“Mataron 1,320 mujeres en 15 años en RD ¿Cuántas más necesita el Estado para reaccionar?”



Por Dr. Ramón Ceballo

La República Dominicana arrastra una herida profunda que no cierra. En los últimos 15 años, más de 1,320 mujeres han sido asesinadas en feminicidios. Estas muertes no son hechos aislados, son la expresión más brutal de un sistema que combina desigualdad, machismo estructural e instituciones incapaces de garantizar la vida y seguridad de las mujeres.

Cada feminicidio deja mucho más que una estadística, deja hogares rotos, hijos huérfanos, familias en duelo perpetuo y comunidades enteras marcadas por el miedo. Más doloroso aún es que muchas de estas mujeres buscaron ayuda, denunciaron a sus agresores, y aun así fueron asesinadas. El Estado reaccionó tarde o, en muchos casos, no reaccionó en absoluto.

Lo que se evidencia tras cada caso es un patrón de inacción institucional. La respuesta estatal prioriza la sanción, muchas veces simbólica o tardía, por encima de la prevención. Y mientras tanto, la violencia continúa multiplicándose. Las promesas de protección se quedan en discursos vacíos.

Las cifras disponibles reflejan la magnitud de esta emergencia:

2010 y 2011 fueron los años más sangrientos, con más de 125 feminicidios cada uno.

2016 y 2017 marcaron otro pico, con 107 mujeres asesinadas anualmente.

Aunque 2024 cerró con 71 casos, en el 2023 con 68, confirma que la violencia feminicida sigue siendo una amenaza constante.

Cada uno de esos números representa un fracaso colectivo: una mujer asesinada tras haber pedido ayuda, un agresor que siguió libre, una denuncia ignorada.

El feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género, motivado por odio, desprecio, necesidad de control o dominio. No todo homicidio de una mujer es un feminicidio, pero todo feminicidio es un acto de violencia de género extrema.

Existen distintos tipos:

Feminicidio íntimo: cometido por parejas o exparejas.

Familiar: cuando el agresor es un miembro del entorno doméstico.

No íntimo: perpetrado por desconocidos.

Sexual sistemático: ligado a redes de trata o violencia sexual extrema.

Esta distinción no es semántica. Nombrar el feminicidio permite entender su raíz estructural, impulsar políticas públicas específicas y exigir justicia desde una perspectiva de derechos humanos.

Según la CEPAL, en 2021, República Dominicana registró 2.7 feminicidios por cada 100,000 mujeres, y aunque en 2023 la cifra bajó ligeramente a 2.4, sigue siendo alarmante.

En comparación:

El promedio global oscila entre 1.3 y 2.2, según la UNODC (2022).

En América Latina, la media es de 1.8, con países como Honduras, El Salvador y Bolivia encabezando las tasas más altas.

Es decir, República Dominicana supera tanto el promedio regional como el mundial, situándose entre los países más peligrosos para las mujeres. No es un problema marginal, es una crisis nacional.

Hablar de feminicidios es hablar de causas profundas, estructurales, que trascienden lo individual:

Machismo y cultura patriarcal: desde la infancia se enseñan roles de poder para los hombres y sumisión para las mujeres.

Impunidad judicial: muchas denuncias no se procesan, los agresores siguen libres.

Ausencia del Estado: los refugios para mujeres son escasos, mal financiados o inexistentes.

Crisis socioeconómica: la pobreza intensifica la violencia intrafamiliar.

Normalización de la violencia: aún se cree que los “problemas de pareja” deben resolverse en privado.

El feminicidio no es solo un crimen. Es la consecuencia final de una cadena de violencias toleradas, minimizadas o ignoradas. Y cada caso que no se previene, es una responsabilidad directa del Estado.

Mientras los feminicidios sean tratados como asuntos privados y no como lo que son —una emergencia nacional—, seguiremos contando cadáveres.

La falta de campañas sostenidas, de educación en igualdad de género, de justicia especializada y de voluntad política convierte cada asesinato en un crimen compartido por la sociedad y sus instituciones.

No se puede erradicar esta violencia con discursos cada 25 de noviembre. Se necesita una política de Estado que:

Promueva la educación en igualdad desde las escuelas.

Asegure el acceso a justicia especializada y sensible al género.

Garantice la protección efectiva a las víctimas, con refugios dignos y apoyo psicológico y legal.

Invierte en campañas permanentes de sensibilización.

El feminicidio no solo arrebata la vida de una mujer. Rompe familias, deja hijos huérfanos, perpetúa traumas y erosiona la democracia. Un país donde las mujeres no pueden vivir seguras, es un país con instituciones débiles.

La verdadera pregunta no es cuántas más.
La pregunta es: ¿cuándo el país se atreverá a enfrentar, con seriedad, la raíz de esta violencia?
Porque mientras se siga mirando hacia otro lado, el feminicidio seguirá siendo la sentencia más cruel que este sistema patriarcal emite contra las mujeres dominicanas.

Año
Feminicidios registrados
2010
128
2011
129
2012
96
2013
85
2014
70
2015
86
2016
107
2017
107
2018
80
2019
77
2020
72
2021
72
2022
72
2023
68
2024
71
Total 2010–2024
1,320

Fuente: CIPP.ORG.DO, Observatorios de género y prensa nacional
Cada estadística representa un fracaso colectivo: una mujer asesinada tras haber pedido ayuda, un sistema judicial indiferente, un Estado que “promete” protección pero no previene.

La violencia feminicida no se combate con discursos ni con leyes que duermen en los archivos; se enfrenta con voluntad política, inversión real en prevención y un sistema judicial libre de impunidad y sesgos machistas.

La República Dominicana no puede seguir normalizando que decenas de mujeres sean asesinadas cada año. La educación en igualdad de género, la atención integral a las víctimas, el fortalecimiento de la justicia y campañas permanentes de sensibilización deben convertirse en política de Estado, no en anuncios ocasionales.

Los feminicidios en la República Dominicana son un espejo incómodo: muestran cómo la vida de las mujeres sigue estando en segundo plano frente a la indiferencia institucional. Sin presión social y sin un cambio profundo en la cultura y en las políticas públicas, las cifras seguirán repitiéndose.

El país no puede seguir contando cadáveres como si fueran simples estadísticas.

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