Celso Juan Marranzini, presidente del Conep.
SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) reafirmó este lunes su compromiso con la creación de un sistema moderno y sostenible para la gestión de residuos sólidos; sin embargo, expresó preocupación sobre el método utilizado por el Congreso Nacional para aprobar las recientes modificaciones legislativas, calificándolo de precipitado y limitado en cuanto a análisis técnico.
El gremio empresarial subrayó que, si bien la facultad de declarar la urgencia es una herramienta constitucional legítima para situaciones excepcionales, su uso frecuente en reformas que alteran obligaciones económicas y reglas de operación productiva debe manejarse con «prudencia y responsabilidad institucional».
Impacto acumulativo en el sector productivo
Uno de los puntos críticos señalados por el CONEP es la concentración de nuevas cargas económicas sobre los mismos contribuyentes que ya enfrentan un incremento reciente en la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR). Según el gremio, las políticas públicas no deben evaluarse de forma aislada, sino por su efecto acumulado.
“La proporcionalidad exige ponderar el impacto conjunto de las obligaciones regulatorias y tributarias, evitando que la reiterada concentración de cargas sobre un mismo segmento termine afectando la competitividad que el país necesita preservar”, puntualizó la entidad. Asimismo, recordó que estas empresas ya asumen actualmente los costos operativos de la disposición final de los residuos que generan.
Además del componente fiscal, el CONEP señaló que existen «distorsiones pendientes de corregir», particularmente en la gobernanza del sistema. El gremio cuestionó la inclusión de los beneficiarios del Fideicomiso para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos dentro del proceso de toma de decisiones del mismo, señalando un posible desequilibrio en la administración de dichos fondos.
Un llamado al diálogo
El CONEP enfatizó que esta problemática no es una cuestión de tamaño empresarial, sino una amenaza al tejido productivo nacional. En ese sentido, reiteró su invitación al Congreso Nacional para que abandone la celeridad como criterio principal de aprobación legislativa.
“Las mejores leyes no son necesariamente las que se aprueban con mayor rapidez, sino aquellas que nacen del diálogo y la evidencia técnica”, concluyó el Consejo, subrayando que la estabilidad y previsibilidad del marco regulatorio son pilares fundamentales para proteger la confianza de los inversionistas y la seguridad jurídica del país.
El gremio finalizó su posicionamiento reiterando que cualquier reforma de amplio impacto debe construirse a través de procesos participativos, donde los sectores involucrados tengan la oportunidad real de estudiar los textos y evaluar sus impactos socioeconómicos.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) reconoció la importancia de revisar periódicamente el marco legal para la gestión integral de los residuos sólidos para responder a nuevos desafíos, sin embargo, reitera su preocupación por la forma en que se procura conocer una reforma de esta trascendencia, mediante un procedimiento legislativo que reduce significativamente los espacios de análisis y deliberación técnica que una iniciativa de este alcance demanda.
La facultad constitucional de declarar la urgencia constituye una herramienta legítima para atender circunstancias excepcionales. No obstante, insistimos en que su utilización para reformas que modifican de manera sustancial obligaciones económicas y reglas de funcionamiento de la actividad productiva debe ejercerse con prudencia y responsabilidad institucional. La legitimidad y calidad de las leyes depende de la oportunidad real de estudiar los textos, evaluar sus impactos y escuchar a los sectores involucrados. La estabilidad y previsibilidad del marco regulatorio constituyen, además, activos esenciales para preservar la confianza y promover la inversión.
El CONEP considera igualmente preocupante que el proyecto concentre una parte importante de las nuevas cargas económicas sobre las mismas empresas que recientemente asumieron un incremento de la tasa del Impuesto sobre la Renta y que sostienen una parte significativa de las recaudaciones tributarias del país. Estas empresas, en adición, asumen los costos de la disposición final de los residuos que generan.
Esta no es una discusión entre grandes, medianas o pequeñas empresas. Todas forman parte de un mismo tejido productivo y todas son indispensables para el desarrollo nacional. Las políticas públicas deben evaluarse por su efecto acumulado y no de manera aislada. La proporcionalidad exige ponderar el impacto conjunto de las obligaciones regulatorias y tributarias, evitando que la reiterada concentración de cargas sobre un mismo segmento termine afectando la competitividad que el país necesita preservar.
En adición, existen distorsiones pendientes de corregir como el desequilibrio en su gobernanza al introducir a beneficiarios del Fideicomiso para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el proceso de toma de decisión del mismo.
Una vez más manifestamos que las reformas de amplio impacto deben construirse mediante procesos participativos, sustentados y suficientemente deliberados.
El CONEP hace un llamado al Congreso Nacional a garantizar que esos criterios orienten el proceso legislativo, convencido de que las mejores leyes no son necesariamente las que se aprueban con mayor rapidez, sino aquellas que nacen del diálogo y la evidencia técnica, fortaleciendo simultáneamente la sostenibilidad ambiental, la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y el clima de inversión del país.
