Valorar es propiamente subjetivo, pero son sus aspectos visibles nuestros parámetros para las reales apreciaciones, por extrañas y diversas que parezcan; un hombre de hoy, adinerado, bien podría valorar la grata compañía de su esposa comprándole “la casa de sus sueños”, de la misma forma que un faraón lo hacía construyendo la futura tumba de su amada; tanto en uno como en otro, es tangencial la apreciación positiva.
Basado en lo evidenciable, no ha existido históricamente buena ni justa valoración hacia los proveedores de salud mental en Republica Dominicana; les han escogido tumbas, pero lejos del sentido egipcio; se les ha llevado amortajadas hacia su propio funeral, en interminable procesión y al compás de un rezo: “aquí las más necesitadas, pero menos valoradas…” Así lo vemos en un país donde antes de la pandemia se destacaba, por el entonces ministro de salud, el Dr. Cárdenas, que teníamos un 20% de dominicanos con afecciones mentales, sin que esto haya representado cambio significativo en relación a los servicios y posicionamiento de los profesionales de la conducta.
Para una idea más clara: 2.2 millones sería ese 20% de 11 millones de habitantes; con una respuesta de atención primaria que no ha incorporado al sistema público ni un 3% de los formados en psicología; y para el segundo nivel de atención, tipo multidisciplinario, cuenta con menos de 2 psiquiatras por cada 100 mil habitantes; 70 camas de parte del estado, y menos de 300 entre sector privado y ONGs; y prácticamente ninguna participación de las ARS dentro del sistema de Seguridad Social.
Imagine ahora, siendo condescendiente, que el 5% de esos dos millones doscientos mil (que serían 110 mil ciudadanos), necesiten ya el servicio de internamiento en segundo nivel, qué resulta, lo que diariamente vemos: amarrar “al maldito loco” en el patio, encerrarlo en la casa, dejarlo deambular, golpearlo para que se aquiete…
¡Sólo saben quienes lo viven! Entre ellas, familias marcadas por la desgracia, como una señora en Haina, muerta el día de su cumpleaños debido a una puñalada en el corazón por su hijo afectado de esquizofrenia; o el conocido caso de Santiago, donde otro hijo en psicosis, asfixió a su padre mientras veía televisión en su “mecedora”; o quienes mataron su enfermo mientras lo amordazaban en el patio para que los dejara dormir…Piensen ahora no sólo en los fallecimientos, sino los dilemas y conflictos familiares que se desprenden de semejantes eventos.
Ahora las preguntas: ¿Y por qué en un país de crecimiento macroeconómico sostenido, vanguardista en tecnología, premiado por comprar vehículos de lujo, se permiten cosas así? ¿De qué ha servido la globalización y las presiones de la OPS y OMS para que no seamos vergüenza en materia de salud mental, desoyendo objetivos del milenio? ¡De nada! Esa sería la respuesta. Una política pública que mantiene en menos del 2% del PIB su inversión sanitaria, y de ese total, menos del 1% para la salud mental, y da permiso a una Seguridad Social inconsecuente, debe ser revisada, porque desconoce al cerebro en su principal función, devalúa a los proveedores de salud mental y es corresponsable del deterioro psicológico de la población. Algo así, y en el siglo XXI, es tan incongruente como que vendimos el televisor para comprar un VHS.
Siendo las cosas tal cual, toca al proveedor de salud mental, junto al usuario del servicio, valorarse en sí mismos, emprendiendo iniciativas en procura de nuevas conquistas sociales, posible hoy apoyando en el congreso un nuevo proyecto de ley, planteado por el distinguido diputado Aníbal Días, donde se obliga a las ARS a dar la debida cobertura mediante el Acceso, Prevención,
Tratamiento y Rehabilitación en temas de salud mental; su aprobación, cambiaría la suerte de la población, así como la valoración y destino profesional de quienes por décadas han estado expatriados del sistema de salud.
