La República Dominicana volvió a quedar parcialmente a oscuras este lunes tras registrarse un nuevo apagón general en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), provocado —según la versión oficial— por el disparo del interruptor de la línea de 138 kilovoltios Hainamosa–Villa Duarte.
La interrupción comenzó a las 10:50 de la mañana y, aunque las autoridades activaron los protocolos de emergencia, los efectos se extendieron durante gran parte del día y la noche, impactando la movilidad urbana, el comercio y los servicios públicos.
Se trata del segundo evento de esta magnitud en menos de tres meses, una recurrencia que vuelve a colocar bajo escrutinio la estabilidad del sistema eléctrico dominicano y la capacidad de respuesta institucional ante contingencias de gran escala.
Respuesta oficial y tiempos de reacción
Las primeras declaraciones oficiales fueron ofrecidas alrededor de las 2:30 de la tarde, más de tres horas después de iniciada la falla. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que se activaron los protocolos de emergencia para restablecer el servicio de manera progresiva.
A las 3:00 de la tarde, el funcionario indicó que se había recuperado un 30 % del sistema. Más adelante, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, proyectó que el servicio podría normalizarse cerca de la medianoche.
En un boletín emitido a las 8:00 de la noche, las autoridades informaron que el sistema superaba el 60 % de generación sincronizada. No obstante, en distintos sectores del Gran Santo Domingo y otras localidades del país persistían interrupciones del suministro.
La distancia entre los porcentajes reportados y la experiencia concreta de los ciudadanos fue evidente en redes sociales, donde usuarios denunciaban prolongados cortes eléctricos incluso entrada la noche.
Impacto en la movilidad y servicios públicos
El apagón generó congestión vehicular por semáforos fuera de servicio y afectó el funcionamiento del Metro de Santo Domingo, que registró interrupciones en varias estaciones durante la tarde.
Aunque inicialmente se informó que el servicio operaba con normalidad, posteriormente se reconocieron “paradas técnicas programadas” para verificar la estabilidad del sistema tras las fluctuaciones eléctricas. El director de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), Jhael Isa, explicó que las interrupciones respondieron a medidas preventivas para garantizar la seguridad de los usuarios.
Como medida compensatoria, el servicio fue ofrecido de manera gratuita durante el resto del día.
Un problema estructural
Más allá del evento puntual, el nuevo apagón reaviva el debate sobre la vulnerabilidad del SENI, la dependencia de infraestructuras críticas y la necesidad de modernización tecnológica.
El expresidente Leonel Fernández atribuyó el apagón a la falta de inversiones suficientes para modernizar y diversificar la generación eléctrica. “La República Dominicana se está quedando a oscuras”, expresó a través de su cuenta en la red social X.
Si bien el Gobierno ha señalado avances en ampliación de capacidad y diversificación de la matriz energética, eventos de esta magnitud evidencian que persisten debilidades operativas capaces de provocar fallas en cascada.
Especialistas del sector han advertido en reiteradas ocasiones que la estabilidad del sistema no depende únicamente de la capacidad de generación, sino también de la robustez de las redes de transmisión, los sistemas de protección y la coordinación operativa en tiempo real.
Más allá del restablecimiento
Al cierre de esta edición, el Gobierno informaba que más del 60 % del sistema había sido sincronizado nuevamente. Sin embargo, la normalización técnica no elimina las interrogantes que deja el episodio: ¿por qué una falla puntual en una línea puede desencadenar un colapso nacional?, ¿qué mecanismos de redundancia existen?, ¿están funcionando adecuadamente?
El segundo apagón general en menos de un trimestre no solo afecta la cotidianidad. También interpela la planificación energética, la inversión pública y la transparencia en la gestión de un servicio esencial para el desarrollo económico y social del país.
