Dr. Isaías Ramos
La aberrante situación del sector energético en nuestro país tiene su origen en un modelo diseñado para saquear los bienes públicos de manera legal. La Ley No. 141-97, conocida también como la Ley de «La Capitalización», se enmarcó en las políticas neoliberales asumidas por gobernantes títeres de los intereses extranjeros.
Estos buscaban minimizar la intervención del Estado y relegarlo a un rol de regulador limitado frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros, que lucraron a costa de nuestro sistema eléctrico público.
La «capitalización» transformó el suministro eléctrico, antes considerado un servicio estratégico y de seguridad estatal, en un negocio especulativo dominado por el capital extranjero.
Esto resultó en un compromiso social roto, donde el Estado, que debía asegurar la provisión de electricidad de manera sostenible y competitiva, se convirtió en un modelo obstaculizador y perjudicial para el desarrollo económico y social del país.
Es inaceptable que este modelo, causante de cerca del 50% del endeudamiento del sector público no financiero, pretenda profundizarse.
Ya se escuchan voces dentro del sistema manipulando la realidad con el fin de justificar la entrega total y absoluta del sector a manos privadas. Esto significaría más subsidios, duplicidad de los precios del servicio eléctrico y apagones sin tregua para los más vulnerables.
Nos enfrentamos a un oligopolio legalizado, donde empresas sin competencia real, apoyadas por políticos sin visión social ni patriótica, han dilapidado más de 25 mil millones de dólares pagando la energía a precios exorbitantes a generadores independientes.
Esta estructura no solo ha comprometido nuestra soberanía energética y economía, sino también la moral y el progreso de nuestro pueblo.
Debemos replantear este modelo capitalista, especulativo y extractivo, hacia un sistema que refleje los principios de nuestra Constitución: una economía social que proteja los servicios básicos y esenciales, asegurando los derechos económicos y sociales de cada dominicano.
La clase política y los ciudadanos deben entender que sin un cambio radical, no podremos satisfacer la necesidad de un servicio eléctrico eficiente y justo.
Es hora de resistir las presiones del oligopolio que busca mantener el caos para proteger sus ganancias a corto plazo. Los defensores de este sistema corrupto intentan engañarnos, atribuyendo el fracaso a la mala gestión y la falta de pago por parte de los usuarios, en lugar de reconocer la falla inherente en el modelo mismo.
Es crucial que la reforma eléctrica abarque un cambio total del modelo. Este debe garantizar soberanía energética, precios justos, reflejando los costos reales de producción y evitando privilegios inconstitucionales.
Solo así podremos competir en un mercado abierto, mejorar la seguridad nacional y elevar la calidad de vida de todos los dominicanos.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que, con solo el desperdicio de fondos en «subsidios» de los últimos tres años más 4 mil millones de dólares que se podrían haber invertido en el desarrollo de infraestructura de energía renovable como la eólica y solar, el problema energético del país estaría solucionado con energía sostenible, confiable, competitiva y amigable con el ambiente.
En el FCS entendemos que como ciudadanos de esta tierra rica, no podemos seguir permitiendo que nuestro futuro sea dictado por unos pocos a costa del bienestar de muchos.
Es tiempo de reclamar lo que es justo, de alzar la voz y de exigir un sistema que trabaje para nosotros, que garantice no solo electricidad, sino también esperanza y dignidad para cada dominicano.
¡Despierta, RD!
