Acuerdo para ganar-ganar



Por: Antonio Ledezma

Venezuela posee una de las mayores concentraciones de riqueza energética del planeta. Sus reservas probadas de petróleo, estimadas por la OPEP en unos 303.200 millones de barriles, siguen siendo las mayores del mundo. A ello se suman importantes reservas de gas natural y un enorme potencial en energías renovables. Pero hay una paradoja que ningún venezolano puede ignorar: un país sentado sobre semejante riqueza terminó convertido en una nación empobrecida, con su aparato productivo devastado y millones de ciudadanos obligados a emigrar. La explicación no está en la naturaleza del subsuelo, sino en la naturaleza del régimen que durante años administró esos recursos.

La primera lección de esta tragedia es elemental: no hay recuperación económica sostenible sin seguridad jurídica, y no hay seguridad jurídica sin democracia. Por eso, cuando hablamos de reconstruir la industria petrolera venezolana, no estamos hablando simplemente de perforar pozos, levantar refinerías o atraer capitales. Estamos hablando, antes que nada, de reconstruir las instituciones que hacen posible que una inversión tenga garantías, que un contrato sea respetado, que un juez sea independiente, que la propiedad sea protegida y que el Estado deje de ser instrumento de un grupo político. En otras palabras: la recuperación petrolera será una consecuencia de la recuperación democrática, no un sustituto de ella.

Ese principio debe orientar cualquier entendimiento estratégico entre Venezuela y Estados Unidos. La relación entre ambos países puede y debe entrar en una nueva etapa. No una relación basada en tutelajes, dependencias o concesiones opacas, sino en intereses legítimos y compartidos. Venezuela necesita capital, tecnología, mercados, conocimiento gerencial y acceso a cadenas globales de producción. Estados Unidos necesita socios confiables en el hemisferio, seguridad energética, diversificación de sus proveedores y estabilidad en una región que no puede continuar siendo terreno fértil para la penetración de potencias adversarias. Es, por tanto, una relación que puede ser genuinamente ganar-ganar.

El petróleo constituye, sin duda, una de las áreas de mayor complementariedad. Venezuela posee reservas extraordinarias, aunque buena parte de ellas corresponde a crudos pesados y extrapesados que requieren inversiones, tecnología y capacidad de procesamiento especializada. Precisamente por eso existe una afinidad histórica entre el petróleo venezolano y determinadas refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos, diseñadas para procesar crudos pesados y con alto contenido de azufre. La propia Administración de Información Energética de Estados Unidos ha señalado que el crudo venezolano es particularmente adecuado para refinerías del Golfo de México.

La geografía también juega a favor. Venezuela está mucho más cerca de los grandes centros de refinación estadounidenses que los principales productores del golfo Pérsico. No existen entre nuestras costas y el Golfo de México los grandes cuellos de botella marítimos que condicionan otras rutas internacionales.

Esa proximidad, sumada a la compatibilidad de los crudos, convierte al hemisferio occidental en un espacio natural para una cadena energética más integrada, eficiente y segura.

Y no estamos hablando de una posibilidad puramente teórica. Estados Unidos continúa siendo el mayor productor mundial de petróleo: en 2025 produjo un promedio récord de aproximadamente 13,6 millones de barriles diarios. Al mismo tiempo, consumió unos 20,6 millones de barriles diarios de productos petrolíferos. Es decir, aunque Estados Unidos dispone de una formidable capacidad productiva, continúa necesitando importaciones de determinados tipos de crudo que sus refinerías están preparadas para procesar. Ahí aparece una oportunidad extraordinaria para Venezuela.

Pero para aprovecharla hay que comenzar por decir la verdad sobre lo que destruyó nuestra industria. La devastación de Petróleos de Venezuela no puede atribuirse exclusivamente a factores externos. La caída de la producción comenzó mucho antes de las sanciones de 2019 y estuvo relacionada con años de desinversión, deterioro de los activos, pérdida de personal especializado, decisiones políticas que alteraron la administración de la empresa y una progresiva subordinación de PDVSA a objetivos ajenos a la lógica empresarial. Un informe del Congreso estadounidense ya identificaba entre las causas estructurales del declive la falta de inversión y mantenimiento, la pérdida de personal experimentado, la utilización de los ingresos petroleros para otros fines y políticas que desalentaban la inversión privada.

La purga de la industria fue particularmente grave. Después del paro petrolero de 2002-2003, aproximadamente 20.000 trabajadores de PDVSA fueron despedidos.

La medida significó una pérdida gigantesca de capital humano y conocimiento acumulado durante décadas. Los números hablan por sí solos. La producción venezolana pasó de alrededor de 3,2 millones de barriles diarios en 2000 a apenas 735.000 barriles diarios en septiembre de 2023, según la EIA. La infraestructura de refinación sufrió un deterioro igualmente severo: el Complejo de Refinación de Paraguaná, con una capacidad nominal cercana a 940.000 barriles diarios, llegó a operar a una fracción de esa capacidad por falta de mantenimiento y de suministro adecuado de crudo.

El resultado fue una tragedia económica: un país con las mayores reservas petroleras del planeta importando gasolina, padeciendo apagones, perdiendo empleos industriales y destruyendo cadenas productivas enteras.
También se utilizó el petróleo como instrumento de subordinación geopolítica.

Venezuela terminó comprometiendo una parte importante de sus exportaciones mediante acuerdos de financiamiento con China, mientras profundizaba alianzas políticas y energéticas con Rusia, Irán y Cuba. La EIA documenta, por ejemplo, que China llegó a recibir una parte sustancial de las exportaciones venezolanas vinculadas a acuerdos de petróleo por préstamos, mientras que Venezuela se convirtió durante años en el principal proveedor de crudo de Cuba.

Pero el problema de fondo no fue haber comerciado con China, Rusia, Cuba o cualquier otro país. El problema fue utilizar los recursos nacionales para construir dependencias geopolíticas en lugar de construir una economía nacional próspera y diversificada.

Ese modelo debe quedar definitivamente atrás. La Venezuela democrática no tiene por qué escoger entre Washington, Pekín, Bruselas, Nueva Delhi o cualquier otra capital. Nuestra política exterior debe ser la de un país soberano que comercia con todos, coopera con muchos y se alía estratégicamente con quienes comparten nuestros valores e intereses fundamentales.

Y Estados Unidos puede ser un socio privilegiado precisamente porque existe una convergencia natural entre nuestros intereses. Pero hay una condición que no puede negociarse: la democracia venezolana debe estar en el centro de cualquier acuerdo estratégico.

No sería aceptable que la reconstrucción petrolera se utilizara para legitimar estructuras autoritarias, perpetuar privilegios, otorgar contratos opacos o sustituir una dependencia por otra. Venezuela no necesita cambiar un rentismo político por un rentismo empresarial. Necesita instituciones capaces de garantizar competencia, transparencia, propiedad privada, independencia judicial, rendición de cuentas y reglas estables para todos.

En este sentido, resulta relevante la propuesta presentada por María Corina Machado en CERAWeek, en Houston, el 24 de marzo de 2026. Su planteamiento partió precisamente de la necesidad de una transformación institucional para convertir a Venezuela en un socio energético confiable. La propuesta contempla la apertura del sector al capital privado, contratos de largo plazo, un régimen fiscal competitivo y una profunda reforma legal. Machado planteó que Venezuela podría alcanzar una producción de hasta cinco millones de barriles diarios en el largo plazo, pero condicionó ese objetivo a una transición democrática, reformas legales y una inversión de alrededor de 150.000 millones de dólares.

Ese orden de prioridades es fundamental: primero instituciones confiables; después, inversión masiva y crecimiento sostenible. La industria de los hidrocarburos puede convertirse nuevamente en el gran motor de la reconstrucción nacional, pero no debe ser el único. Venezuela tiene condiciones extraordinarias para desarrollar petroquímica, gas natural, servicios petroleros, manufactura, infraestructura, minería responsable y nuevas fuentes de energía. El petróleo puede aportar los recursos iniciales para esa transformación, siempre que sus ingresos sean administrados con transparencia y orientados a crear una economía productiva que deje atrás el modelo rentista. La meta tampoco debe ser simplemente producir más petróleo.

Debemos producirlo mejor, con tecnologías más eficientes, reducción de emisiones, recuperación ambiental de áreas degradadas y estándares internacionales de seguridad y transparencia.

Eso también ofrece un campo de cooperación con Estados Unidos: tecnología, financiamiento, infraestructura, servicios energéticos, capacitación, innovación y transición hacia una matriz energética más moderna. Pero existe una diferencia esencial entre la Venezuela del pasado y la Venezuela que queremos construir. No queremos socios que vengan a rescatar una dictadura. Queremos socios que acompañen a una democracia. No queremos contratos secretos. Queremos licitaciones transparentes.

No queremos empresas protegidas por privilegios políticos. Queremos competencia. No queremos hipotecar nuestras reservas. Queremos atraer inversiones bajo leyes venezolanas, con arbitraje internacional cuando corresponda, seguridad jurídica y plena defensa del interés nacional. Queremos que Estados Unidos sea un socio de una Venezuela libre, democrática y soberana. Y esa diferencia lo cambia todo.
La relación con Estados Unidos debe ser, por tanto, mucho más amplia que una conversación sobre petróleo.

Debe incluir democracia, Estado de derecho, seguridad hemisférica, lucha contra el crimen organizado, reconstrucción institucional, infraestructura, comercio, educación, innovación y energía.
La Venezuela democrática puede convertirse en un aliado estratégico de Estados Unidos en América Latina. Y Estados Unidos puede contribuir decisivamente a que Venezuela vuelva a ser una nación democrática, próspera y capaz de valerse por sí misma. No se trata de pedir favores. Se trata de reconocer intereses convergentes. Washington necesita un hemisferio más estable, seguro y resistente a la penetración de regímenes autoritarios y redes criminales. Caracas necesita recuperar sus instituciones, reconstruir su economía y reintegrarse plenamente al mundo occidental y democrático. Las empresas estadounidenses necesitan reglas claras y oportunidades de inversión. Venezuela necesita capital y tecnología para recuperar su infraestructura.

Todos pueden ganar. Pero hay algo todavía más importante que el petróleo, el gas, los contratos y los mercados: la libertad de los venezolanos. Por eso, la verdadera operación ganar-ganar no puede consistir simplemente en sacar petróleo venezolano hacia el norte. Debe consistir en sacar a Venezuela del atraso, de la pobreza y del autoritarismo hacia una democracia moderna, productiva y abierta al mundo. El petróleo puede financiar la reconstrucción. La inversión puede acelerar la recuperación. La cooperación con Estados Unidos puede multiplicar las oportunidades. Pero solamente la democracia puede garantizar que esa riqueza vuelva a pertenecer verdaderamente a todos los venezolanos.

Venezuela no está condenada a vivir de espaldas al mundo ni a escoger entre dependencia y aislamiento. Podemos recuperar nuestra industria, atraer inversiones, reconstruir nuestras refinerías, desarrollar nuestro gas, diversificar nuestra economía y convertirnos nuevamente en una potencia energética responsable del hemisferio. Y podemos hacerlo desde la libertad. Ese es el verdadero acuerdo que Venezuela necesita: una alianza entre naciones soberanas, fundada en intereses compartidos, instituciones democráticas y beneficios recíprocos. Un acuerdo para ganar-ganar, sí; pero, sobre todo, un acuerdo para que gane Venezuela.

Antonioledezma.net

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