El Código Penal fue aprobado el año pasado, pero su entrada en vigor será a partir de agosto próximo.
El legislador explicó en una nota que la iniciativa busca fortalecer el Estado de derecho y garantizar una protección más equilibrada de los derechos fundamentales, evitando que disposiciones penales ambiguas o desproporcionadas puedan limitar el ejercicio legítimo de la libertad de opinión, crítica e información.
Respecto al artículo 209, que actualmente tipifica la difamación extorsiva, el senador planteó convertirla en una modalidad de difamación agravada.
La propuesta reduce la pena actualmente prevista de cinco a diez años de prisión y la sustituye por una sanción de quince días a un año de prisión menor, cuando la difamación sea utilizada para obtener beneficios indebidos o para obligar a una persona a realizar, omitir o tolerar un acto en perjuicio de sus intereses.
De igual forma, la modificación del artículo 210 sobre injuria busca proteger la libertad de opinión y de crítica, reservando la intervención penal únicamente para conductas graves y dolosas. La propuesta elimina las penas de prisión y establece únicamente multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público y la correspondiente reparación civil.
Asimismo, Taveras Guzmán propuso adecuar el artículo 212 para establecer que ninguna infracción contra el honor o la vida privada pueda dar lugar al cierre de medios de comunicación, la suspensión de sus actividades, la revocación de licencias, la incautación de equipos o cualquier otra medida que limite su funcionamiento, por considerar que tales sanciones son incompatibles con la libertad de prensa y de expresión.
Taveras, que recién renunció a su militancia en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), propuso la derogación del artículo 310, que sanciona el ultraje a funcionario o servidor público.
Consideró que esta figura otorga una protección penal privilegiada a los funcionarios frente a los ciudadanos, limita el escrutinio público sobre quienes ejercen funciones estatales y resulta incompatible con el principio constitucional de igualdad ante la ley.
Según explicó, las modificaciones planteadas buscan modernizar el ordenamiento jurídico dominicano y alinearlo con la Constitución y con los estándares internacionales de protección de los derechos fundamentales, garantizando una mejor armonización entre el derecho al honor, la libertad de expresión y el fortalecimiento de la democracia.
