Un tribunal de San Cristóbal confirmó las condenas de 20 y 10 años de prisión impuestas a dos personas vinculadas a una red criminal de lavado de activos y narcotráfico a la que en 2021 se le ocuparon 892.21 kilogramos de cocaína clorhidratada.
La Primera Sala de la Cámara Penal del Departamento Judicial de San Cristóbal rechazó el recurso de apelación interpuesto por Jhon Braulio Acuña Chavarría y Haidee Gabriela Hernández de Acuña, al considerar que el Ministerio Público probó de manera suficiente los hechos imputados y que la sentencia no presenta los vicios alegados por la defensa.
Además de las penas privativas de libertad, la sentencia penal núm. 301-04-2024-SSEN-00125, dictada el 12 de noviembre de 2024 por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Peravia, impuso multas equivalentes a 400 y 200 salarios mínimos, respectivamente.
El fallo también confirmó el decomiso de siete propiedades de lujo, vehículos de alta gama, dinero en efectivo y armas de fuego, incluyendo fusiles y pistolas.
Red criminal transnacional
El Ministerio Público recordó que la estructura criminal estaba integrada por personas físicas y jurídicas de distintas nacionalidades, entre ellas dominicanos, holandeses, venezolanos y arubeños, quienes introducían grandes cantidades de drogas al país por vía marítima.
Por este mismo caso, anteriormente fueron condenados Ronny Anyolin Guerrero Reyes a ocho años de prisión y Carmen Magdalena Ramírez Pérez a cinco años de prisión suspendida bajo condiciones. Asimismo, un ciudadano arubeño fue sentenciado a 20 años de prisión, aunque posteriormente falleció mientras recibía tratamiento médico.
Detalles del decomiso de drogas
El 29 de abril de 2021 las autoridades decomisaron 35 sacos de nylon con 872 paquetes que contenían 892.21 kilogramos de cocaína clorhidratada, identificados con el logotipo “La Patrona” y certificados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
También fueron ocupados 26.4 kilogramos de cocaína en la residencia de Albertico Franklin Leyng y David Alberto Leug, quienes permanecen prófugos.
La procuradora Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, señalaron que las condenas fueron confirmadas debido a la solidez del conjunto probatorio presentado.
El fiscal investigador Pedro Medina Quezada representó al Ministerio Público durante la audiencia ante los jueces de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Newton Alexis Pérez Nin, Yocelin Calvo Peña y Bartolomé Michael Castillo Sánchez.
