El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) está consciente de que la reforma fiscal es inevitable, necesaria y habrá de sentar las bases para la consolidación de las finanzas públicas. Su membresía se mantiene en sesión permanente. Considera que debe respetar los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad del régimen tributario, consagrados en el artículo 243 de la Constitución.
El presidente del gremio empresarial, Celso Juan Marranzini, en un discurso pronunciado en Santiago de los Caballeros, a propósito de celebrar en esa ciudad el 61 aniversario del gremio empresarial, puso de manifiesto la necesidad de que se construya un sistema tributario ágil y simple, que traiga consigo una progresividad en función de la capacidad contributiva de cada sector.
Para el Conep, el proyecto debe considerar la gradualidad en la aplicación de las medidas que así lo americen. Sugiere una reforma fiscal que corrija y evite distorsiones que sean un freno al desarrollo, que desincentive la competencia desleal y el comercio ilícito, así como la informalidad, el fraude y la evasión fiscal.
“Hay preguntas que hace semanas nos persiguen por todas partes: ¿Cuándo será la reforma? ¿De qué tamaño será la reforma? ¿Qué efectos traería consigo la reforma?”, expresó el líder empresarial en un discurso que también coincide con la celebración del Día Nacional de la Empresa Privada.
Marranzini, aunque asegura que no tener las repuestas a estas interrogantes, sí coincide en que el abordaje del tema fiscal no debe ser visto de manera segregada ni coyuntural. Considera que debe ser objeto de un amplio proceso de consulta y discusión, que conduzca, como ha dicho el presidente Luis Abinader, a la concertación integral de un gran pacto de nación.
Reveló que el Conep ha venido trabajando en sesión permanente, consultando a su membresía e identificando puntos de interés común. “Si abordamos este tema desde la frialdad de los números, nos colocamos frente a una realidad compleja. Nuestro país opera con un déficit que anualmente ronda el 5% del PIB”, sostiene el presidente del Conep.
De manera específica, detalla que un déficit de 5% del PIB significan US$6,000 millones, es decir, RD$350,000 millones. En lo que sí está de acuerdo es en que, medidos por la presión tributaria, los ingresos del Estado son bajos.
Sin embargo, destaca que cuando se profundiza en la eficiencia, según el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), por cada peso que el Estado podría recaudar del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y Servicios (ITBIS), apenas recibe 34 centavos, y de los 66 que no recibe, 47 centavos no entran a las arcas públicas por evasión, contrabando, informalidad, entre otros. “Definitivamente, un proyecto de reforma fiscal debe abordar estas distorsiones”, destaca.
Explica que cuando se analiza el comportamiento del gasto, se ha registrado aumentado de un 17% del PIB antes del covid a un 19% en la actualidad, lo que, a su juicio, parecería ser la nueva normalidad.
Sin embargo, dice, el gobierno enfrenta limitaciones de recursos para poder construir las obras para el desarrollo y mejorar los servicios requeridos por la población, como la seguridad ciudadana. Indica que mientras el gasto de capital se ha reducido 1%, el corriente ha aumentado 3% del PIB.
“Sólo en el sector eléctrico, los subsidios por pérdidas en las EDE superan los US$1,500 millones o alrededor de 1.5% del PIB, es decir, gran parte del déficit fiscal está explicado por los problemas del sector eléctrico”, sostiene.
Marranzini planteó las siguientes preguntas: ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son los ingresos posibles y en qué gastarlos? ¿Cómo abordamos temas estructurales pendientes que en el tiempo se han convertido en hemorragia o derroche de recursos? En otras palabras, cuestiona, ¿cómo nos acercamos al compromiso plasmado en la Estrategia Nacional de Desarrollo de garantizar sostenibilidad fiscal a largo plazo?
El presidente del Conep considera que la reforma fiscal debe enfocarse hacia el fomento de la calidad, transparencia y eficiencia del gasto público. Afirma que son urgentes las acciones necesarias para la eliminación de las pérdidas en las EDE.
Además, entiende que debe lograr la consolidación de la deuda pública con un enfoque de sostenibilidad, y basada en la realidad de las finanzas públicas. Además, que se instaure un robusto sistema de rendición de cuentas e indicadores de medición y seguimiento que viabilicen evaluar los resultados esperados.
“Un Parche fiscal sería un retroceso. Es por esto por lo que el enfoque de un posible pacto fiscal debe estar orientado a promover empleo, inversión y bienestar social, impulsando nuestro crecimiento y desarrollo”, afirmó.
Retos
El presidente del Conep también mencionó la calidad en la educación como uno de los retos que tiene República Dominicana.
A su entender, sigue siendo el desafío más significativo y posiblemente de mayor impacto para el desarrollo social y económico a futuro de nuestro país.
En este sentido, considera impostergable dar un salto cualitativo en esta materia, para aprovechar las oportunidades que se presentan con el nearshoring, los semiconductores, la enorme transformación tecnología que actualmente vive el mundo y la gran plataforma de oportunidades que ofrece República Dominicana para la atracción de inversiones en diversos sectores de la economía.
Solo así, dice, la inversión que con tanto esfuerzo realiza la sociedad dominicana, dedicando el 4% del PIB a educación, rendirá frutos y podrá traducirse en mayores y mejores oportunidades para nuestros jóvenes.
Indica que para lograr ese objetivo es necesario hacer frente a varios desafíos, entre ellos la alta rotación de autoridades y la politización de un sindicato de maestros totalmente desvirtuado con intereses contrarios al interés nacional.
Conep pide una reforma fiscal que incluya ingresos y gastos
