Por Arismendi Díaz Santana
Consideramos inapropiado cobrar por la entrega de información pública porque resulta excluyente y sienta un precedente para que mañana cualquier funcionario del SDSS establezca tarifas onerosas para bloquear el acceso a información pública de interés general
Aunque el Grupo de Medios Panorama le solicitó a la SIPEN información sobre la cantidad de trabajadores con cuentas inactivas y la SIPEN la desestimó señalando que se trataba de información sensible protegida por el régimen de datos personales.
El Grupo Panorama solicitó un recurso de amparo al Tribunal Superior Administrativo (TSA). La SIPEN reiteraron su negativa y solicitaron al tribunal declarar la “inadmisibilidad del recurso”, Panorama replicó que la solicitud no incluía la identificación de los afiliados.
Mediante sentencia el TSA rechazó la “solicitud inadmisibilidad” de la SIPEN Además, ordenó a la SIPEN entregar la información sobre las cuentas inactivas al Grupo de Medios Panorama.
ESTA PRIVATIZACIÓN EXCLUIRÍA A LAS ORGANIZACIONES POPULARES DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN VITAL A PESAR DE QUE LOS TRABAJADORES SON QUIENES FINANCIAN LA SIPEN Y LA SISALRIL
Nuestra Fundación, siempre en defensa del derecho de los trabajadores y de la población en general, solicitó la reacción del Lic. Francisco Torres, Explicó que no existen cuentas inactivas.
Además señalóque las informaciones solicitadas requieren de un gran esfuerzo técnico, Se acordó un pago de 380,000 pesos con una entrega de 180 días hábiles.
La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) considera que cobrar por la entrega de información pública sobre cualquier área del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) sienta un precedente que podría resultar excluyente. Ninguna organización de la sociedad civil, sindicato o confederación podría pagar para recibir información de interés social para ser utilizada sin fines pecuniarios. Tampoco nuestra Fundación que no recibe subsidios de nadie.
Un pago cuantioso y una larga espera podrían constituir una barrera insalvable Estamos ante una modalidad de privatización de la información pública. De mantenerse, se daría la paradoja increíble de que los afiliados tendrían que pagarles a la SIPEN y a SISALRIL para tener derecho a informaciones de su legítimo interés, a pesar de que son los trabajadores quienes financian a estas dos superintendencias con sus cotizaciones mensuales. Nuestra Fundación solicita reconsiderar esta decisión
