El jurista Manny Sierra adelantó que las acusaciones que el Ministerio Público sostiene contra los imputados en el caso Operación Calamar, se han abultado, con el objetivo expreso de impresionar a los jueces que están al frente del mismo.
El experto criminalista explicó que las acusaciones contra esos imputados no son un delito de derecho común, sino que se trata de un delito especial porque hay funcionarios públicos de por medio, que entran en otra legislación.
Agregó que lo peor es que los jueces lo están tolerando, porque la narración de un hecho no amerita el juicio de valor, y la mayoría de las solicitudes de medida de coerción, están cargadas de juicios de valor.
“Para hacer esas cuantificaciones debe haber una auditoría, y no hay una auditoria para armar el expediente, ese manojo de papeles, de más de 3000 páginas, para las solicitudes de medida de coerción, bien pudieron hacerse en 100 o en 200 páginas, pero incluye como soporte todas las confesiones con la finalidad de agrandar y rompe totalmente con la formalidad que ordena el Código Procesal Penal, explicó Sierra.
Añadió que el caso presentado por el Ministerio Público es una serie de elementos innecesarios, parte del discurso en el tribunal, pero no hay que narrar un hecho, porque debe estar sustentado mínimamente en una prueba que lo apoye.
Deficiencia en las pruebas
“En todo este proceso se está hablando de muchas pruebas, ¿pero cuántas pruebas vinculantes hay?; ¿cuántas pruebas legales hay?, esas son las cosas que al final de la jornada la ciudadanía, en 2 años o en tres años va a comenzar a ver”, sostuvo el abogado.
En sentida, expresó que el Ministerio Público aún no tiene un expediente, sino una solicitud de permiso al juez para abrir una fase de investigación, en el cual se están violando los derechos de todos los investigados.
Sierra explicó que no se ha cumplido con el Código Procesal Penal cuando ordena que las diligencias acabadas se deben entregar al investigado para que pueda preparar sus medios de defensa.
“Por eso, cuando se presenta una solicitud de apertura de juicio los casos se cierran y vuelven a cero, y la gente cuestiona por qué no avanzan, y no avanzan porque el derecho contra quien se investiga, se abre cuando se presenta la solicitud de apertura a juicio, cuando todo eso, conforme a nuestra legislación procesal es adversario y contradictorio”, explicó el abogado.
Añadió que frente a esta situación se abre un abanico de posibilidades cuando el imputado comienza a buscar sus propios medios y mecanismos de defensa y probatorio, para contrastar lo que ha ocurrido con las auditorías.
El experto criminalista explicó que en algunas auditorías se tienen hasta 23 hallazgos y luego solo 5 son penales, otros son administrativos y una parte son civiles.
“Entonces, como le llevas a un juez 23 hallazgos de una investigación que hace la Cámara de Cuentas, u otra de las instituciones del estado, y que de 23 hallazgos solo 4 sean penales, y los otros son civiles, tú debes llevarlo a un juez civil”, significó.
Asimismo, Sierra observó que el Ministerio Público actuante en el caso no tiene competencia, sino que debe estar a cargo de un Ministerio Público para el campo electoral.
El jurista señaló que le parece “extraño” lo que ha sucedido, porque justamente al que acusan de financiamiento electoral de campaña electoral es al único de todos los imputados, o de los tres imputados, al que le impusieron prisión domiciliaria.
