Jottin Cury
El 22 de marzo de 2010, hace poco más de once años, el expresidente estadounidense, Bill Clinton, compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos y pidió disculpas por haberle impuesto a Haití el libre comercio durante su primera gestión de Gobierno. El exmandatario reconoció que fue “un error” la referida imposición, toda vez que contribuyó a erosionar la capacidad del pueblo haitiano para producir arroz y así alimentar a su población. Este interesante dato se encuentra en el libro del profesor Luis Ventura titulado “En un pueblo indolente y servil, autoridades indolentes y serviles”, en el cual el autor afirma que “el señor Clinton peca de ingenuidad y de subestimar la población desnutrida de América Latina”, al señalar que desconocía las consecuencias que generaría el acuerdo de libre comercio sobre el vecino país.
En efecto, al reducir los aranceles desde un 35% hasta un 3% se propició la quiebra de los productores haitianos, en vista de que la barrera que los protegía fue derrumbada por el entonces presidente Jean Bertrand Aristide. Como bien sostiene Luis Ventura, esta medida “llevó a los productores agrícolas, los molineros y comerciantes a la ruina, y los arrojó a las barriadas marginales de Puerto Príncipe y otras ciudades con sus familias”, situación esta que contribuyó a la destrucción de la débil estructura agrícola haitiana. En su comparecencia ante el Senado, Clinton reconoció su culpa al imponer medidas que, lejos de ayudar a incrementar la producción agrícola haitiana, fomentaron su desaparición total y definitiva. El exmandatario expresó: “He tenido que vivir todos los días con las consecuencias de la pérdida de la capacidad de producir una cosecha de arroz en Haití para alimentar a esa gente debido a que yo lo hice; nadie más”.
Resulta clara la admisión de Clinton en cuanto a su contribución para que se produjera el desbarajuste económico en Haití. Probablemente algún cargo de conciencia o, como también se afirma, quizás un interés oculto lo haya impulsado a favorecer la causa haitiana en perjuicio del pueblo dominicano. Sería una manera de compensar el daño ocasionado durante su gestión. El resultado de todo esto es que como bien apunta Ventura “Haití se convirtió rápidamente, y sigue siendo hoy, el quinto mercado de exportación más grande del arroz estadounidense”. En otros términos, el Tratado de Libre Comercio que se le impuso a Haití sepultó uno de sus escasos medios de vida y producción, lo cual ha generado una hambruna y diáspora que ha perjudicado esencialmente a la República Dominicana. Y como si todo esto fuera poco, recientemente el Dr. Guillermo Moreno publicó en la edición del 15 de noviembre del presente año un interesante trabajo titulado “Salvar nuestro arroz”, en el que destaca los peligros que corre la producción criolla a partir del 2025 cuando se ejecute el desmonte arancelario.
La competencia desleal que tendrán que enfrentar nuestros productores posiblemente los llevará a la quiebra como sucedió en Haití. Sobre este punto Moreno enseña que “(…) el productor norteamericano bajo la protección de su ley agrícola recibe subsidios bajo el esquema de precios de sustentación, lo que le permite vender su arroz por debajo de su costo real de producción”. Claro, al recibir el productor norteamericano subsidios y, por el contrario, el dominicano no recibe ninguna ayuda, resulta más que evidente que cuando se produzca la liberalización de las importaciones, la producción local de arroz desaparecerá irremediablemente. Más todavía, si la producción local de ese rubro, del cual viven cientos de miles de agricultores, desaparece, es más que previsible un incremento del desempleo y la pobreza entre nosotros. Además, somos autosuficientes en la producción de arroz, uno de los principales productos en la dieta alimenticia de los dominicanos. Como bien afirma Moreno en su ensayo, “la relevancia de ser autosuficientes en la producción de arroz quedó demostrada en medio de la pandemia del COVID-19, cuando cada país puso restricciones a la importación de su producción para proteger a sus nacionales”.
De modo, pues, que la seguridad alimentaria es fundamental para cualquier población y ahora el Tratado de Libre Comercio constituye una seria amenaza para la misma. En consecuencia, procede que las autoridades actúen diligentemente a fin de que se inicie un proceso de revisión y la adopción de medidas para proteger a los productores locales. Es preciso agotar el procedimiento previsto para estos casos con el propósito de modificar el tratado comercial, puesto que las circunstancias imprevisibles constituyen causa suficiente para ello. La máxima “rebus sic stantibus”, de vigencia universal, tanto en el derecho interno como internacional, admite que los contratos y tratados pueden ser revisados cada vez que concurran circunstancias nuevas susceptibles de alterar el equilibrio contractual. En otras palabras, se admite siempre que una de las partes, con la finalidad de evitar un perjuicio excesivo por causas externas, generalmente imprevisibles e irresistibles, puede invocar válidamente situaciones de esta naturaleza para preservar cierto nivel de equidad. La pandemia, así como las consecuencias sufridas por nuestro país con ocasión del desastre haitiano, constituyen razones más que valederas para dejar sin efecto el desmonte arancelario relativo al arroz.
Además, el precedente haitiano antes indicado, que terminó por destruir su base productiva al eliminar la protección del arroz y que el propio Clinton confesó que fue un grave error, son motivos más que suficientes para evitar la eventual pérdida de cientos de miles de empleos en el ámbito de la agricultura. Como bien explica Guillermo Moreno en su enjundioso trabajo “es impensable el escenario que se presentaría en el país si desaparece la producción de arroz en el campo dominicano. Hay que imaginar el impacto que tendría en la población de los 35 municipios de las 21 provincias donde se cultiva. Se generaría una espiral de de desempleo, despoblación, migración, pobreza, marginalidad, hambre, delincuencia”. Y efectivamente esa es una realidad incontestable que debemos sortear por el bienestar de todos lo dominicanos. Por consiguiente, proteger a los productores de arroz debe ser un punto esencial en la agenda nacional, máxime con todo lo que ya ha sucedido al otro lado de la frontera.
La seguridad, la protección del empleo y la soberanía alimentaria son innegociables; se configura, en las actuales circunstancias, una realidad generada por la pandemia y la crisis haitiana que nos impide cumplir con un Tratado de Libre Comercio que se torna lesivo al interés nacional. El actual Gobierno tiene la sagrada misión constitucional de velar por el bienestar colectivo, el cual depende de las medidas que se adopten en esta delicada situación por la que atravesamos. En momentos difíciles es que se pone a prueba el valor de los hombres y la grandeza de las administraciones que tienen una auténtica vocación de servicio. Los desafíos importantes aparejan grandes oportunidades; ojalá que aquellos que dirigen la cosa pública así lo entiendan. Al fin y al cabo, de su pericia y decisiones depende no solamente su porvenir político, sino también el destino del país.
