En el ámbito diplomático, el ejercicio del poder no radica únicamente en la superioridad militar o en la extensión territorial de un país. La resolución de conflictos se nutre de negociaciones encaminadas hacia acuerdos mutuamente beneficiosos, siempre considerando principios y resoluciones universalmente aceptadas, muchas veces con el apoyo de organismos internacionales. Esto, sin embargo, no es una verdad absoluta, las grandes potencias a menudo imponen sus voluntades sin respetar estos principios y acuerdos internacionales. No obstante, la búsqueda del acuerdo siempre prevalece sobre el conflicto armado.
En la crisis desatada entre Haití y la República Dominicana por la decisión unilateral del primero de iniciar la construcción de un canal sobre el Río Masacre, se ha evidenciado una violación de convenios bilaterales e incluso de acuerdos internacionales relacionados con la protección medioambiental.
Desde esta perspectiva, la reacción de República Dominicana frente a esta afrenta resulta justificada, exigiendo la paralización de la obra y procurando hacer respetar sus derechos a través de acciones militares o bien instando la intervención de organismos internacionales con autoridad para investigar y tomar decisiones vinculantes para ambas naciones.
El gobierno dominicano tuvo conocimiento de este proyecto haitiano mucho antes del 2021 y expresó sus quejas por los canales diplomáticos pertinentes. Sin embargo, en esa primera ocasión, ya fuera por ingenuidad o por confiar en exceso en la buena fe del vecino país, aceptó la explicación haitiana de que la obra no tenía la intención de desviar las aguas del río, adoptando una peligrosa actitud de espera que ha desembocado en un conflicto con consecuencias en curso.
Asimismo, aceptó sin reparos la excusa del gobierno haitiano de que la construcción del canal era obra de «incontrolables», frente a los cuales se mostraba impotente debido a su vulnerabilidad en materia de seguridad. Este enfoque, aparentemente ilógico y que el gobierno dominicano asumió de manera algo ingenua, pudo influir en la convicción del Presidente Luis Abinader de que era necesario reaccionar con acciones puntuales y drásticas para mostrar de manera inequívoca la determinación dominicana de hacer respetar sus derechos, incluso a nivel militar, lo que explica el despliegue de fuerza en la frontera, especialmente en la zona de Dajabón, epicentro del conflicto.
Simultáneamente, se ordenó el cierre total de la frontera por aire, mar y tierra, y se suspendió la expedición de visados a los haitianos, sin evaluar debidamente el impacto de estas medidas en el intercambio comercial entre ambos países, el cual asciende a unos mil 100 millones de dólares anuales. No se trataba de poner en la balanza la soberanía y el comercio, sino de ponderar las consecuencias, quizás, a través de una actuación más diplomática, hubiera evitado un desenlace tan traumático.
Tampoco se midió el impacto que tendría del lado haitiano una retórica desafiante. Esta oportunidad otorgada a un gobierno como el haitiano, enfrentado a circunstancias internas complicadas, con una población que le cuestionaba su incompetencia para lidiar con bandas armadas y con problemas sociales, económicos y políticos. El cambio de discurso del gobierno haitiano frente al dominicano terminó respaldando y asumiendo la construcción del canal, mostrándose hostil y haciendo que la población haitiana apoyara prácticamente de forma unánime el proyecto, inclusive económicamente.
En la actualidad, Haití desafía las decisiones dominicanas: mientras decidimos abrir parcialmente nuestra frontera para el intercambio comercial, ellos cierran la suya para perjudicarnos, especialmente en el aspecto económico. Su hostilidad llega al punto de decomisar productos comprados en el lado dominicano para destruirlos o incinerarlos, incluso amenazando con sancionar con multas a quienes adquieran mercancía del lado dominicano.
El comercio dominicano con Haití se ha reducido drásticamente, generando incertidumbre y desasosiego entre comerciantes y productores dominicanos, que actualmente sufren grandes pérdidas debido a esta crisis. Los productores de huevos, por ejemplo, han solicitado al gobierno acciones para restablecer este intercambio comercial, aunque la decisión no depende solo del gobierno dominicano, ya que los haitianos, a pesar de la escasez que afrontan, están más dispuestos a confrontar que a buscar una solución.
Esta crisis está en escalada y la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para desplegar una fuerza internacional en Haití parece incierta por la situación en Kenia. Mientras tanto, República Dominicana no ha logrado detener la construcción del canal, ha unido al pueblo haitiano frente a un objetivo común, ha ganado la hostilidad de un gobierno que al menos en términos formales se mostraba aliado y nuestros productores y comerciantes se encuentran en una situación bastante desfavorable y expuestos a la quiebra.
