Justicia en RD avanza, pero enfrenta retos de acceso y recursos, según PNUD



Un nuevo análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela avances significativos en la transformación institucional y la eficacia de la justicia en la República Dominicana.

El informe, titulado “Transformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano”, destaca la alta capacidad resolutiva del sistema, aunque señala desafíos estructurales que aún limitan el acceso efectivo.

Logros e hitos internacionales
Basado en datos del Poder Judicial, el estudio resalta progresos en transformación digital y cumplimiento de plazos. Estos avances posicionan al país en el puesto 76 de 143 naciones en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2025, logrando una mejora del 2.1% en un entorno global de deterioro institucional.

Entre los hitos clave destacan:
Ley 339-22: Regulación del uso de medios digitales; la Firma Digital: Más de 3 millones de documentos procesados.

La eficiencia: El 66% de los trámites son electrónicos y se redujo en 21.6 días el tiempo de solución de procesos.

La brecha territorial y capacidad resolutiva
Desde 2020, el sistema mantiene una capacidad resolutiva promedio del 94.9%. Sin embargo, persisten disparidades según el desarrollo humano de cada provincia:

En el Distrito Nacional: 100.5% de resolución (Desarrollo humano alto); en Santo Domingo: 90.8% (Desarrollo humano medio-bajo) y Monte Cristi: 87.9% (Desarrollo humano bajo).
El PNUD enfatiza que el acceso a la justicia no es una abstracción, sino una experiencia vinculada a la proximidad geográfica y la capacidad de respuesta local.

El desafío: Menos jueces y menos presupuesto
A pesar de la modernización, el informe alerta sobre una reducción de recursos críticos entre 2021 y 2025: Densidad de jueces: Cayó de 7.4 a 6.6 por cada 100,000 habitantes.
Presupuesto: El Poder Judicial pasó de recibir el 1.05% del presupuesto nacional en 2019 a solo un 0.87% en 2025.

Comparativa: Mientras RD reduce su inversión, países como Costa Rica destinan cerca del 4% de su presupuesto público al sistema judicial.

«Robustecer el sistema judicial no es un gasto, sino una inversión pública estratégica para el desarrollo humano», subraya el documento.

Obstáculos y percepción ciudadana.
Un sondeo complementario reveló que el 36.3% de los usuarios enfrentó obstáculos, principalmente demoras, costos legales y deficiencias en la atención. Además, existe una brecha de información: 7 de cada 10 personas desconocen los servicios digitales disponibles, lo que limita su autonomía.

Recomendaciones y Presentación
Los hallazgos se presentaron en la Conferencia Nacional del Poder Judicial 2026, con la participación de magistrados y representantes del PNUD. El informe propone fortalecer la justicia de proximidad, mejorar la planificación basada en datos e involucrar a la comunidad en mecanismos alternativos de resolución de conflictos para cerrar las brechas actuales.

El informe fue presentado por los representantes del PNU, Ana María Diaz y economista senior de la entidad, Sócrates Batinas, durante la Conferencia del Poder Judicial 2026 celebrada la semana pasada, fue una iniciativa que busca trazar el camino hacia la justicia del futuro, consolidar consensos y promover la transformación del sistema judicial dominicano.

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