La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, Stefani Santiago, impuso medidas de coerción contra los tres gerentes del Consejo de la Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, imputados en el caso Onco14 por la presunta sustracción de millones de pesos de la institución para beneficio personal. Además, declaró el proceso como complejo.
La magistrada dictó 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, presidente y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), y Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Ambos deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres y Mujeres, en Santiago.
En tanto, la jueza impuso arresto domiciliario a Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal imputado.
La decisión fue adoptada al considerar la gravedad de los hechos atribuidos a los tres imputados y el riesgo que, según el tribunal, representaron para personas en condición de vulnerabilidad.
Acusación del Ministerio Público en el caso Onco14.
Los imputados caso Onco14, enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología mediante acceso ilícito a sistemas y códigos de acceso, así como lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
El Ministerio Público sustentó la solicitud de medidas de coerción con 155 elementos de prueba, entre ellos 32 testimoniales, tres periciales, 42 documentales, 14 materiales y 37 procesales.
Pepca destaca fortaleza de las pruebas
A la salida del tribunal, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que el tribunal acogió en su totalidad la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
«Es importante resaltar que el tribunal ha acogido en su totalidad la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público. Ha reconocido que la solicitud es bastante robusta y que se aportaron pruebas más que suficientes para establecer el vínculo de los imputados con los hechos», expresó.
Ortiz agregó que las pruebas periciales presentadas permitieron a la jueza determinar no solo la necesidad de imponer medidas de coerción, sino también las solicitadas por el Ministerio Público.
«Esto evidencia, una vez más, la contundencia de los procesos que llevamos desde esta Procuraduría Especializada. Contra dos de los imputados, específicamente Héctor Lora y Luisa Yasiris Guzmán, se impuso prisión preventiva, tal como fue solicitada por el Ministerio Público. En relación con la señora Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y tras la variación del pedimento del Ministerio Público, el tribunal impuso arresto domiciliario, acogiendo en su totalidad las conclusiones presentadas», señaló.
Ministerio Público niega acuerdos con imputados.
Ortiz también aclaró que, hasta el momento, el Ministerio Público no ha suscrito ningún acuerdo con los imputados.
«El Ministerio Público, como ha ocurrido en otras ocasiones, reconoce la condición de aquellos imputados que admiten su responsabilidad frente a los hechos, que están dispuestos a asumir las consecuencias de sus actos y que, por consiguiente, presentan un menor riesgo de fuga que quienes mantienen una defensa negativa. Eso fue lo que ocurrió en el caso de la señora Dilcia Isabel Vargas Sánchez», explicó tras indicar que seguirán las investigaciones del caso Onco14.
“Seguiremos investigando, habrán más imputados y el caso promete mucho” dijo Ortiz.
Principales irregularidades atribuidas a los imputados del caso Onco14.
Entre las presuntas acciones ilícitas atribuidas a los imputados del caso Onco14, el Ministerio Público establece que utilizaron recursos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para obtener fondos destinados originalmente a pacientes de escasos recursos afectados por cáncer, según la solicitud de medida de coerción.
La investigación sostiene que el principal imputado transfirió el control de la facturación de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a la empresa Vargas Guzmán Accounting Center, propiedad de Dilcia Isabel Vargas Sánchez, con el presunto propósito de desviar fondos del Patronato.
Asimismo, señala que crearon un departamento destinado a modificar indicaciones médicas y generar facturas fraudulentas en perjuicio de SeNaSa y sus afiliados.
La instancia también indica que utilizaron sellos médicos y talonarios presellados para emitir órdenes de estudios a nombre de especialistas que nunca evaluaron a los pacientes.
De acuerdo con la investigación, Héctor Antonio Lora Cruceta prohibió la entrega gratuita de medicamentos donados a pacientes, bajo amenaza de despido al personal que incumpliera la disposición, con el objetivo de comercializar esos fármacos, incluidos medicamentos de alto costo utilizados en tratamientos de quimioterapia.
El expediente también establece que se realizaba una doble facturación de medicamentos, cobrando dos veces por un mismo producto.
Además, el Ministerio Público afirma que el principal imputado ordenó administrar dosis incompletas de medicamentos oncológicos mientras se facturaban dosis completas a SeNaSa. También se habría facturado el suministro de medicamentos biológicos originales cuando, en realidad, se entregaban versiones genéricas de menor costo para obtener beneficios económicos indebidos.
La solicitud de medida de coerción sostiene que los imputados privatizaron habitaciones destinadas a pacientes oncológicos, reduciendo la capacidad de atención del centro y destinando espacios concebidos para pacientes con cáncer al uso de personas sometidas a cirugías estéticas.
Asimismo, habrían comercializado medicamentos con sustancias controladas al margen de las disposiciones legales vigentes.
La investigación del Ministerio Público también revela que los imputados utilizaron la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida como mecanismo para desviar fondos del Patronato mediante la importación masiva de equipos, papelería e insumos, utilizando exoneraciones fiscales destinadas exclusivamente al Patronato con fines comerciales particulares.
La instancia señala, además, que los imputados cobraban presuntas comisiones ilícitas a proveedores de la institución.
El expediente agrega que eliminaron registros digitales y provocaron el colapso del sistema informático para dificultar la trazabilidad de las operaciones. También se les atribuye un intento de sustraer documentación de la oficina de la presidencia del Patronato.
Según el Ministerio Público, el principal imputado se autoasignó gastos de representación sin justificación institucional y realizó reembolsos presuntamente fraudulentos por viajes, hoteles, restaurantes y otras actividades sin documentación de respaldo.
