El pago recaería sobre hoteles costeros y financiaría vigilancia 24/7, salvamento, limpieza, saneamiento y protección ambiental
SANTO DOMINGO.– El Frente Cívico y Social reclamó el cumplimiento estricto de la Constitución y las leyes que declaran playas y costas bienes de dominio público y libre acceso, respetando la propiedad privada. Propuso recuperar mediante debido proceso los accesos obstruidos y establecer una Contribución de Retorno Litoral de US$30 diarios por cada huésped adulto no residente, a cargo de establecimientos costeros de primera línea.
“Primero se cumple la Constitución: se garantiza el acceso del pueblo, el orden y la autoridad pública. Después, quien monetiza ese patrimonio debe pagar una contraprestación justa a su verdadero propietario: la Nación dominicana”, declaró el presidente del Frente, Dr. Isaías Ramos.
La organización precisó que no se cobraría por entrar a la playa ni se otorgaría exclusividad a ningún hotel. Caminar, bañarse y permanecer en el litoral seguiría siendo libre y gratuito. Los menores quedarían exentos y las pequeñas hospederías tendrían un régimen proporcional. El establecimiento sería el obligado, aunque el mercado determinaría cuánto absorbe y cuánto traslada al precio.
La ley delimitaría la franja legal de sesenta metros y establecería vigilancia, prevención y respuesta 24/7 según afluencia, riesgo y vulnerabilidad ambiental. POLITUR garantizaría seguridad; salvavidas protegerían vidas; los municipios asegurarían limpieza y saneamiento; y Medio Ambiente y el SENPA custodiarían los ecosistemas. Las reglas sobre ruido, basura, acoso, violencia y daño ambiental serían públicas, uniformes e iguales para residentes, turistas y hoteles.
Hacienda estima para 2026 RD$14,692 millones de gasto tributario atribuido al turismo. Según el Banco Central, cada visitante extranjero no residente gasta US$187.30 diarios. Una simulación del Frente, basada en unos 37 millones de pernoctaciones costeras, arroja un techo aritmético de US$1,110 millones anuales. La entidad aclaró que no es una proyección: deben descontarse menores, pequeñas hospederías, evasión y reacción de la demanda.
Los recursos ingresarían a una subcuenta de la Cuenta Única del Tesoro y se asignarían según necesidades auditadas, priorizando seguridad, salvamento, limpieza, saneamiento, educación cívica y restauración ambiental. Cada peso, contrato y resultado sería público y auditable.
El Frente convocó al Gobierno, Congreso, ASONAHORES, municipios, trabajadores y comunidades costeras a examinar, con cifras verificables, la aplicación y los efectos de la contribución de US$30, así como sus mecanismos de transparencia y retorno social.
“Una pulsera no vale más que la Constitución. Las opiniones se debaten; los actos discriminatorios se sancionan. La playa seguirá siendo gratuita para el pueblo; quienes obtienen beneficios comerciales privilegiados de ella deberán compensar a la Nación”, concluyó Ramos.
