en derecho, y las fronteras de la antigua colonia española comenzaron un largo proceso de repliegue.
Peña Batlle no atribuye este desenlace únicamente a los acontecimientos del siglo XIX. Su mirada retrocede hasta las Devastaciones de 1605–1606, verdadero punto de inflexión. Al despoblar vastas regiones, España quebrantó la continuidad territorial dominicana, abrió espacios vacíos a la penetración extranjera e inició un proceso de fragmentación cuyos efectos se prolongaron durante siglos.
Lo que después apareció como conflicto de fronteras o divergencia nacional tenía su raíz en aquella ruptura inicial.
Así, la dualidad dominico-haitiana no es un accidente episódico, sino el resultado histórico de la confrontación entre una nación privada de Estado y un Estado desprovisto de una nación consolidada. De esa oposición nacieron las tensiones territoriales, la inseguridad de las fronteras y el persistente sentimiento de provisionalidad que acompañó a la vida dominicana. La tragedia histórica de la isla reside en dos pueblos cuyas trayectorias, lejos de converger, quedaron determinadas por una asimetría que hizo de la frontera no solo una línea geográfica, sino la expresión visible de dos concepciones distintas de la sociedad, el poder y la historia.
Digamos en cuentas muy resumidas que la República Dominicana encarnó una nación sin Estado: una comunidad con identidad cultural, lengua, fe y tradiciones consolidadas durante siglos, pero privada de la fuerza material y las instituciones políticas para defender su soberanía. Su existencia se basó en la legitimidad histórica y el derecho, pero careció de capacidad para imponer su voluntad, reduciendo su defensa a posturas abstractas, como la consagración constitucional de fronteras sin respaldo físico.
Haití, en cambio, fue un Estado sin nación: una estructura de poder surgida de la fuerza militar en 1804, con soberanía de hecho pero sin cohesión social, civil o espiritual. Su existencia se fundamentó en la ocupación física y el uti possidetis, no en una comunidad unida por valores compartidos. Mientras la parte dominicana forjó un pueblo con unidad cultural, Haití consolidó un aparato de poder sin el sustrato de una sociedad organizada.
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