-Ramón Vargas
El Salvador es, no cabe duda, el país más pequeño con las cárceles más grandes.
Luego del presidente Nayib Bukele haber decretado el estado de excepción, más de 15 mil pandilleros han sido apresados; se calcula que por encima de 100 mil indeseables recorren las calles de Centroamérica. Así las cosas no tardaríamos en un tiempo relativamente corto en tener un presidente pandillero… sin corbata; con corbatas bastante hemos tenido, el último el hondureño Juan Orlando Hernández, recientemente extraditado a la tierra de sus antiguos amos.
Las maras están compuestas por dos grandes pandillas: la Salvatrucha y Barrio 18, las cuales están diseminadas por las principales ciudades de Norteamérica y Centroamérica; incluso por ciudades europeas. La razón de que El Salvador esté siendo el más afectado es que tanto la una como la otra, fueron formadas por pandilleros de ese País, siendo Francisco Miranda el pionero, el criminal más conocido de sus fundadores.
Se entiende ante la magnitud del problema, la acción y preocupación de las autoridades salvadoreñas, pero la experiencia enseña que el «paño con pasta» no limpia bien el zapato. Ver solo los efectos sin atacar las causas que generan ese problema, no darán los resultados esperados.
Los pandilleros fundadores tienen en común que se formaron en Los Ángeles y otras ciudades de los Estados Unidos, allá hicieron maestrías robando, asesinando, traficando con drogas, extorsionando y en labores de sicariato y todo tipos de delitos. Si el pandillerismo que ha desbordado a los salvadoreños no se combate de manera integral y coordinado, no tendrá solución. Y ahí está la dificultad mayor.
A final de la década del 70, en El Salvador se inició una guerra civil que duró más de 10 años como consecuencia de las grandes desigualdades sociales y los niveles de represión dirigido por la oligarquía y las fuerzas armadas, con el apoyo y patrocinio de los Estados Unidos. La represión y crímenes eran tan generalizados que los curas y monjas no estaban exentos de la masacre. A más de 40 años todavía está fresco el asesinato del padre Arnulfo Romero y del cura Rutilio Grande en 1977.
Las pocas tierras cultivables estaban en un número reducido de terrateniente. Una gota que derramó la copa fue la ley impulsada por Rafael Zaldívar, quien eliminó la propiedad comunal. Todas esas desigualdades e injusticias continúan hasta el día de hoy.
El acuerdo de 1992 con el FMLN para poner fin al conflicto, no dio respuestas y soluciones a las causas que generaron la contienda armada. Los dos períodos de gobierno, tanto el de Funes como el de Sánchez Cerén, pasaron con más penas que gloria y hoy, el FMLN, ha perdido una gran parte de su militancia. Pretender que con simple represión, sin atender y dar solución a las desigualdades sociales se podrá dar solución a esa crisis, es un error; el lugar de esos pandilleros apresados hoy será ocupado por otros mañana.
El presidente Bukele tiene mucho poder. Controla todos los estamentos del estado. El coraje que expresa enfrentando la injerencia de los Estados Unidos y a las pandillas en El Salvador, debe hacerlo enfrentando los problemas sociales de fondo en el pulgarcito de Centroamérica. De no hacerlo dejará pasar una gran oportunidad y pasará como una decepción más.
