Dr. Isaias Ramos
En América Latina y el Caribe, 41 de cada 100 personas lograron ascender económicamente. En República Dominicana, no llegaron ni a 2 de cada 100. El Banco Mundial lo resumió con crudeza: apenas 1.8% de movilidad ascendente frente a 41.4% regional, mientras más del 19% de los dominicanos empeoró su condición entre 2000 y 2011.
Por eso podemos decir que aquí la movilidad social está prohibida. No por una ley escrita, sino por un modelo que la bloquea: salarios insuficientes, servicios públicos débiles, privilegios sin rendición de cuentas, subsidios sin auditoría y crecimiento que se anuncia en discursos, pero no sube al pueblo.
Un informe de clima social de LS Consulting retrata esa fractura. Entre los consultados, 96% sintió aumento de precios; 86% cree que, por más que se trabaje duro, es muy difícil progresar; 75% se ha endeudado porque sus ingresos no alcanzan para gastos básicos; y 84% no siente el crecimiento económico en su vida diaria.
Ahí está el drama dominicano: no es falta de esfuerzo, es falta de camino. La gente trabaja y resuelve; pero cuando el hogar recorta comida, salud, transporte y servicios, la movilidad social se vuelve una pregunta íntima: ¿todavía puedo darle a los míos lo que necesitan? Cuando un país crece, pero su gente no sube, el problema no es solo económico. Es moral, político e institucional.
La Constitución no ordena un Estado indiferente ni un país administrado como finca de privilegios. Ordena un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en dignidad humana, derechos fundamentales, trabajo, soberanía popular y separación de poderes. El problema dominicano no es la ausencia de Constitución: es la presencia de un modelo que la contradice todos los días.
Ese modelo no necesita declarar que quiere mantener pobre a la mayoría. Basta con organizar incentivos para que sectores privilegiados reciban protección, exenciones, subsidios o rentabilidad garantizada, mientras el trabajador recibe salarios insuficientes, servicios precarios y pocas vías reales de ascenso.
Esto no es contra empresarios productivos. Es contra privilegios sin retorno público, incentivos permanentes y costos que caen sobre el ciudadano común. Todo beneficio debe responder una pregunta: ¿qué recibe la nación a cambio?
El informe oficial de gasto tributario calcula para 2026 RD$393,541.54 millones, 4.54% del PIB: dinero que el Estado decide no cobrar mediante exenciones e incentivos. Por eso urge un mapa de beneficiarios, costos, retornos y fechas de revisión.
Si el Estado deja de cobrar, el pueblo tiene derecho a exigir resultados: empleo digno, productividad, tecnología, encadenamientos, exportaciones y salarios que permitan vivir.
Miremos la contradicción. En el turismo hotelero, uno de los rostros más celebrados del modelo dominicano, el salario mínimo llegará a RD$21,840 mensuales en junio de 2026. Mientras tanto, Global Living Wage Coalition estima para Santo Domingo un salario digno de RD$40,051 mensuales en 2025.
Esa brecha revela el fondo: celebramos récords de visitantes, inversión y ocupación, pero muchos trabajadores que sostienen esa vitrina siguen lejos de un ingreso suficiente. Un empleo que no permite salir de la pobreza no es movilidad social. Es contención social.
También por eso la lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni teatral. Cuando no recupera bienes, no desmonta redes, no cambia reglas, no audita subsidios ni transparenta concesiones, deja de ser justicia y se convierte en espectáculo. Una justicia-espectáculo entretiene la indignación, pero no reconstruye movilidad social.
La historia muestra dos caminos. Corea del Sur, Taiwán y Singapur combinaron política pública, disciplina de desempeño, exportaciones y capacidades. Líbano y Sri Lanka muestran el costo contrario: déficits persistentes, subsidios mal diseñados, deuda y decisiones postergadas hasta que la crisis estalla, empuja a millones hacia la pobreza y obliga a ajustes más dolorosos que las reformas evitadas a tiempo. La diferencia está en si el Estado financia futuro o administra privilegios.
El sector eléctrico dominicano es una advertencia cercana. El FMI ha señalado pérdidas de distribución, tarifas por debajo del costo, subsidios mal focalizados, ineficiencias y fraude; además, estima que el déficit eléctrico promedió 1.5% del PIB entre 2022 y 2024. Esa luz se paga tres veces: en la factura, en los impuestos y en las oportunidades perdidas.
El riesgo mayor es normalizar un orden corporativo, clientelar y de privilegios: uno que pide sacrificios al pueblo, pero no se exige sacrificio a sí mismo. El mismo informe muestra que 78% de los consultados siente que el gobierno no da el ejemplo cuando pide austeridad.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que la salida exige una coalición nacional responsable: trabajadores, empresarios productivos, jóvenes, comunidades, iglesias, academia y Estado, bajo una regla común: todo apoyo público debe producir retorno público.
El país no puede seguir financiando privilegios en nombre del pueblo. La propuesta es institucional: volver al mandato constitucional y activar el Estado Social y Democrático de Derecho.
La salida no es abandonar a los pobres; es protegerlos mejor. No es quitar ayuda; es focalizarla y auditarla. No es perseguir inversión; es exigir retorno público: salario digno, productividad, tecnología, sostenibilidad, encadenamientos locales y movilidad social.
No venimos a proponer una aventura ni a dividir al país entre buenos y malos. Venimos a convocar una mayoría responsable para gobernar conforme a la Constitución.
Porque un país donde en América Latina suben 41 de cada 100, pero aquí no suben ni 2 de cada 100, no necesita más propaganda de crecimiento. Necesita romper el modelo que bloquea el ascenso de su gente y poner en funcionamiento el Estado Social y Democrático de Derecho.
Ya basta de improvisar: es tiempo de gobernar con orden constitucional.
