La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha externado este lues su preocupación por la disminución de la asignación presupuestaria al Ministerio Público en el proyecto de Ley General de Presupuesto para el año 2022 que fuere remitido recientemente al Congreso Nacional, lo cual incide negativamente en los desafíos acumulados de esta institución durante la última década.
En reiteradas ocasiones, se ha planteado la necesidad de que se cumpla con el mandato instituido en la Ley No. 194-04 sobre autonomía presupuestaria y administrativa del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, es decir, unos cuatro puntos diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos “incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y ley de Gastos Públicos”, conforme lo establece la norma de referencia.
Sin embargo, en el actual proyecto de ley de presupuesto se ha reducido la partida establecida al Ministerio Público en un total de 512 millones de pesos frente a lo consignado en el año que le precede, lo cual genera una alta preocupación de cara al necesario perfeccionamiento de la persecución de la criminalidad en el país. En ese sentido, de mantenerse lo anterior, no solo se reitera una inobservancia formal a lo instituido en la Ley No. 194-04, sino que también esta directriz de inversión presupuestaria debilita al órgano en momentos cruciales para su fortalecimiento institucional.
La autonomía real de una entidad tan importante como el Ministerio Público sumado a la garantía de su operatividad funcional depende, en gran medida, de los recursos que le sean asignados para materializar los supuestos de sus mandatos normativos. Por tanto, para generar el cumplimiento concreto de fines esenciales por parte de los poderes públicos, deberá repensarse en cómo se vislumbra la arquitectura institucional del Estado desde los enunciados dispuestos en las normas, frente a la garantía de ejecución presupuestaria que se asigne a éstos conforme su realidad concreta.
Es importante recordar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 de la Constitución, el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. De manera que, gran parte de la protección de los derechos fundamentales y el sostenimiento del modelo de Estado social y democrático de derecho está directamente relacionado con la autonomía e independencia de este órgano en aspectos puntuales como el manejo de recursos para su fortalecimiento técnico y su efectivo funcionamiento administrativo.
Desde FINJUS, confiamos en que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo optarán por consignar al Ministerio Público la partida que corresponda conforme lo establecido en la ley, de acuerdo a los importantes retos que dicha institución enfrenta en los últimos años para poder contrarrestar el flagelo del crimen organizado, la corrupción y así formular adecuadamente las políticas transversales de prevención y persecución del delito en la nación.
