Antonio Ledezma
Hay que comenzar por desmontar una premisa equivocada: presentar la dolarización de la economía venezolana como si fuera una panacea capaz de resolver, por sí sola y de manera casi instantánea, la tragedia que padece el país. No lo es. Cambiar de moneda puede contribuir a estabilizar una economía, pero no sustituye un modelo de desarrollo, no reconstruye instituciones destruidas, no genera electricidad, no repara refinerías, no recupera hospitales, no produce alimentos y, mucho menos, devuelve por decreto la confianza perdida.
El problema de Venezuela no es, en primer término, la moneda. Es el modelo fracasado que convirtió al Estado en instrumento de dominación política, al presupuesto público en fuente de corrupción y al aparato productivo en víctima de expropiaciones, controles absurdos, confiscaciones, endeudamiento irresponsable y decisiones económicas improvisadas. La verdadera solución comienza por sustituir ese modelo y reconstruir la institucionalidad republicana.
Por eso resulta peligroso ofrecer la dolarización como una especie de pócima curativa para un paciente en estado terminal. Venezuela necesita cirugía mayor. Necesita recuperar las instituciones que fueron destruidas y establecer las condiciones que permitan que una moneda estable sea el resultado de una economía sana, y no el sustituto artificial de una economía enferma.
Una economía puede utilizar dólares y seguir siendo pobre, improductiva, corrupta e institucionalmente débil. De hecho, Venezuela ya vive una extensa dolarización de facto. Buena parte de las transacciones cotidianas se realizan en dólares y también circulan euros y pesos colombianos. ¿De qué estamos hablando entonces cuando se anuncia la dolarización como si se tratara de descubrir una fórmula mágica desconocida?
El asunto esencial es otro: ¿quién garantiza el valor de esa moneda?, ¿quién garantiza los contratos?, ¿quién protege la propiedad privada?, ¿quién asegura que las inversiones no serán confiscadas?, ¿quién controla el gasto público?, ¿quién impide que vuelva a utilizarse la emisión monetaria para financiar el déficit? Mientras esas preguntas no tengan respuestas institucionales convincentes, la discusión sobre la moneda seguirá siendo secundaria.
Venezuela necesita un Banco Central verdaderamente autónomo, sometido a reglas claras y no a las órdenes del régimen de turno. Necesita reservas internacionales suficientes y una política monetaria responsable, no imprentas destinadas a fabricar dinero inorgánico para cubrir los agujeros fiscales del Estado. La emisión sin respaldo no crea riqueza: destruye el poder adquisitivo, alimenta la inflación y castiga, sobre todo, a quienes viven de salarios y pensiones.
Pero tampoco basta con tener un Banco Central autónomo. Hay que reconstruir un Poder Judicial capaz de garantizar seguridad jurídica; un Parlamento que legisle con seriedad, integralidad y visión de Estado; organismos de control independientes; y una administración pública profesional que responda a la nación y no a una parcialidad política.
No podemos continuar legislando por retazos. El sector de los hidrocarburos ofrece un ejemplo elocuente. Venezuela necesita una legislación moderna, estable y competitiva que esté a la altura de las enormes inversiones que exige la recuperación de nuestra industria petrolera y gasífera. No basta con abrir algunos pozos o decirles a determinadas empresas: “Métanse allí, vean qué pueden extraer, cóbrense lo que les debemos y después nos vamos arreglando”. Así no se construye una industria energética de dimensión mundial.
Quien conozca las características del petróleo venezolano sabe que el desafío es mucho mayor. Buena parte de nuestras reservas corresponde a crudos extrapesados que requiere reconstruir la infraestructura, salir del rezago tecnológico, tener diluyentes, mejoradores, taladros, servicios especializados y grandes inversiones.
La Agencia de Información Energética de Estados Unidos ha advertido precisamente que el crudo extrapesado venezolano exige capacidades técnicas especializadas y que la producción ha sido frenada por la falta de inversión, mantenimiento, personal calificado y capital. Es indispensable contar con instalaciones de tratamiento, oleoductos, terminales, plantas, servicios petroleros y capacidad logística. También es imperioso recuperar las refinerías, muchas de ellas deterioradas después de años de abandono y mala administración.
Hay que reponer, además, las tuberías y demás instalaciones que fueron desmanteladas o convertidas en chatarra; reconstruir las empresas de servicios petroleros; recuperar el talento humano expulsado de la industria y restablecer una cultura de competencia profesional. Ya sabemos que a PDVSA dejo de ser una gran empresa energética administrada con meritocracia para terminar siendo utilizada como instrumento político.
Por eso tampoco acepto la explicación simplista de que toda la tragedia venezolana comenzó con las sanciones. Esa afirmación pretende borrar la historia. La crisis económica se incubó mucho antes: controles de precios y de cambio, expropiaciones, nacionalizaciones, destrucción de incentivos, endeudamiento descontrolado, corrupción y dependencia casi absoluta del petróleo. El derrumbe de los precios internacionales del crudo en 2014 dejó al descubierto la fragilidad de un modelo que había utilizado la renta petrolera para financiar un Estado cada vez más intervencionista y menos productivo.
Los datos son contundentes. Venezuela pasó de producir alrededor de 2,8 millones de barriles diarios a comienzos de 2011 a unos 1,9 millones en agosto de 2017, antes de que se produjera la siguiente ronda de sanciones; posteriormente la caída se aceleró.
El propio Congressional Research Service señala que la producción ya venía descendiendo durante años debido al deterioro de la infraestructura y a la insuficiencia de inversión y mantenimiento, aunque las sanciones posteriores también agravaron las dificultades operativas y financieras.
Venezuela necesita, por tanto, un gobierno legítimo, estable y creíble que pueda poner en marcha un ambicioso Plan de Reconstrucción Nacional. Y una de sus primeras tareas será enfrentar el problema de la deuda externa con sentido de Estado. Hay que renegociar y reestructurar esa deuda. Pero hacerlo no significa aceptar pasivamente cualquier cifra que aparezca sobre una mesa de negociación. Venezuela debe honrar lo que legítimamente corresponda honrar, pero también defender con firmeza los intereses nacionales. No puede aceptarse que instrumentos adquiridos con enormes descuentos sean presentados posteriormente como obligaciones incuestionables por sus valores nominales, ni que la miseria de millones de venezolanos sea utilizada como oportunidad de negocios para quienes especularon con la deuda. Un país devastado, con una población empobrecida y millones de ciudadanos fuera de sus fronteras, no puede ser condenado a pagar hasta el último centavo de obligaciones cuya legitimidad, origen, condiciones o titularidad deban ser revisados.
La reestructuración debe contemplar una quita sustancial y razonable, compatible con la capacidad real de pago del país y con las necesidades de reconstrucción nacional.
También debemos regresar a los organismos financieros internacionales. Venezuela necesita recuperar su relación institucional con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. No para sustituir una dependencia por otra, sino para recuperar acceso a financiamiento, asistencia técnica y mecanismos de reconstrucción bajo reglas transparentes.
Y hay que legislar para que nunca más se repita el endeudamiento irresponsable. Una ley orgánica debe establecer límites, controles y responsabilidades para impedir que futuros gobiernos comprometan el patrimonio de varias generaciones sin la debida transparencia y autorización institucional.
Todo esto conduce nuevamente al punto de partida: sin seguridad jurídica no habrá reconstrucción. Sin garantías plenas para la propiedad privada y para las inversiones, no llegarán los capitales que Venezuela necesita. Sin reglas tributarias razonables, impuestos y regalías competitivas y contratos estables, las grandes empresas internacionales preferirán invertir en otros países.
Hay otro desafío pendiente: necesitamos que vuelva la confianza. Y la confianza no se decreta. Se construye. Se construye cuando un contrato firmado por el Estado vale lo mismo antes y después de un cambio de gobierno. Cuando un empresario sabe que su propiedad no será confiscada. Cuando un juez puede fallar contra el gobierno sin miedo. Cuando el Banco Central puede decirle que no a un ministro. Cuando el Parlamento controla el endeudamiento. Cuando las empresas saben cuánto pagarán de impuestos y cuándo y cuando la corrupción deja de ser una forma de gobierno.
Lo mismo ocurre con la electricidad. Puede haber petróleo en el subsuelo, pero si no existe electricidad suficiente para operar los campos, procesar el crudo y sostener las instalaciones, ese petróleo seguirá bajo tierra. La reconstrucción energética será inseparable de la recuperación del sistema eléctrico nacional. Durante años se gastaron miles de millones de dólares en plantas eléctricas, turbinas, gabarras, equipos y proyectos que terminaron convertidos en monumentos a la improvisación y la corrupción. Parte de esos recursos se escurrieron en instalaciones deficientes, equipos obsoletos o soluciones que no respondían a las necesidades reales del país.
Tampoco habrá recuperación nacional sin agua potable, hospitales funcionales, educación, transporte y seguridad. Ni habrá verdadera estabilidad sin agricultura, ganadería e industria. Venezuela no puede seguir dependiendo de importar lo que antes producía. Hay que rescatar los complejos industriales convertidos en cementerios de riqueza. Hay que recuperar la capacidad productiva del campo. Hay que crear condiciones para que vuelva a crecer la empresa privada. Hay que sustituir el Estado intervencionista, que atropella, expropia y controla, por un Estado que establezca reglas, garantice derechos y haga cumplir la ley. La economía de mercado no significa ausencia de Estado. Significa un Estado con límites, instituciones fuertes y capacidad para garantizar competencia, propiedad, contratos y oportunidades.
Y Venezuela tiene una extraordinaria oportunidad si aprende de los países que administraron responsablemente su riqueza natural. Noruega ofrece una referencia particularmente poderosa. Su Government Pension Fund Global, construido con los ingresos provenientes de sus recursos petroleros y administrado con reglas de largo plazo, alcanzaba 22.683 billones de coronas noruegas al cierre del primer semestre de 2026, una magnitud equivalente a más de dos billones de dólares.
La lección noruega no consiste en copiar mecánicamente un modelo. Consiste en comprender que la renta de los recursos naturales puede convertirse en patrimonio de las generaciones futuras si existe institucionalidad, disciplina fiscal, transparencia y una visión de largo plazo.
Eso es precisamente lo que Venezuela no hizo. La renta petrolera fue utilizada como combustible de un populismo insostenible. Se gastó cuando había que ahorrar, se endeudó cuando había que invertir, se importó cuando había que producir y se repartió poder político cuando había que construir instituciones. Venezuela debe hacer exactamente lo contrario. Debemos convertir la riqueza petrolera en capital para diversificar la economía, no en una excusa para perpetuar nuestra dependencia del petróleo. Debemos crear un fondo soberano sometido a reglas estrictas de transparencia y responsabilidad intergeneracional. Debemos invertir en educación, infraestructura, tecnología, salud y productividad. Y debemos prepararnos desde ahora para una nueva matriz energética.
Porque Venezuela no solo tiene petróleo y gas. Tiene sol, viento y enormes posibilidades para desarrollar energía solar y eólica, además de proyectos de hidrógeno y otras fuentes renovables. La transición energética mundial no debe encontrarnos mirando hacia atrás, aferrados exclusivamente al petróleo. Debe encontrarnos utilizando nuestra riqueza energética actual para financiar la energía del futuro.
Esa es la Venezuela que imagino: una nación capaz de producir petróleo y gas mientras desarrolla simultáneamente nuevas fuentes de energía; una nación que utiliza sus recursos naturales para crear capital, no para financiar corrupción; una nación que convierte su riqueza en educación, infraestructura, innovación y bienestar.
Y para alcanzar esa Venezuela necesitamos liderazgo. Un liderazgo legítimo, democrático y creíble. Un liderazgo con visión de futuro, capaz de mirar el pasado no para vivir prisionero de él, sino para aprender qué no debemos volver a hacer. Por eso deposito mi esperanza en una conducción como la que representa María Corina Machado: una visión que entiende que reconstruir Venezuela no significa simplemente administrar lo que queda, sino transformar las condiciones que hicieron posible la tragedia. Las embarcaciones que conocen el viento no navegan mirando solamente hacia la estela que dejan atrás. Miran hacia dónde sopla el viento y ajustan sus velas para llegar al destino. Venezuela también necesita saber hacia dónde quiere navegar.
No es la moneda. No es el dólar. No es una estampilla monetaria capaz de producir milagros. Es el modelo. Es la institucionalidad. Es la seguridad jurídica. Es la propiedad privada. Es la inversión. Es la disciplina fiscal. Es un Banco Central independiente. Es un Poder Judicial autónomo. Es un Parlamento responsable. Es una economía abierta, competitiva y productiva. Es energía, agricultura, industria, educación y tecnología. Es, sobre todo, recuperar la confianza.
Si alguna vez Venezuela vuelve a utilizar el dólar como moneda oficial, esa decisión deberá formar parte de una arquitectura económica mucho más amplia y coherente. Pero no confundamos el instrumento con la solución. Porque cambiar la moneda sin cambiar el modelo sería apenas cambiar el envoltorio de la tragedia. Lo que Venezuela necesita no es una moneda milagrosa. Necesita una República.
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