A pesar de la convocatoria a un paro de labores judiciales para este jueves por parte de jueces y juezas del país, el Poder Judicial informó que los servicios continuarán operando con total normalidad.
Los convocantes al paro de labores que excluye a los juzgados de Atención Permanente de las diferentes jurisdicciones, son la Red de Jueces de la República Dominicana, la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO).
También la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (Asojurd), la Asociación de Jueces de Paz y más de 400 magistrados independientes, en demanda de una transformación profunda en sus condiciones de trabajo y remuneración.
Como parte de las protestas, los jueces leerán una proclama a las 8:30 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, así como en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este y otras jurisdicciones del país, además de la inmobiliaria donde funcionan varios tribunales civiles y penales.
Dante Ozuna, de la Asociación de jueces de Paz, restó validez al reciente comunicado emitido por el Consejo del Poder Judicial, en el cual se garantizaba la operatividad del sistema y se anunciaban mejoras salariales e infraestructurales a largo plazo.
«Solamente la administración, a través del Consejo del Poder Judicial, emitió ese comunicado de prensa donde realiza ciertas intenciones que no resultan ser tangibles ni verificables», argumentó el magistrado, justificando la desconfianza del sector de la judicatura ante las promesas oficiales.
Garantía de operatividad y diálogo
El Consejo del Poder Judicial (CPJ) sostiene que la medida de operar con normalidad busca asegurar el funcionamiento ordinario del sistema y preservar el derecho fundamental de acceso a la justicia.
En ese sentido, aclaró que tanto los trámites como los servicios presenciales estarán disponibles en su programación habitual.
De igual forma, la plataforma digital justicia.gob.do se mantendrá operativa las 24 horas del día.
Al respecto, el Consejo emitió un pronunciamiento equilibrado en el que reiteró que la manifestación pacífica constituye un derecho legítimo, pero reafirmó la importancia del diálogo como la vía idónea para fortalecer las instituciones.
«Miles de ciudadanos acuden diariamente a los tribunales en busca de respuestas, por lo que interrumpir el servicio afectaría directamente a la ciudadanía», recordó el órgano administrativo.
Paralelamente, el CPJ destacó la puesta en marcha de un conjunto de acciones concretas para mejorar las condiciones del sistema.
Estas medidas, respaldadas por los ministerios de Hacienda y de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), forman parte del Plan Justicia del Futuro 2034 e incluyen indexación salarial para el personal del sistema.
Mejora de las infraestructuras y los espacios de trabajo, fomento de la movilidad dentro de la carrera judicial, agilización en la cobertura de suplencias y plazas vacantes.
Participación Ciudadana preocupada
Por su parte, el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) manifestó su profunda preocupación ante la marcada división interna que afecta al Poder Judicial, matizada por reclamos de mejoras laborales y denuncias sobre un presunto manejo inadecuado de los recursos económicos de la institución.
La organización reconoció que las reivindicaciones exigidas por los magistrados y servidores judiciales son justas; sin embargo, enfatizó que la solución requiere de un diálogo abierto y de la redefinición de prioridades presupuestarias, en lugar de medidas drásticas que fracturen el sistema.
Por ello, instaron al CPJ y a las asociaciones de jueces a sentarse a la mesa de negociación de la manera más inclusiva posible.
Abogados y penalistas respaldan el paro
En la acera opuesta, el Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) anunció su respaldo al paro nacional de labores, argumentando que las demandas planteadas no solo son legítimas, sino indispensables para el correcto funcionamiento del aparato de justicia.
Sostienen que la decisión responde a su misión fundacional de apoyar activamente las mejoras estructurales de todos los actores del sistema, incluyendo a magistrados, miembros del Ministerio Público y abogados en ejercicio.
Asimismo, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) llamó a todos los profesionales del derecho a participar este jueves, a las 10:00 de la mañana, en una concentración-protesta frente a la Suprema Corte de Justicia en respaldo a los reclamos de jueces, servidores judiciales y abogados por una justicia digna, humana, eficiente y debidamente financiada.
Potentini advirtió que el sistema judicial dominicano atraviesa una situación crítica que no puede seguir siendo tratada con discursos, promesas ni relaciones públicas, sino con decisiones concretas, presupuesto suficiente y respeto real a quienes sostienen diariamente el servicio de justicia.
“Esta no es una simple protesta. Es una convocatoria a la conciencia jurídica nacional. Es un acto de dignidad frente a una realidad que golpea a jueces, servidores judiciales y abogados”, sostuvo el presidente del CARD.
El dirigente gremial afirmó que el Colegio de Abogados se colocará al lado de los jueces y servidores judiciales porque sus reclamos son legítimos, necesarios y profundamente vinculados al ejercicio profesional del derecho. En ese sentido, señaló que cuando un juez trabaja en condiciones precarias, cuando los tribunales están saturados y cuando el sistema carece de recursos, quienes también pagan las consecuencias son los abogados y los ciudadanos que buscan justicia.
Potentini denunció que los tribunales se han convertido en “verdaderas factorías de trabajo”, con jueces obligados a llevar labores a sus hogares para poder responder a la enorme carga de expedientes, mientras persisten la mora judicial, la falta de personal, la precariedad de las instalaciones y la insuficiencia presupuestaria.
Reclamos de jueces
Los jueces exigen sueldos acordes a la alta responsabilidad y la pesada carga laboral que enfrentan diariamente y demandan entornos de trabajos seguros, humanos y dignos en todas las jurisdicciones del país.
Además, solicitan que la equidad dentro del sistema deje de ser un discurso retórico y se convierta en una práctica tangible para cada miembro de la judicatura.
Los magistrados rechazan el manual actual, calificándolo de «injusto» y violatorio de los principios de equidad institucional.
Exigen un sistema de movilidad y ascenso basado estrictamente en méritos y transparencia. Plantean la urgencia de nombrar más jueces y personal de apoyo para aliviar la saturación de los tribunales y garantizar un servicio eficiente al ciudadano.
El movimiento enfatiza que la naturaleza del paro será estrictamente pacífica, pero firme en sus reclamos de dignidad y respeto.
Los organizadores sostienen que el bienestar de quienes imparten justicia es una condición indispensable para el correcto funcionamiento del Estado de derecho en el país.
