El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional varió la medida de coerción al exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
Se le impuso impedimento e salida del país, presentación periódica y el pago de una garantía económica de 4.5 millones de pesos, por su vinculación en el supuesto entramado de corrupción, dado a conocer mediante la operación Calamar.
De los exfuncionarios señalados en el caso, solo Peralta permanecía en prisión.
