Juan Pablo Lira B.
El pasado 7 de mayo, los electores chilenos, concurrieron obligatoriamente a votar para elegir a los 50 miembros del Consejo Constitucional, que tendrá cinco meses para redactar la nueva Constitución a ser plebiscitada el 17 de diciembre venidero.
Dicho Consejo trabajará sobre la base del texto que le será puesto a consideración por la Comisión de Expertos, que en numero de 24 y con paridad de género fueran elegidos por la Cámara de Diputados y el Senado, y que en tres meses ha redactado un borrador de nueva Constitución.
A diferencia del primer y fracasado proceso constitucional, que arrancó forzado por el estallido social de octubre de 2019, el actual ha implicado poner pilares o límites comunes, habiéndose creado para ello las 12 bases constitucionales, siendo ellas inamovibles.
Se suma -además- la existencia de un Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto por 14 juristas que, en calidad de árbitros, velan porque se cumplan estos pilares.
En este contexto deberán trabajar los consejeros constitucionales. A diferencia de lo ocurrido en el proceso anterior que concluyera en septiembre pasado cuando el 62% de los electores rechazara el texto de Constitución propuesto, en este Consejo primará por mayoría absoluta la derecha extrema, pues el Partido Republicano obtuvo el 36% de las preferencias, mientras que los otros partidos de la derecha tradicional obtuvieron un 21%.
Así, sumados representan el 57% del electorado, porcentaje que ese sector no obtenía en Chile desde la década de los cuarenta del siglo pasado, teniendo por tal razón más de los dos tercios y consiguientemente derecho a veto.
De manera que el péndulo, en cuestión de algo más de tres años, se ha movido de un vértice al otro, dejando a la ciudadanía -en general desinformada o poco interesada en el tema-, atónita al igual que a la opinión pública internacional, pues no es sencillo comprender este cambio tan marcado como abrupto.
Así, cuando se conmemoran los 50 años del golpe de estado en el que fuera derrocado el presidente Allende, quién en plena guerra fría, se impusiera en las urnas como el primer presidente marxista elegido democráticamente, las chilenas y chilenos vuelven a ser noticia en el mundo.
De lo que se trata es justamente de reemplazar la Constitución escrita entre cuatro paredes en 1980, y que fuera ratificada en un fraudulento plebiscito en plena dictadura.
Con el resultado alcanzado en los últimos comicios nadie sabe si efectivamente tal Constitución será reemplazada, o si por el contrario se ratificaran los principios constitucionales tras los que se parapeta el modelo económico social imperante en Chile, que entre otras cuestiones a inducido y permitido a que dicho país tenga una de las tasas más regresivas a nivel global en lo que a igualdad social se refiere.
Probablemente, la “madre de todas las batallas” se centrará en la tesis que dice que toda actividad debe ser desarrollada por el emprendimiento privado, y que el Estado solo debe hacerlo subsidiariamente en aquellas áreas en las que los privados se inhiban de hacerlo, lo que generalmente ocurre, cuando se trata de actividades que no producen suculentas utilidades.
En la campaña para elegir a los miembros del Consejo Constitucional, el tema propiamente de la Carta Magna solo estuvo presente de manera tangencial, porque la temática imperante fue la contingencia, desbordada por la migración que ha estado viviendo Chile, y el aumento de la delincuencia atribuido a ella.
De suerte, que el costo para el gobierno presidido por Gabriel Boric ha sido muy alto, quedando en entredicho el cumplimiento del programa de gobierno, cuando aún restan casi tres años de mandato.
