Isidro Toro Pampols
En muchos países los organismos electorales regulan funciones de los partidos políticos en cuanto a la relación con la materia electoral, sea esta de carácter externa o interna de la agrupación que se trate.
El término “organismo electoral” (OE) se refiere al cuerpo u entidades responsables de la gestión electoral, independientemente de cuál sea el marco institucional existente en el país.
La complejidad creciente de los torneos electorales exige una administración que descanse en una o varias instituciones que sean responsables de las actividades relativas porque sobre la confiabilidad de dichos resultados reposa la gobernabilidad en un país democrático.
En República Dominicana estos organismos son la Junta Central Electoral (JCE), Tribunal Superior Electoral (TSE), en algunos casos actúa el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y en oportunidades el Tribunal Constitucional.
Ante una decisión por la que los partidos políticos se sientan perjudicados, estos recurren la misma primero, por la vía administrativa ante la propia JCE y luego, si no están satisfechos, acuden a las instancias judiciales.
Hemos hecho esta introducción porque en estos momentos hay un tema que enfrenta a la mayoría de los partidos dominicanos con la JCE: el de las reservas de candidaturas.
Las agrupaciones políticas, como es lógico, apelan al Derecho, al alcance de las normas plasmadas en la Constitución, las leyes de partidos políticos, así como la electoral.
Discuten y debaten sobre lo que esta escriturado e interpretan sobre la base de doctrina y el espíritu del legislador cuando sanciono las precitadas normas.
Desde el siglo XIX se viene instaurando las ideas liberales en cada país del mundo occidental, a diferente velocidad, con sus variables y matices.
En ninguno se ha impuesto un sistema de manera absoluta, pero el liberalismo ha ido avanzando, aplicando sus reglas independientemente que los partidos gobernantes, en Occidente, sean conservadores, liberales, socialdemócratas, nacionalistas o de cualquier otra orientación.
El neoliberalismo es la expresión radical del liberalismo en el ámbito capitalista occidental. El mismo busca reducir el Estado y transferir al mercado muchas de las decisiones que toman las instituciones públicas.
Sobre la base de este objetivo, funcionan asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que actúan, en representación de la precitada sociedad civil, como grupos de interés en la dinámica política de un país sobre la base de la autorregulación.
Los partidos políticos representaron a la sociedad civil en el momento del tránsito de las monarquías absolutas a los regímenes constitucionales que democratizan el Estado, hecho que se hace presente con fuerza en la Europa durante el siglo XIX.
Hoy las agrupaciones políticas, aunque son sujetos de derecho público, son representantes de la sociedad ante los poderes del Estado.
Actúan articulando los intereses de la comunidad con la visión constitucional del país que se trate y los postulados programáticos del partido político, llevando en sus listas de candidatos a quienes dirigirán los poderes ejecutivo, legislativo, municipal y tendrán mayor o menor influencia en el judicial.
Así que la JCE y demás OE deben garantizar que a lo interno de los partidos impere la democracia, funcionen sus organismos, que los militantes tengan derechos y que su expresión electoral sea el resultado de un ejercicio democrático de sus asociados practicado con toda libertad.
Pero lo que no debe hacerse es imponerles una decisión que debe ser de su agenda interna de discusión. Sobre la base de lo expuestos, la JCE dominicana debería permitirles a los partidos políticos tomar libremente su decisión en materia de candidatura electorales y la reserva no debería ser la excepción. Además, crear un ruido innecesario no le hace bien al sistema político.
Se critica la multiplicación de asociaciones partidarias. Soy de los que piensan que la legislación debe facilitar la conformación de grupos que puedan participar, llevar sus ideas al electorado y permitirle al ciudadano elegir.
Ya la ley establece mecanismos que impiden la “balcanización” del Congreso, en especial de la Cámara de Diputados.
Limitar, igualmente, la financiación pública de los mismos. Cuando un ciudadano se inscribe en un partido político debe conocer su doctrina y Estatutos, mientras que la JCE y demás OE, deben garantizar que se cumplan y sean democráticos.
El tema central es que el neoliberalismo exige reducir los partidos a simples clubes electorales en los cuales sus dirigentes y militantes tengan un derecho mínimo de decisión sobre programas y candidaturas.
La JCE tiene suficiente trabajo en materias de financiación de los partidos, ventajismo, desvío de fondos públicos en función electoral, garantizar la democracia interna, que los militantes sean tomados en cuenta y más.
Así que, si un partido político decide democráticamente y con la participación de sus dirigentes y militantes formalizar una política de reservas de candidaturas, pues la misma está dentro de la filosofía liberal republicana que ha imperado en el país desde su fundación y es contraproducente ir a contracorriente en la materia.
