Los errores políticos tienen una característica particular: no necesita malas intenciones para causar daños.
Marino Beriguete
Hay una discusión recurrente en la vida pública. Aparece cada cierto tiempo, cambia de protagonistas y de escenario, pero siempre termina en el mismo lugar: la necesidad de más dinero para el Estado.
Entonces llegan las propuestas de nuevos impuestos, los ajustes fiscales y los llamados a la responsabilidad ciudadana. Lo curioso es que casi nunca se empieza por la pregunta más sencilla ¿estamos gastando bien?
La política en este país ha producido políticos de todos los colores. Ha tenido líderes hábiles, oportunistas, vendedores de ilusiones y administradores razonables. Pero el problema no ha sido la maldad de algunos ni la ambición de otros. Sino los errores.
Los errores políticos tienen una característica particular: no necesita malas intenciones para causar daños. Basta con la incapacidad de entender las consecuencias de las decisiones que se toman. Basta con repetir fórmulas agotadas porque son cómodas. Basta con defender privilegios evidentes mientras se exige sacrificios a quienes ya soportan la mayor carga.
Por eso resulta llamativo que cada vez que aparecen dificultades fiscales la solución propuesta sea pedir más dinero a la población. Como si el problema estuviera únicamente en los ingresos y no en la forma en que se distribuyen los beneficios y las cargas dentro del sistema.
Antes de hablar de una reforma fiscal, el país debería discutir otras prioridades. La primera sería eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. No parece razonable que organizaciones que pasan años enfrentándose entre sí para conquistar el poder dependan luego del bolsillo de los contribuyentes para sostener sus estructuras.
La segunda debería ser revisar los privilegios fiscales otorgados durante décadas a sectores específicos. El turismo ha sido una de las locomotoras económicas del país y merece reconocimiento por ello.
Precisamente por esa fortaleza, resulta legítimo preguntarse si algunos incentivos extraordinarios siguen siendo necesarios en la misma magnitud.
La tercera sería desmontar subsidios que terminan favoreciendo más a quienes consumen más. El caso de los combustibles merece una discusión seria y transparente. Los subsidios generalizados suelen convertirse en instrumentos costosos cuya efectividad real pocas veces se evalúa con rigor.
También habría que mirar hacia los salarios. Durante años se ha exigido productividad a trabajadores cuyos ingresos apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas. Un aumento del salario mínimo no resolvería todos los problemas, pero contribuiría a fortalecer el consumo y a repartir de manera más justa los beneficios del crecimiento económico.
Y junto a eso habría que abordar una cuestión incómoda para muchos gobiernos: la evasión fiscal. La persecución es necesaria, pero no suficiente. Cuando la carga tributaria se percibe como excesiva o arbitraria, aparecen incentivos para escapar del sistema. Reducir determinados impuestos y simplificar procedimientos puede aumentar el cumplimiento voluntario y ampliar la base de contribuyentes.
Nada de esto garantiza el éxito. Tampoco elimina la necesidad de reformas futuras. Pero al menos obligaría a discutir prioridades reales antes de recurrir a la salida más fácil.
Los errores en la política no consisten únicamente en tomar malas decisiones. Consiste en negarse a explorar alternativas evidentes. Consiste en pedir esfuerzos a quienes menos margen tienen mientras se protege a quienes disfrutan de privilegios consolidados. Consiste en presentar como inevitables medidas que solo son cómodas para quienes las diseñan.
Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser económico. Se convierte en un problema de inteligencia colectiva. Porque los países rara vez fracasan por falta de recursos. Muchas veces fracasan porque quienes deben administrarlos confunden gobernar con repetir los mismos errores.
Demuéstrame que estoy equivocado…
