Por José Ricardo Taveras Blanco
Creo que no existe un dominicano que no esté consciente de que, como nación, uno de los más graves atentados que hemos padecido lo es la infiltración dolosa del registro civil gracias al fenómeno de la corrupción como un factor cultural generalizado, así como también la convicción generalizada de que nada es nada, fundada en la ausencia del Estado en su deber de cumplir y hacer cumplir la ley, la cual ha conllevado a que muchos dominicanos entiendan que se puede hacer cualquier cosa en la más absoluta tranquilidad de que aquí no pasa nada, especialmente cuando lo que se hace parecería estar envuelto en una vocación de solidaridad mal entendida.
Es frecuente que madres que han perdido hijos declarados desde muy temprana edad entiendan que se acreditan frente a los ojos de Dios si toman esa acta de nacimiento y se la dan a un extranjero “para ayudar ese pobre infeliz”, lo hacen consciente e inconscientemente de que al hacerlo incurren en delito, pero el tema no se detiene en esas humildes madres, el tema también se establece en el ámbito de estructuras con acceso a data que localizan los casos y los colocan en el mercado.
El fenómeno al que me refiere tiene múltiples expresiones, por ejemplo, no sé cómo lo hacen, pero hay estructuras dedicadas a establecer familias que han migrado y se han radicado con menores de edad en el extranjero, al llegar a la mayoría de edad, muchas de esas actas son usadas para la suplantación de identidad de nuestra diáspora, la cual resulta ser una de las comunidades más afectadas por esas prácticas.
También tenemos el caso de padrotes que declaran decenas de hijos a veces a cambio de una botella de ron y un par de pesos, por no hablar hasta de sacerdotes como el padre Christopher Hartley que asumió como parte de su deber presbiterial declarar decenas de haitianos como hijos suyos, por solo enumerar algunas prácticas, que son muchas y las mismas no excluyen el involucramiento de personal de las oficialías del estado civil aunque se debe anotar que no afecta a todo el sistema que está servido por una gran cantidad de gente íntegra.
Entiendan de lo que hablo, solo en las fuerzas armadas y la policía nacional deben haber más de cinco mil extranjeros de nacionalidad haitiana provistos de identidad dominicana bajo usurpación de identidad lograda con malas artes, por no señalar alcaldes, diputados, profesionales y según me cuentan hasta diplomáticos que acreditan identidad dominicana sobre estas bases.
Les cuento que me acerqué a un ministro de fuerzas armadas y le dije: “¿qué vamos a hacer con ustedes, porque ustedes son uno de los mayores empleadores de extranjeros en situación de usurpación de identidad?”
Su respuesta fue una sonrisa espontánea al tiempo que admitió: “¡Qué vaina eh! El problema es que vienen y se presentan con sus cédulas y una vez tienen sus cédulas no los podemos discriminar”, le riposté que si estaban conscientes de los orígenes de las cédulas su deber era depurar porque había algunos que ni siquiera sabían hablar bien el español, a lo que admitió que tenía razón, pero ni él ni ninguno ha hecho nada al respecto.
Por supuesto que no señalaré a nadie, este tema no se puede llevar al extremo de personalizarlo, debe ser abordado desde otro ángulo que debe ser ampliamente discutido, pero puedo afirmar que he recibido personal testimonio de algunos de los beneficiarios de estas prácticas alojados en la actividad política en el sentido de que la comunidad haitiana se encuentra ampliamente organizada, que aquí se hacen reuniones políticas en las que se habla en creole y que toda la que se encuentra cedulada apoya con toda razón sus candidatos.
El Estado dominicano no puede alegar ignorancia de eso, es vox populi y de ello son conscientes todos los actores políticos y estatales en este y otros gobiernos, pero nadie hace nada.
De ahí que el proceso de la nueva cédula amerita que hagamos una reflexión sobre si estamos haciendo lo correcto o simplemente estamos poniendo el burro detrás de la carreta.
En efecto, la cédula se saca con un acta de nacimiento y si no se invierte previamente en la depuración del registro civil, el padrón continuará siendo impactado por el tema de la masiva presencia de una identidad suplantada o sustentada en falsedades.
Impulsar la nueva cédula sin ese paso que debe ser indispensablemente precedente, seguiremos poniendo nuestros propios recursos al servicio de la estrategia de construcción de una minoría étnica jurídicamente protegida, con identidad así sea suplantada y por ende con derechos, fenómeno que consolidará los guetos de una extranjería que no se integra y con la que, por factores culturales e históricos se hará compleja la convivencia, degenerando inevitablemente en una conflictividad social de diagnóstico reservado.
Lamentablemente, no he visto que la Junta Central Electoral haya informado que ha impulsado por lo menos un nuevo sistema informático para la gestión del registro civil, hasta hace muy poco tiempo, no sé si ha sido modificado, el sistema existente no era capaz de acoplar o machear en las aplicaciones informáticas los actos principales del estado civil de una persona, como por ejemplo el acta de nacimiento con la de defunción, de manera tal que el sistema pueda sacar de circulación electrónicamente el uso indebido del acta de nacimiento de una persona que ha fallecido en una declaración de nacimiento, tampoco coteja el acta de matrimonio ni las de divorcio, ignoro si puede marcar alertas al sistema cuando comparecen los padrotes que declaran hijos por centavos, a juzgar por los escándalos que siguen apareciendo, parecería que no.
Al nivel que se encuentra la tecnología hoy día no se justifica que ese dato no sea arrojado automáticamente.
No cuestiono que evolucionemos a una nueva tecnología para nuestra cédula de identidad y electoral, pero el sentido común me indica claramente que no nos pueden vender el proyecto como una panacea de la transparencia de un sistema que sufre de una septicemia de la cual no se puede culpar exclusivamente a las autoridades por las razones esbozadas al principio.
Apoyaría plenamente el proceso si se parte de la raíz y se depura el registro civil, lo cual dudo pueda ocurrir a través de la simple expedición de la cédula, aunque se gasten o más bien se boten más de seis mil millones sin que previamente se garantice que el padrón será saneado plenamente.
Finalmente, y en otro orden, por notas aparecidas en la prensa nacional, la Junta Central Electoral parece que insistirá en expedir cédulas a los extranjeros que residen legalmente en el país, esa es una práctica ilegal pues el documento de identidad de los extranjeros es el carné de la Dirección General de Migración conforme así lo dispone la Ley General de Migración núm. 285-04 y su reglamento de aplicación.
En una ocasión eso se estableció administrativa e ilegalmente para financiar la otrora Dirección General de la Cédula y el órgano electoral hoy autónomo y dotado con un impresionante presupuesto y medios de financiamiento propios no ha querido destetarse de esa práctica de redundancia necia de la identidad de los extranjeros.
Cuando trabajé en la Dirección General de Migración la práctica de remitir los expedientes de los extranjeros a la JCE fue radicada previa comunicación al referido órgano de los fundamentos legales de la decisión, razón por la que no objetó la medida consciente de que incursionaba en una ilegalidad.
No sé por obra y gracia de qué o de quién, ni a partir de qué momento parece que se volvió a esa práctica, entendía que eso había sido superado, pero veo que se habla de la cedulación de los extranjeros con el nuevo plástico, espero que se trate de un error.
No juzgo la buena intención de los integrantes de la JCE a quienes considero gente íntegra que desea legar, pero la reforma tecnológica y la depuración del registro civil debe ser un paso previo al de la nueva cédula, porque las actas de nacimiento que hoy sustentan el insondable crimen ejecutado contra nuestro registro civil, seguirán siendo las mismas que lo sigan haciendo por muy modernas que sean, además de remarcar también que la ocasión es propicia para que se desprenda de facultades que la ley no le ha conferido en el caso de los extranjeros que viven legalmente entre nosotros, a quienes se les penaliza con el pago de una doble carta de identificación.
Santiago de los Caballeros, R. D.
Agosto del 2025.
