Dr. Isaías Ramos
La advertencia de Estados Unidos no es el problema; es el espejo. Durante décadas, República Dominicana llamó competitividad a un modelo que subsidia sectores, celebra récords y deja a demasiados trabajadores sin salario suficiente para vivir.
Estados Unidos incluyó a República Dominicana entre economías investigadas por fallas para impedir que bienes producidos con trabajo forzoso entren al comercio internacional, dentro de procesos de la Sección 301. No es condena a cada empresa; es alerta nacional: el mundo ya no aceptará como competitividad la vulnerabilidad laboral convertida en ventaja comercial.
También es una pregunta constitucional: si el Estado debe proteger la dignidad humana y el trabajo, ningún incentivo público puede sostener un modelo que abarata al trabajador para vender competitividad.
Durante años hemos denunciado que República Dominicana no puede seguir presentando zonas francas y turismo hotelero como símbolos absolutos de éxito si quienes sostienen esos sectores permanecen atrapados en salarios que no permiten una vida digna. No hablamos de esclavitud jurídica clásica. Hablamos de servidumbre salarial moderna: empleo sin movilidad, crecimiento sin dignidad y vulnerabilidad laboral convertida en ventaja competitiva.
Detrás de cada récord turístico y de cada contenedor exportado hay manos dominicanas: camareras que limpian habitaciones que difícilmente podrían pagar, operarios que producen para mercados ricos y vuelven a casas donde la compra se lleva el mes, jóvenes que trabajan diez horas y aun así no ven ahorro ni futuro.
La vergüenza es que una presión externa nos recuerde lo que la dirigencia política debió defender hace décadas: ningún incentivo público debe sostener salarios de subsistencia ni privilegios sin retorno social.
La historia agrava la comparación. Taiwán inauguró la zona de procesamiento de exportaciones de Kaohsiung en 1966. República Dominicana inició sus zonas francas en 1969, en La Romana, apenas tres años después. Taiwán lo convirtió en escalera hacia tecnología; nosotros seguimos discutiendo exenciones, salarios insuficientes y poca movilidad social.
El problema dominicano no es falta de inversión o recursos. El problema es que demasiadas reglas extraen trabajo barato, exenciones del Estado y rentabilidad de la vulnerabilidad, pero devuelven poco en salario digno, tecnología, productividad o movilidad social.
Un país no fracasa porque no produzca riqueza. Fracasa cuando permite que esa riqueza se concentre arriba y no abra camino abajo.
La encuesta ACD confirma el dolor cotidiano: el alto costo de vida y la economía aparecen como principal problema; la comida es el gasto que más pesa en el hogar; y bajar precios de alimentos sería el mayor alivio doméstico. LS Consulting completa el cuadro: 86% entiende que es muy difícil progresar aunque se trabaje duro, y 84% no siente el crecimiento económico en su vida diaria.
Miremos la contradicción. En el turismo hotelero, rostro celebrado del modelo dominicano, el salario mínimo llegará a RD$21,840 en junio de 2026. Mientras tanto, la Global Living Wage Coalition estima para Santo Domingo un salario digno de RD$40,051 mensuales en 2025. Celebramos récords de visitantes e inversión, pero muchos trabajadores de esa vitrina siguen lejos de un ingreso suficiente. Un empleo que no permite salir de la pobreza no es movilidad social: es contención social.
Lo mismo ocurre con los incentivos. El informe oficial de gasto tributario estima para 2026 RD$393,541.54 millones, equivalentes al 4.54% del PIB: recursos que el Estado decide no cobrar mediante exenciones e incentivos. No todo incentivo es indebido. Pero todo apoyo público debe responder una pregunta: ¿qué recibe la nación a cambio?
Ahora el Gobierno anuncia un paquete tributario para recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones. Algunas medidas pueden tener sentido progresivo; otras pueden generar presiones inflacionarias indirectas al encarecer transacciones, servicios, conectividad, costos operativos y formalidad. Ninguna carga tributaria existe en el vacío: una parte puede trasladarse a precios, reducir consumo o presionar aún más la canasta básica. Y esa factura llega a una clase media y trabajadora sin margen.
Por eso la pregunta sigue intacta: ¿por qué pedir más carga tributaria antes de auditar la eficiencia del gasto público, transparentar el presupuesto, explicar el destino de los préstamos tomados y revisar los casi RD$393,541 millones de gasto tributario estimado para 2026? No hay reforma fiscal justa sin eficiencia, transparencia, control del endeudamiento y auditoría de privilegios.
Si el Estado deja de cobrar, tiene derecho a exigir. Si subsidia, debe auditar. Si exonera, debe condicionar. Si protege un sector, debe exigir salario digno, productividad, tecnología, compras locales, trazabilidad laboral, sostenibilidad y movilidad social. El apoyo público no puede ser regalo: debe ser contrato.
Una de las peores distorsiones de un gobierno es sustituir competitividad con subsidios y eficiencia con regulación burocrática. La competitividad verdadera nace de productividad, tecnología, energía confiable, logística, educación, trabajo digno y reglas claras. Cuando el Estado subsidia lo que no compite y regula para tapar lo que no funciona, castiga al que produce, protege al ineficiente y carga la factura al pueblo.
República Dominicana no tiene que escoger entre inversión y dignidad laboral. Debe construir una coalición productiva responsable bajo una regla común: todo apoyo público debe producir retorno público.
La inversión que genera empleo digno, tecnología, productividad y encadenamientos debe ser aliada nacional. La inversión que solo extrae ventajas, paga salarios de subsistencia y no deja capacidades debe ser revisada.
Porque un país que subsidia al sector y abandona al trabajador no está desarrollando la nación: está financiando explotación salarial normalizada. Y un país que exporta riqueza mientras reproduce pobreza está comprando vulnerabilidad futura.
Ya basta de financiar privilegios: es tiempo de subsidiar futuro, exigir trabajo digno y gobernar con orden constitucional.
