Un excoronel del Ejército de la República Dominicana interpuso una demanda en responsabilidad solidaria por 50 millones de pesos contra el presidente de la República, Luis Abinader Corona y el Estado dominicano, por incumplimiento de una decisión judicial definitiva que ordenó su reintegro en el cargo y el pago de los salarios dejados de cobrar.
En el recurso fue incoado ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por el exoficial del Ejército, Ariel Concepción, representados por los abogados Manuel Sierra e Ybo Rene Sánchez Díaz.
Los penalistas alegan que con su omisión, el presidente Abinader Corona y el Estado, violan la Constitución de la República en su artículo 148 y las leyes 41-08, 247-2012, 107-13 y la 13-07, con sus respectivos artículos 90-91, 12-17 y 57-60, sin desmedro de algunos precedentes del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y el Tribunal Constitucional (TC-RD), al no ejecutar la sentencia número 432-2013, del 21 de diciembre del año 2013.
En el auto del TSA se ordena emplazar al jefe del Estado, como persona moral responsable y al Procurador General Administrativo para que, en el plazo de 30 días, produzcan sus escritos de defensas sobre el fondo del recurso contencioso administrativo ejercido por el exoficial.
Los cuerpos jurídicos del Ejercito de la República y el Ministerio de las FF.AA número 240-2014, enviaron el oficio 25468 de fecha 25 de agosto del año 2014, al presidente de turno, Danilo Medina Sánchez, solicitándole el reintegro del excoronel, debido a que la sentencia era definitiva, debido a que con su cancelación sin decreto le fueron violado sus derechos fundamentales y por ende, en cumplimiento de la sentencia, dicho ministro solicitaba al jefe del estado que dieran cumplimiento a la sentencia del TSA, pero hasta ahora no ha sido ejecutada.
Los abogados afirman que procurando la ejecución de la misma, intimaron y pusieron varias veces en mota al presidente de la República mediante actos de alguacil, y que a la fecha continúa el desacato, a pesar de que el mandatario, juró ante la Biblia y la Constitución cumplir y hacer cumplir las leyes y las decisiones emanadas de los tribunales del País, sin embargo, esta sigue haciendo lo contrario, tal como recientemente lo manifestó el presidente el TC, doctor Milton Ray Guevara en un discurso a la comunidad jurídica.
Los juristas que el desacato de la sentencia de parte del Ejecutivo, a Ariel Concepción no le quedó otra vía que interponer una demanda en daños y perjuicio patrimonial a los fines de que el actual Presidente cese en su desacato, y se apegue al respeto y la independencia de la justicia cumpliendo con la ley y el fallo de la sentencia, ya que la misma es una decisión que alcanzó la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, tal como lo admitió en un oficio el exministro Muñoz Delgado en los oficios números 240-2014 y 25468 de fecha 25 de agosto del año 2014, los cuales envió al presidente de entonces Danilo Medina Sánchez.
Asimismo, el exoficial también, puso en mora al actual Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional para que en un plazo de 15 días para que ejecuten la sentencia en los salarios no pagados ordenados en la sentencia del 2013, pero estos tampoco han respetado el principio sagrado de la Constitución, ya que al parecer en el Ministerio la señora Candy Díaz Morfa, se erige en ley batuta y constitución violando lo dispuesto en varias sentencias, ella no cree en eso.
Atreves de sus abogados Sierra y Sánchez Díaz, el suspendido coronel, lamentó por otro lado que el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta, también recientemente envió al Ministro Díaz Morfa, un oficio sobre la sentencia, pero que con el mismo no se ha hecho nada ya que el consultor jurídico del Ministerio en complicidad con la Generala Candy Díaz Morfa, se niegan a obedecer el oficio no. 0617-2023, que les remitió el Dr. Antoliano Peralta, desobedecido a pesar de que les dice que deben cumplir lo ordenado por el TSA, ya que es definitiva.
Afirman que esa acción de ambas partes es abusiva y constituye un desacato a una decisión de un órgano judicial, en violación al artículo 148 de la Constitución y el artículo 57 al 60 de la Ley 107-13, 90 y 91 ley 41-07, que estatuyen la obligatoriedad de ejecutar las decisiones judiciales definitivas y responsabilidades patrimoniales de los funcionarios públicos, de lo que no escapa el Presidente de la Republica.
Los juristas lamentaron que a pesar de que el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, se quejó acerba y publicamente en el discurso rendido ante el País, sobre que el Gobierno Central y las Fuerzas Armadas son las instituciones más incumplidoras de las sentencias, este presidente que ha propugnado por la independencia de la justicia, no acate las decisiones emanadas de los tribunales, siguen los desacatos deportivamente.
Los litigantes hicieron acopio de las declaraciones de Ray Guerava, quien dijo: “En el Tribunal Constitucional reposa un total de 92 sentencias pendientes de ejecución, por parte de autoridades públicas y privadas. Resulta difícil de entender que, de esa cantidad, 58 casos de inejecución corresponden a instituciones del gobierno central, quienes deben dar el ejemplo”.
