Dr. Isaías Ramos Guzmán
La Ley 87-01, que dio origen al sistema dominicano de seguridad social, no fue pensada para proteger al pueblo. Fue concebida para proteger un modelo corporativo, financiero y excluyente que convierte los derechos fundamentales —como la salud y la pensión— en mercancía.
Y si bien muchos actores tratan hoy de reducir el problema a una crisis técnica o de sostenibilidad financiera, el fondo es otro: lo que está en crisis no es el presupuesto, es la legalidad, la justicia y la moralidad del modelo en sí mismo.
Desde la proclamación de la Constitución del 2010, la República Dominicana asumió, al menos en papel, el compromiso de transformarse en un Estado Social y Democrático de Derecho. Eso implica que los derechos sociales no son favores, subsidios ni concesiones electoreras, sino garantías exigibles, sin discriminación y sin condiciones. Sin embargo, la Ley 87-01 jamás fue ajustada a ese nuevo pacto constitucional.
Sigue siendo una estructura importada, construida para dividir al pueblo entre “formales” e “informales”, entre asegurados y desprotegidos, entre ciudadanos y mercancía. Y lo más grave: sigue premiando a los intermediarios —ARS y AFP— que han hecho de la salud y la pensión un negocio multimillonario.
La ley 87-01 no fue fruto de la ignorancia, sino de la conveniencia. Fue una copia de modelos de países donde la desigualdad es vergonzosa. No se pensó para garantizar salud de calidad ni pensiones dignas.
Se diseñó para enriquecer aún más a los que siempre han controlado el sistema financiero y político. Y lo lograron. Convirtieron el dolor del pueblo en fuente de capital. Convirtieron el derecho en privilegio. Convirtieron el Estado en cómplice.
Hoy, con justa razón, se denuncia el descalabro de SENASA. La ‘carnetización’ masiva de millones de personas sin evaluación legal ni respaldo financiero no fue un acto de justicia social, fue una jugada electoral.
Una manipulación de la pobreza que sacrifica la sostenibilidad del sistema para ganar aplausos momentáneos. Pero no nos confundamos: el problema no nació con el gobierno actual. El modelo es viejo, estructural y multipartidista. Lo parió el PLD y el PRD, lo profundizó el PRM, y la Fuerza del Pueblo no es la excepción: es una continuación maquillada del mismo viejo sistema.
Sus miembros, aunque no hayan gobernado como partido, son los mismos actores, con iguales o peores prácticas, que montaron este sistema atroz e inhumano desde sus orígenes. No representan renovación alguna, sino reciclaje de lo peor del pasado.
No es casualidad el descrédito mediático y político creciente contra SENASA. Lo que está en marcha es el mismo libreto aplicado al sistema eléctrico: desprestigiar lo público para justificar su privatización.
Ya lo hicieron con las empresas eléctricas, que hoy son un monopolio disfrazado donde el pueblo ha subsidiado más de 30 mil millones de dólares sin recibir mejoras sustanciales. Ahora quieren hacer lo mismo con la salud: crear la crisis, dramatizarla, intervenirla y luego traspasarla al gran capital privado.
Lo que buscan no es salvar el sistema: es convertir en mercancía lo último que queda como servicio público en manos del Estado. Quieren cerrar el ciclo del saqueo y garantizar que también las próximas generaciones nazcan deudoras, enfermas y sin derechos.
El Frente Cívico y Social (FCS) rechaza todo intento de limitar el debate al plano financiero. La salud no se resuelve con inyecciones de fondos, ni la dignidad se compra con subsidios.
Esto no se arregla con ajustes: se arregla con justicia. Por eso, desautorizamos también a quienes, desde sectores “opositores”, reducen la crisis a una discusión técnica, evadiendo el fondo inconstitucional del problema.
No se trata de mejorar lo que está mal. Se trata de reemplazar lo que es moral y legalmente inaceptable.
Frente a este colapso anunciado, el FCS plantea la única salida posible: el desmonte total del sistema de intermediación privada (ARS y AFP), la creación de una única institución pública, autónoma y soberana que administre el sistema de salud y pensiones del país con control ciudadano y rigor constitucional, la unificación de los regímenes contributivo y subsidiado, la atención primaria como eje de salud pública, y una nueva ley ajustada a la Constitución del 2010 y los principios de equidad y dignidad humana.
El modelo propuesto no es utopía. Funciona ya en países como España, donde la salud pública es gratuita, universal y financiada por impuestos; Singapur, donde un fondo soberano estatal gestiona con eficiencia y sin lucro la salud y las pensiones; y Noruega, Canadá, Suecia, donde el Estado cumple su función social sin intermediarios privados que negocien con el sufrimiento humano.
No nos engañemos: la única manera real de desmontar este modelo es que el pueblo, por la vía constitucional, unifique sus fuerzas a través de candidaturas independientes auténticas. Que tome el poder político en sus manos y lo use para desmontar este régimen de exclusión y levantar uno de justicia social. Desde el Frente Cívico y Social no buscamos cargos: buscamos justicia. No aspiramos a administrar el viejo sistema: aspiramos a enterrarlo. No queremos reformar lo que nació mal: queremos fundar lo que nunca ha existido.
Porque sin salud, no hay vida. Sin justicia social, no hay patria. Y sin dignidad, no hay futuro. Despierta, RD!
