Por: Oscar Valenzuela
El Presidente Luis Abinader trazó «la Raya de Pizarro» con respecto a las relaciones bilaterales de la República Dominicana con Haití y frente a las potencias extranjeras y organismos internacionales que promueven la Haitianizaciòn de la República Dominicana.
Desde hace mucho tiempo la República Dominicana ha establecido una política exterior de buen vecino, de hermandad, solidaridad y cordialidad con Haití; unas relaciones prudentes y de respeto a su soberanía.
Entre Haití y la República Dominicano siempre han existido unas buenas relaciones diplomáticas y comerciales.
Haití tiene establecida su política migratoria y sus procedimientos para los extranjeros que deseen visitar o permanecer en su territorio; Nosotros los dominicanos también tenemos las nuestras.
Las nuestras establecen, que para ingresar a territorio nacional los extranjeros deben visitar un consulado y obtener el visado de sus pasaportes que constituye la autorización oficial de la Cancillería Dominicana para que puedan visitarnos legalmente el país, sea en calidad de turistas, de residentes temporales o para adquirir definitivamente la ciudadanía dominicana.
Ingresar, permanecer o salir del Territorio Nacional, son calidades potestativas y privativas del Estado Dominicano de acuerdo a convenios internacionales.
En el vecino país existe actualmente una lamentable crisis de gobernabilidad, impuesta por bandas de forajidos armados que actúan al margen y sin control de las autoridades.
Esas bandas de delincuentes persiguen, asaltan, secuestran, asesinan y por consiguiente, ponen en peligro las vidas de sus ciudadanos y visitantes.
El Gobierno de la República Dominicana hace lo correcto de no involucrarse, entrometerse, ni intervenir en los asuntos domésticos de la república de Haití.
El Gobierno Dominicano sí está en el derecho y obligación de tomar cuantas medidas sean necesarias para frenar el flujo de indocumentados haitianos hacia el territorio nacional y repatriar a los ilegales a su país de origen.
El gobierno está en el deber de impedir que la situación de peligro inminente, de caos, anarquía y destrucción que prevalece en Haití, traspase la frontera dominicana y ponga en riesgo la Seguridad Nacional, «la Marca País’ como destino turístico y como receptor de los capitales extranjeros privados que se invierten en la economía dominicana.
El deber del gobierno dominicano es proteger su frontera con Haití, su espacio aéreo y sus aguas territoriales para garantizar la integridad de la República Dominicana y la seguridad de sus ciudadanos.
Corresponde a la Comunidad Internacional interceder para resolver los conflictos internos de Haití; sin afectar ni comprometer el Territorio Nacional.
El Gobierno Dominicano hace muy bien en rechazar taxativamente el pedido de funcionarios del Departamento de Estado de permitir el establecimiento de campamentos de refugiados haitianos en Territorio Nacional.
Abinader trazó «la Raya de Pizarro» y esa decisión, en defensa de la Soberanía Nacional y de los Intereses Vitales de la República, cuenta con el respaldo de todos los dominicanos.
