Condenan a líderes de red de tráfico de armas en Santiago.
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Luego de analizar los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, un tribunal de Santiago condenó a penas de entre 10, 6 y 5 años de prisión a los cabecillas de una estructura del crimen organizado que se dedicaba a traficar armas de fuego de alta potencia, introducidas de contrabando al país, y que tenía como centro de operaciones una localidad del municipio Licey al Medio.
Condenados por tráfico y almacenamiento ilegal de armas
Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vázquez, Félix Francisco Vásquez Peralta, Rosalba María Estrella López y Marcos de Jesús Diplán Diplán incurrieron en asociación de malhechores para traficar, almacenar y distribuir de manera ilegal armas de fuego y otros pertrechos, además de agenciarse recursos económicos fruto de la comercialización de estas armas de contrabando.
Durante el juicio, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Aida Medrano Gonell, quien describió ante el Tercer Tribunal Colegiado de Santiago la modalidad en que operaba la organización criminal y el rol que desempeñaba cada uno de sus miembros.
El tribunal, integrado por las juezas Ingri Liberato Torres, Deyanira Méndez Cepeda y Kimberly Tatis Soto, condenó a Hornandys Emmanuel Cruz Almonte a cumplir 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, de Santiago.
A Samuel Ramón Guaba Caraballo lo sentenció a 6 años de prisión, a cumplir en el CCR La Isleta, del municipio de Moca, provincia Espaillat. Mientras que César Emilio Toribio Vázquez resultó condenado a 6 años de prisión, igualmente, en el CCR La Isleta.
También, Félix Francisco Vásquez Peralta deberá cumplir 6 años de prisión en el CCR La Isleta.
Rosalba María Estrella López la condenaron a 5 años de prisión en estado de suspensión. Esto, por constituirse junto a los demás en asociación de malhechores para la tenencia, tráfico y acopio ilícito de armas de fuego. La suspensión está condicionada a varios factores que, de incumplirse, podrían llevarla a prisión.
En tanto, Marcos de Jesús Diplán Diplán fue condenado a 3 años de prisión suspendida y al pago de 25 salarios mínimos del sector público.
Armas de fuego y dinero ocupadas durante allanamientos
Los condenados violentaron las disposiciones de los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que castigan la asociación de malhechores, además de los artículos 66, 67, 68, 70, 71 y 73 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que tipifican y sancionan los delitos de tenencia, tráfico, acopio y legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego.
El tribunal condenó a los encartados al pago de multas en favor del Estado dominicano de entre 50 y 75 salarios mínimos del sector público y convocó a las partes a la lectura íntegra del dispositivo para el día 16 de octubre.
Por el caso también fue procesado Valentín de Jesús Caraballo Guzmán, quien fue absuelto.
Con el aval de autorizaciones judiciales, la Fiscalía de Santiago desplegó una operación interagencial mediante varios allanamientos. Durante el operativo, ocupó 18 pistolas de alta potencia, en su mayoría Glock de 9 milímetros. También fueron incautados tres revólveres, dos escopetas, vehículos y equipos electrónicos.
Las autoridades ocuparon, además, 700,000 pesos en efectivo. Los operativos se realizaron en localidades de los municipios Licey al Medio, en Santiago, y Moca, provincia Espaillat. En estas zonas, los traficantes operaban sus centros de acopio. Además, fueron incautados varios tanques con caletas o doble fondo, los cuales eran utilizados para transportar las armas de fuego.
Investigación se extendió por más de un año
El operativo puso de manifiesto el alcance del contrabando de armas de la organización criminal. La operación se ejecutó luego de más de un año de vigilancia, rastreo y levantamiento de información.
Durante ese período, las autoridades investigaron las maniobras utilizadas por los contrabandistas para introducir armas de fuego al territorio dominicano. Según la investigación, utilizaban compañías de envío para introducir las armas al país.
En el curso de la investigación, el Ministerio Público contó con el apoyo de fuerzas especiales de la Policía Nacional, como el equipo SWAT y miembros de la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI), así como con la cooperación internacional del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Los procesados utilizaban sus domicilios y los de sus padres como centros de almacenamiento de las armas.
Según la investigación, los traficantes adquirían las armas en el mercado estadounidense. Posteriormente, las enviaban a Licey al Medio y Moca, donde las redistribuían entre otras organizaciones del crimen.
