El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, afirmó que Francisco “Pancho” Álvarez, coordinador del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, busca perjudicarlo con el denominado “8vo informe”, con el objetivo de obtener beneficios personales.
Rodríguez aseguró que durante sus cuatro años al frente de la Procuraduría General de la República tuvo múltiples interacciones con Álvarez, quien acudía a su despacho con cuestionamientos similares a los actuales.
“No olvidemos que yo fui procurador general de la República por cuatro años. Tuve que lidiar con Participación Ciudadana y con Pancho Álvarez. Iban a mi despacho, como hacen ahora, de forma clara y precisa a preguntar cosas. ¿Qué quieres que diga? Sin importar si fuera cierto o no”, expresó el exfuncionario durante una rueda de prensa.
El exprocurador indicó que, durante ese período, nunca accedió a solicitudes indebidas. “No era mi forma. Nunca le he hecho daño a nadie. No me pedía que les hiciera daño a personas ni que citara a personas”, manifestó. Añadió que su objetivo no es atacar, sino demostrar su inocencia ante la ciudadanía.
“Yo no estoy aquí para atacar. Estoy aquí para probarle a la ciudadanía mi inocencia y que con este caso se dé un ejemplo. Y si tengo que decirlo, lo voy a decir. Lo estoy evitando”, sostuvo.
Rodríguez calificó el proceso en su contra como “insalvable”, alegando que fue preparado con odio, rencor e intereses políticos. “Junto a mis abogados vamos a demostrar nuestra inocencia por todas las vías”, afirmó.
Defensa califica informe como “pasquín político”
El Consejo de Defensa del exprocurador calificó el “8vo informe” de Participación Ciudadana como un documento carente de rigor jurídico y con fines políticos.
Según la defensa, el informe se difunde en un momento en que el proceso penal contra Rodríguez se acerca a los seis años de duración, superando el límite de cuatro años establecido en el artículo 150 del Código Procesal Penal. Alegan que el documento contiene informaciones falsas, tergiversadas y manipuladas con el propósito de influir en el sistema de justicia.
Asimismo, acusaron al grupo de intentar desacreditar al tribunal y al sistema de justicia penal, utilizando precedentes jurisprudenciales desactualizados de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional.
Debate sobre el plazo razonable del proceso
La defensa sostiene que Participación Ciudadana intenta confundir a la opinión pública al diferenciar el “plazo razonable” constitucional del límite de cuatro años establecido en el Código Procesal Penal.
En ese sentido, señalan que decisiones antiguas citadas en el informe han sido superadas por jurisprudencia más reciente del Tribunal Constitucional, como la sentencia TC/0538/25, que establece que el plazo razonable coincide con el límite máximo de cuatro años.
También rechazaron la afirmación de que dichos plazos sean referenciales, calificándola como una “aberración jurídica”, y citaron la sentencia TC/1296/25, que establece que el plazo máximo es vinculante para todo el proceso judicial.
Acusaciones de parcialidad y manipulación
El equipo legal acusó a Participación Ciudadana de actuar con parcialidad y de promover casos de presunta corrupción alineados con el Ministerio Público, con el fin de obtener beneficios políticos e institucionales.
Señalaron que varios miembros de la organización han sido designados en cargos públicos relevantes, incluyendo a Carlos Pimentel, Roberto Álvarez, Rafael Toribio, Juan Bolívar Díaz, Claudia Troncoso, Miguel Ceara Hatton y el propio Francisco Álvarez.
Cuestionamientos al proceso judicial
La defensa argumentó que el informe omite información clave, como: Qué Rodríguez permaneció cuatro años en prisión preventiva. Que nunca faltó a audiencias ni solicitó aplazamientos. Que las dilaciones han sido responsabilidad del Ministerio Público.
Indicaron que la investigación inició en agosto de 2020 y que se impusieron restricciones migratorias en noviembre del mismo año, activando el cómputo del plazo procesal.
También denunciaron que el Ministerio Público tardó cerca de dos años en investigar, excediendo los plazos legales, y que presentó una acusación excesivamente voluminosa, con más de 12,000 páginas y cientos de miles de archivos digitales desorganizados, lo que generó retrasos adicionales.
Asimismo, señalaron incumplimientos en la entrega de pruebas, solicitudes contradictorias como el desglose y posterior fusión de expedientes, y múltiples aplazamientos que extendieron el proceso a seis años.
Finalmente, destacaron que en tres ocasiones los tribunales han rechazado alegaciones del Ministerio Público sobre supuestas tácticas dilatorias de la defensa, atribuyendo los retrasos al propio órgano acusador.
Próxima audiencia
En la próxima audiencia, pautada para el lunes, los abogados de Jean Alain Rodríguez continuarán presentando incidentes ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
