Tal como analizábamos en mi artículo anterior titulado Venezuela en bucle: 37 años de crisis y destrucción, el verdadero poder destructivo de los terribles terremotos que sacudieron a Venezuela hace pocos días no se originó en las placas tectónicas que se desplazaron en la población yaracuyana de Yumare, en el occidente del país. En términos de desarrollo, la destrucción de estos sismos comenzó hace treinta y siete años, en 1989, e incluso puede rastrearse hasta el Viernes Negro de 1983.
Porque los desastres por eventos naturales son, ante todo, exámenes de resistencia que la geografía impone a la solidez institucional de las naciones, y a su cohesión social. Y el Estado venezolano llegó a este trágico examen con los cimientos pulverizados por décadas de vaciado operativo y pérdida sistemática de su soberanía jurídica; y con una sociedad que lleva muchos años funcionando en “modo supervivencia”, sin poder atenderse a sí misma y en una espiral de creciente desconfianza que podría agravar la crisis actual.
LA MEMORIA TÉCNICA
No había manera de que la capacidad operativa del Estado venezolano alcanzara a responder humana y logísticamente a una tragedia tan masiva como la ocurrida este 24 de junio, día en que Venezuela celebraba el 205 aniversario de la Batalla de Carabobo, aquella que selló la independencia nacional en 1821.
Aún más teniendo en cuenta que, según varios reportes periodísticos, autoridades y tomadores de decisiones del gobierno regional y local de La Guaira resultaron directamente afectados por la tragedia, algunos de ellos incluso perdieron la vida.
Pero más allá de esto, que sí resulta fundamental en la toma de decisión inmediata y durante las primeras dos horas posteriores a los sismos, resulta evidente que las instituciones de rescate y salvamento fueron excesivamente sobrepasadas y, por momentos, se les vio hasta paralizadas, lo que no debe extrañarnos si tenemos en cuenta la magnitud y lo extensivo del daño sufrido.
Otra razón por la que esto no debe resultarnos extraño es el éxodo masivo de ciudadanos y ciudadanas de Venezuela desde el año 2017, un proceso que sólo fue repentino y masivo en las clases populares, porque entre la clase media y profesional comenzó antes, a inicios de los 2000 algunos, hacia 2012-2013 otros, y hacia 2014-2016 los menos apresurados.
Y aunque el país llegó a contar con un cuerpo de Protección Civil robusto y cuerpos de bomberos profesionalizados que demostraron amplias capacidades en distintas ocasiones, el desgaste socioeconómico y el debilitamiento institucional de la última década también afectó a ese sector, generando una pérdida de capacidades humanas y técnicas que aún no ha sido posible compensar.
Eso sin contar la merma en el número de profesionales y voluntarios, la pérdida y falta de equipos, así como la carencia de formación y actualización a los estándares globales de los últimos años.
PÉRDIDA DE SOBERANÍA
Paralelamente al colapso operativo, Venezuela experimentó una erosión dramática de su soberanía institucional mucho antes de que los comandos militares estadounidenses sobrevolaran Caracas y atacaran los puertos, aeropuertos y helipuertos para tomar prisionero a Nicolás Maduro.
Porque debemos entender que la soberanía no es un concepto abstracto que se defiende sólo con retórica política o militar, sino que se ejerce manteniendo la capacidad institucional de arbitrar los conflictos internos, de dictar las reglas jurídicas del país de acuerdo a criterios nacionales, y de asegurar el financiamiento del desarrollo de forma autónoma.
Pero la progresiva destrucción del aparato productivo venezolano y la constante presión política, mediática y diplomática exterior lograron minar la autosuficiencia económica, política, institucional y jurídica del país, lo que trasladó el centro de gravedad y la capacidad de decisión política tanto del gobierno como de la oposición política hacia el exterior del país, convirtiendo a Venezuela en un actor muy dependiente de validaciones foráneas.
De un lado, por la dependencia geopolítica de las líneas de crédito y acuerdos de financiamiento y refinanciamiento con potencias como China y Rusia, del otro, el financiamiento económico y respaldo político a la oposición interna también le hicieron dependiente de fuerzas externas diversas y, a veces, muy radicalizadas.
Ya ocurrió en Los Balcanes durante el periodo conocido como La Cuestión Oriental, cuando la Rusia Imperial, el imperio Otomano, el Austrohúngaro y las potencias de Europa Occidental inducían rencillas, apoyaban rebeliones y jugaban con el delicado equilibrio político de lo que hoy son Rumania, Bulgaria, Grecia, Serbia, Montenegro, Albania, Macedonia y Bosnia-Herzegovina.
Así, el territorio venezolano pasó a ser en años recientes un tablero de ajedrez donde las grandes potencias globales, principalmente Estados Unidos, ensayaban mecanismos de asfixia financiera y diplomática, y de préstamos y financiamientos que comprometían cada vez más el futuro de los recursos naturales del país.
Ese proceso, desarrollado en una sociedad polarizada y sometida a una fuerte presión económica por todo lo antes descrito, socavó gravemente la confianza ciudadana, tanto en sus instituciones como entre sí misma.
De hecho, estudios sociológicos como el de Beramendi, Acosta y Zubieta (Universidad Central de Venezuela / CONICET) titulado Polarización sociopolítica y percepción del sistema normativo en Venezuela (2016), sostienen que “La polarización (…) modifica la forma en que los ciudadanos perciben las normas, la legitimidad del Estado y hasta su identificación con Venezuela”.
Esto explica hallazgos como el de la encuesta Psicodata Venezuela, levantada por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello entre diciembre de 2022 y enero de 2023 y que arrojó un dato demoledor: el 81% de la población venezolana siente desconfianza en el otro.
Esa sería la causa de muchas de las acciones y actitudes que vemos en redes sociales en estos días, como personas que se pelean con los militares y policías y les exigen meter mano a los escombros para ayudar en las labores de rescate, lo cual es normal, sí, pero en el caso venezolano se ve un rechazo excesivo a las autoridades incluso en las necesarias labores de custodia y seguridad de las zonas afectadas.
Y es verdad que algunos casos de militares y policías no ayudan, porque no pierden tiempo para meterse en escándalos y aprovecharse de las desgracias de otros, pero es evidente que el nivel de rechazo, más allá de las campañas para alentar la desconfianza hacia las autoridades (como la del alcalde panameño que puso tags de rastreo a la “ayuda humanitaria” que envió) llega a veces a ser excesivo.
En mi artículo anterior describí la cronología de eventos naturales destructivos, confrontaciones políticas, estallidos sociales y crisis económicas que han imposibilitado que Venezuela cuente con un periodo mínimo de 5 años de estabilidad para planificar e impulsar el desarrollo nacional en las últimas 4 décadas.
Como consecuencia, la Tierra de Bolívar ha estado, los últimos 40 años, atendiendo emergencias, reconstruyendo infraestructuras e intentado recuperar capacidades económicas que no terminan de ser óptimas.
Y un país en vías de desarrollo debería utilizar sus recursos excedentes para avanzar, adoptar nuevas tecnologías, optimizar sus sistemas educativos o expandir su infraestructura científica, no en un eterno esfuerzo por tapar los huecos como un barco que intenta mantenerse a flote, porque ello significa desatender los problemas reales de la población, que entonces entra en las dinámicas sociales antes descritas.
Sucedió, por ejemplo, en 1999 con la Tragedia de Vargas, que absorbió la atención presupuestaria de un gobierno naciente y que ahora, 27 años después, ve perdida la mayor parte de la monumental inversión pública y privada que logró, con todas las dificultades conocidas, reconstruir la zona que vemos otra vez devastada.
Se repitió con las crisis eléctricas recurrentes desde 2009, cuando se gastaron miles de millones de dólares en plantas termoeléctricas que nunca funcionaron por falta de mantenimiento técnico y por falta de acceso a las piezas y refacciones en un país bloqueado por las crisis políticas y diplomáticas, y que por las crisis anteriores había perdido la capacidad industrial para producirlas en el mercado interno.
Ahora vuelve a ocurrir en este trágico 2026. El doble impacto de la intervención militar estadounidense y los sismos de junio colocan al país en un escenario de vulnerabilidad absoluta, en momentos en que el Estado carece de la fuerza institucional y de la burocracia profesional necesaria para coordinar un plan de reconstrucción nacional a gran escala.
Las decisiones se toman y se tomarán por reacción, en medio del caos, y con recursos que dependen enteramente de la ayuda humanitaria o de las concesiones geopolíticas de última hora, sin poder contar ni siquiera con los recursos económicos que las potencias occidentales que dicen querer ayudar al país, se niegan a entregarle.
Por eso, el verdadero límite al desarrollo venezolano no está en las toneladas de escombros que sepultaron a miles de hombres, mujeres, niños y adultos mayores tras los sismos del 24 de junio.
Está en que la estructura invisible del Estado, aquella que ahora deberá gestionar la vida de los miles de heridos y damnificados por los terremotos, el mismo Estado que tendrá que gestionar la crisis de infraestructura que conlleva la remoción de esos escombros, la demolición de las edificaciones irremediablemente dañadas y la reconstrucción del entorno para las zonas donde sobreviven edificios y viviendas que sobrevivieron al doblete sísmico.
Y para el futuro próximo, también deberá facilitar la construcción de miles de viviendas para acoger a los damnificados que perdieron sus hogares en La Guaira y otros estados del país, y promover el desarrollo de un sistema financiero capaz de financiar soluciones de largo plazo para todos los afectados.
Porque los terremotos del 24 de junio de 2026 corrieron el telón de la manera más cruel posible para mostrarnos la vulnerabilidad y la fragilidad de una Venezuela que lleva 4 décadas intentado reconstruirse sin poder resolver sus enormes contradicciones internas, y que viene de vivir sus crisis económicas más profundas, y enfrenta un escenario político y geopolítico complejo del que se ven muy pocas salidas.
