El secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, criticó este lunes el recurso de apelación presentado por el Estado dominicano contra el auto de no ha lugar que favoreció al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, al considerar que el proceso responde a una práctica de “lawfare” o utilización del sistema judicial con fines políticos.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Dantés afirmó que ha sido crítico de esta práctica desde sus inicios y sostuvo que cuando la justicia se instrumentaliza para perseguir adversarios políticos deja de cumplir su función. “Cuando la justicia se instrumentaliza para destruir adversarios políticos, deja de ser justicia. Convertir el proceso penal en un instrumento de persecución degrada la justicia, erosiona las libertades y deja a todos los ciudadanos a merced del poder de turno. Esto es lawfare”, expresó.
El dirigente peledeísta agregó que, en su condición de secretario jurídico del PLD, mantiene una posición firme en defensa de la independencia judicial, el debido proceso y el Estado de derecho. “Reafirmo una posición que he sostenido de manera consistente: la defensa de la independencia judicial, el debido proceso y el Estado de Derecho. No al lawfare”, manifestó.
Las declaraciones de Dantés se producen luego de que el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) interpusiera un recurso de apelación parcial contra la resolución emitida el pasado 29 de mayo por la jueza Altagracia Ramírez, que dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo y otros imputados en el denominado Caso Calamar.
El recurso, depositado ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, solicita que la Cámara Penal de la Corte de Apelación revoque esa decisión, ordene la apertura de un juicio de fondo y mantenga las medidas de coerción y restricciones patrimoniales impuestas durante el proceso.
Tras conocerse la apelación, Gonzalo Castillo aseguró que el Gobierno y sus representantes legales buscan mantener medidas en su contra para impedir una eventual candidatura presidencial en 2028. “Hoy el Gobierno del PRM y sus abogados apelaron la decisión de la jueza que me otorgó un auto de no ha lugar. Quieren revocar la decisión y mantener medidas de coerción en mi contra para tratar de frenar mi candidatura en 2028”, expresó el exfuncionario.
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